Aseguran que no corre riesgo el juicio a Suris por narcotráfico

Redacción de La Nueva.

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Si bien la defensa de Juan Ignacio Suris planteó la posibilidad de suspensión del segundo juicio oral en la causa por narcotráfico, basándose en el “derecho al olvido” por la antigüedad del caso, fuentes judiciales confirmaron que el debate previsto para septiembre no corre riesgo de cancelación.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de nuestra ciudad (TOCF) deberá resolver la presentación del codefensor particular Mariano Bernárdez, quien asesora al bahiense procesado como jefe de una banda que vendería drogas en Bahía y la zona, junto con otros 8 acusados (7 de ellos acordaron juicio abreviado, herramienta que permite acelerar el proceso, con acuerdo entre el fiscal, la defensa y el acusado).

El abogado se refirió al “derecho al olvido” como un argumento con el cual su cliente podría evitar el enjuiciamiento.

“Por el momento Juan Suris cuenta con una sentencia absolutoria (posteriormente revocada por la Casación). Pasaron 11 años, estuvo con prisión preventiva, tuvo que pagar una fianza, debe cumplir reglas de conducta y tiene prohibición de salir del país”, precisó Bernárdez.

“Lo que planteamos es el derecho al olvido, pero si tenemos que ir a juicio defenderemos con todas las armas que tenemos, que son muchas”, añadió.

Voceros del ámbito tribunalicio explicaron que en derecho penal a menudo se plantea la excepción de plazo razonable, pero se dijo que este no es el caso.

“Los abogados penalistas suelen argumentar que la sociedad ya se olvidó (del hecho a juzgar) porque sucedió hace mucho tiempo, entonces no corresponde reprimir una conducta que ya está en el olvido. Supongo que el defensor apunta a eso”, señaló la fuente consultada.

“La causa no estuvo guardada en un cajón a la espera de que alguien la resuelva, sino que hay todo un trámite. Fue a Casación, volvió, fue a la Corte, designan a uno, se excusa, se vence el plazo”, agregó.

En la audiencia preliminar al debate, el defensor oficial federal José Ignacio Pazos Crocitto -representa a otros acusados- también postuló la prescripción de la acción penal por violación del plazo razonable, agravios que luego el TOCF rechazó.

“En esa resolución se escribió y se firmaron todos los pasos que tuvo la causa, así como la explicación detallada de por qué eso no era aplicable en ese contexto”, manifestó el informante.

“Partiendo de la base que la imputación que soportan los imputados fue calificada en el requerimiento de elevación a juicio como constitutiva del delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la concurrencia organizada de 3 o más personas, figura que contempla una pena conminada en abstracto de 6 a 20 años de prisión, se avizora de ello que no transcurrió el plazo de prescripción de la acción penal”, se dijo en ese fallo.

Porque dicho lapso -continuó- se interrumpió por los primeros llamados a indagatorias, después a raíz del requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio y finalmente por la citación a juicio dispuesta por el organismo mencionado.

Entre el primero y el último de estos “pasos procesales” no transcurrió el plazo de 12 años como establece el Código Procesal Penal, ni tampoco en cuanto “tiempo máximo para la prescripción de la pena para el delito reprochado”.

“De tal modo, por el efecto interruptivo que ostentan los actos individualizados, la acción penal se encuentra vigente”, refirió el tribunal.

Sobre los abreviados

Los jueces, a su vez, deben resolver una presentación del doctor Bernárdez, quien esgrimió que si el citado cuerpo acepta los acuerdos de juicio abreviado firmados por 7 de los 9 imputados (todavía no fueron homologados), “habrían emitido opinión y deberían apartarse del juicio oral”.

“Se violaría el principio del juez imparcial”, sostuvo el defensor de Suris.

Desde el TOCF se informó que ese planteamiento “es objeto de discusión y en el expediente fueron planteadas las posturas por el Ministerio Público Fiscal y la defensa”.

“En la resolución se dejó escrito que el tribunal venía (decidiendo) acorde a una postura alineada con la ley y no aceptaba abreviados parciales. Pero hace poco, en una causa, la Casación dio vuelta este criterio argumentando que el TOCF bahiense ‘no puede denegar el derecho a una resolución rápida y justa’ a quienes optan por estos procedimientos abreviados”, amplió.

“Entonces le revocaron al tribunal la decisión contraria a no aceptar los abreviados de algunos de los imputados, y le ordenaron que haga juicio abreviado a esos imputados y el debate pleno a otros”, completó.

Ante esta situación, el órgano de enjuiciamiento de esta ciudad tiene a disposición dos mecanismos convalidados por la Corte de la Nación.

Uno consiste en realizar el debate oral y el juicio de admisibilidad y posteriormente dictar sentencia a todos juntos (juicios oral y abreviado), modalidad que sugirió el TOCF.

La otra opción es que la Cámara Federal de Casación Penal designe un nuevo juez unipersonal para dirigir los juicios abreviados, y que los 3 magistrados del tribunal lleven a cabo el debate oral.

“En general abrevian por ejemplo uno o dos acusados y otros 10 van a juicio, pero en este caso la ecuación se dio al revés. La mayoría optó por el abreviado y hay un par de imputados que eligió el debate”.

“Como no se emite opinión hasta el momento de la sentencia para todos, no hay posibilidad de prejuzgamiento porque no hubo opinión anterior. Esto es lo que marcó la Corte y la Casación".

Sólo dos acusados irán a debate

Por Zoom. El nuevo debate, luego de la anulación del primer juicio en 2015, se desarrollará los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de septiembre, y 2 y 3 de octubre próximos, bajo modalidad virtual por medio de la plataforma Zoom.

Al banquillo. En el juicio oral y público que dirigirán los jueces del TOCF Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y Alejandro Silva, se analizarán las conductas de 2 de los 9 imputados en la causa: Juan Ignacio Suris, detenido a principios de 2014, y Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso.

Abreviado. Los acusados Guillermo Martín Suris (hermano de Juan), Aníbal Mario Arce, Yolanda Corina Jiménez y su hermana Tamara Brasilina, Fernando Alexis Bond Stork, Sandro Cristian Miranda y Gustavo Rodolfo Sequeira, acordaron penas con el fiscal mediante juicios abreviados.