Los presos y sus celulares

Redacción de La Nueva.

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Una discusión se ha planteado por el pedido de diputados de la oposición pidiendo la derogación del protocolo de uso de celulares en prisión, implementado durante la pandemia.

La polémica se inició por el proyecto impulsado por Matías Ranzini, Alex Campbell, Juan Carrara y Johanna Panebianco, quienes reclamaron al gobernador Kicillof dejar sin efecto ese beneficio.

En sus argumentos, los funcionarios señalan que “se evidenció un incremento de delitos organizados desde detrás de las rejas”. El Servicio Penitenciario, por su parte, rechazó ese planteo, destacando “las bondades del protocolo” y, lejos de admitir la ola de delitos desde las cárceles, retrucaron que lograron bajar esa estadística.

Los legisladores aseguran que la mensajería directa es, junto con los llamados, una de las más frecuentes vías que encuentran los presos para cometer delitos como los de secuestros virtuales, estafas y amenazas.

No resulta simple en este contrapunto determinar quien realmente está más cerca de la realidad, ya que si bien quienes piden retirar el celular a los detenidos aseguran tener datos fehacientes, no menos creíble es la postura penitenciaria contrariando los mismos.

Por otro lado la lógica pareciera indicar que quienes utilizan la telefonía o las redes para delinquir no necesariamente son presos, sino que por miles existen personas que, en libertad y sin ningún tipo de control, realizan ese tipo de maniobra, todo el tiempo.

Los detenidos merecen mantener el contacto con sus familias y poder acceder a recursos educativos, con lo cual retirarles ese medio de comunicación sería una severidad mayor, la cual incluso no debería aplicarse a todos por igual sino a aquellos que se verifique hacen mal uso de esos medios.

Creer que con esa medida se terminarán las estafas telefónica es, cuanto menos, de una inocencia llamativa.