Dudas y certezas sobre el proyecto de reiterancia que está en el Congreso

Redacción de La Nueva.

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Especialistas en Derecho critican el proyecto de ley de reiterancia enviado al Congreso en abril por el presidente Javier Milei para reducir el índice de delitos en el país, pero según los detractores esta posible iniciativa provocaría el aumento de detenidos en comisarías y otras sedes no aptas para alojar a personas privadas de la libertad.

La ley vigente califica como reincidente a aquel que haya sido condenado dos o más veces a una pena de prisión de cumplimiento efectivo, pero si se efectiviza la reiterancia delictiva no será necesario que el acusado haya cumplido las condenas.

El texto remitido por el Poder Ejecutivo Nacional a los legisladores indica que en la Argentina "muchos" delitos, "algunos" con víctimas fatales, fueron consumados por "imputados o procesados en uno, dos o múltiples procesos penales, pero seguían en libertad sin que siquiera pudiera agravarse su situación procesal por la reiterada comisión de ilícitos".

La "falta de regulación" de la reiterancia implica que alguien "puede cometer una gran cantidad de delitos" mientras su causa penal está en trámite, luego se lo juzga y el tribunal  dicta sentencia, pero "esos hechos no pueden ser tomados en cuenta siquiera para negarle la excarcelación".

Victoria Llorente, subdirectora del Instituto de estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), explicó que el proyecto pretende introducir en los códigos Procesal Penal Federal y Nacional una nueva causal de prisión preventiva: la reiterancia.

De esta manera se busca incrementar el dictado de prisiones preventivas por parte de jueces de los fueros mencionados.

Actualmente el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación son las causales para imponerle prisión preventiva a alguien que aún no fue condenado por un delito.

La figura de reiterancia prevé que si un imputado está siendo investigado en dos causas judiciales, una de ellas puede funcionar como un antecedente y permitirle al juez ordenar la preventiva.

"El proyecto es irresponsable porque invisibiliza y no se hace cargo del grave problema que implican las detenciones en comisarías, algo que viene denunciando no sólo el INECIP sino también muchísimas otras organizaciones de distintos sectores. Incluso la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, emitió hace poco una resolución al respecto", remarcó Llorente.

"Hay personas detenidas en lugares que no cumplen con las condiciones mínimas establecidas por la Constitución y tratados de Derechos Humanos en cuanto a salud, alimentación y habitación", agregó.

Según la abogada, la potencial ley de reiterancia agravaría esta problemática a raíz de que en el proyecto "no se explica qué va a suceder con el aumento de detenidos que se registrará" si se incorpora a esta figura como una tercera causal de prisión preventiva.

"Esto va a impactar en comisarías de todo el país, porque el problema no es solamente de una provincia en particular. En toda la Argentina hay comisarías o espacios (de encierro) que no cumplen con las condiciones exigidas", afirmó.

Concepto "vago"

El proyecto contempla además el "peligro de reiterancia", un concepto "totalmente vago por el cual el juez puede dictar una preventiva porque considera que existe riesgo de que (el imputado) cometa un nuevo delito".

"Esto es extremadamente preocupante porque incorpora lo que se llama 'delito de autor'; a raíz de la suposición de un juez, podría empezar a operar este tipo de instituto. Es posible que esto se aplique de manera arbitraria", advirtió la letrada.

Por otra parte Llorente opinó que herramientas político-criminales como la descripta no resultaron efectivas en los últimos años.

"Si uno se basa en las estadísticas, se da cuenta de que la cantidad de detenidos no disminuyó. En la actualidad no hay pruebas de que esto sirva o que vaya a provocar la disminución del delito o que genere que menos gente permanezca en contextos de encierro no aptos", aseveró la entrevistada.

"Existen medidas previas que un juez puede ordenar antes de dictar la prisión preventiva, como una pulsera electrónica, que implican que una persona no tenga que llegar a estar detenida en un espacio inhumano", finalizó.

Política "boba"

Análisis. Para el INECIP, la propuesta gubernamental "profundiza la tendencia hacia una política criminal 'boba' que, lejos de impactar sobre el crimen organizado, concentrará los limitados recursos del sistema penal en las detenciones masivas de los eslabones" más débiles de las "cadenas criminales".

Política. De acuerdo con la postura de la entidad con sede en Buenos Aires, se necesita una política criminal "inteligente y eficaz que vaya por aquellos actores criminales de alta escala, que no suelen ser 'reiterantes'”.

Dónde. "No se pueden seguir ampliando las prisiones preventivas mientras tengamos comisarías abarrotadas de presos. Si quieren más presos, deben explicar dónde los alojarán", se indica en un comunicado del INECIP.

Sobrepoblación. Llorente describió la situación carcelaria actual en nuestro país como "alarmante", producto principalmente de la superpoblación de internos, las condiciones de hacinamiento y en algunos casos también de deficiencias edilicias.

Contradicción. Llorente consideró contradictorio que el Ejecutivo haya presentado el proyecto de reiterancia, el cual a su entender agravará el problema de superpoblación en cárceles por el aumento de las prisiones preventivas, y a su vez haya prorrogado la emergencia penitenciaria por dos años justamente a raíz de la crisis carcelaria.

Congreso. Está previsto que el proyecto de ley se debata durante sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.