Qué va a pasar con el Centro de Acceso a la Justicia en Bahía Blanca

Redacción de La Nueva.

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Si bien desde el Ministerio de Justicia de la Nación se anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia, por lo menos hasta el momento el CAJ de esta ciudad continúa su actividad de manera normal, aunque entre el personal reina el desconcierto sobre todo después del despido de uno de sus cinco empleados, en marzo pasado.

Así lo informó Julián Bonino, coordinador del Centro de Acceso a la Justicia con sede en el barrio Villa Soldati, que hasta ahora no recibió confirmación oficial sobre la concreción de la medida en consonancia con la política del presidente Javier Milei para reducir el gasto público.

A entender del profesional del Derecho, el cierre de los CAJ se haría efectivo a fines de este mes, cuando justamente se les vencerá el acuerdo laboral a “muchos contratados”.

Según el abogado, en la dependencia local tampoco se realizó la “auditoría interna” mencionada en el comunicado publicado por la cartera nacional en la red social X.

“Nos enteramos (de la medida) a través del tweet publicado por el ministerio de Justicia, porque hasta ahora no recibimos ninguna directiva. Desde el cambio de gestión, no tenemos director nacional ni jefe regional, así que nadie sabe cuáles son los 81 CAJ que van a cerrar”, dijo Bonino.

En base a suposiciones del funcionario y dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la resolución del Poder Ejecutivo Nacional tendría como objetivo mantener solo un CAJ por cada provincia.

Actualmente en la Argentina funcionan 105 centros y con la posible eliminación de 81 de ellos, quedarían 24 en actividad incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según conjeturó el entrevistado.

En la provincia de Buenos Aires están activos 58 Centros de Acceso a la Justicia, de acuerdo con la información disponible en la web de Presidencia (argentina.gob.ar).

“No sabemos nada de qué va a pasar. En la resolución hacen hincapié en que se llevó a cabo una auditoría, pero nadie sabe a qué auditoría se refieren. De hecho, desde diciembre que ningún representante del ministerio vino”, afirmó el titular del CAJ de Bahía Blanca.

“Nunca nadie me llamó, me pidió un informe ni se puso en contacto con nosotros para saber cuántas personas trabajamos. Durante la primera tanda de despidos a fines de marzo, echaron a un compañero nuestro y quedamos cuatro; hacía como 9 años que éramos cinco empleados”, agregó.

“Ni en el gremio (ATE) ni colegas de otros CAJ tienen conocimiento de la existencia de esa auditoría. Es todo medio perverso, como lo viene siendo (el gobierno nacional) en cuanto al manejo tan frío de estas situaciones”, continuó diciendo la fuente consultada.

Más allá de lo legal

Bonino dejó en claro que los centros no sólo proporcionan asesoramiento legal a la ciudadanía.

A modo de refutar la supuesta “duplicación” de funciones en los CAJ aludida por el ministerio de Seguridad, el vocero explicó que la finalidad de los centros excede a las cuestiones vinculadas con la justicia en el “sentido formal” de únicamente acceder a un “proceso judicial”.

“Nuestra función también se relaciona con las limitaciones que muchas personas tienen para conocer y ejercer cualquier derecho. Incluso recibimos consultas desde por qué un vecino no cobra la Asignación Universal por Hijo hasta situaciones en las que la persona no puede tramitar su documento porque no tiene dinero para pagar el sellado”, detalló.

“Hacemos un análisis integral de la problemática que la persona nos plantea. Brindamos atención legal primaria, pero esto no sólo implica iniciar un proceso judicial sino también el acompañamiento”, agregó.

Desde hace varios años el equipo de psicólogos del CAJ local ofrece contención a víctimas de violencia, independientemente del seguimiento de las causas judiciales.

“Limitar nuestra función al proceso judicial, como se indica en el comunicado, es desconocer completamente lo que hace un CAJ”, enfatizó Bonino.

Operatoria “virtual”

Cambio. La intención del área de Justicia de la Nación sería que los CAJ operen de forma “virtual” como la Agencia Nacional de Discapacidad, que dispone de una línea telefónica y un chat bot para asistencia.

Limitación. “Así se busca limitar al máximo la atención presencial, con la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo y del servicio a los sectores más vulnerables que ya no van a poder acercarse a los CAJ para resolver sus problemas”, analizó.

Barrios. “Tenemos nuestra oficina en Chacabuco 2250, pero todas las semanas también realizamos operativos y atenciones en distintos barrios de la ciudad. Evidentemente este gobierno prioriza esta política”, añadió.