Bahía Blanca | Domingo, 02 de abril

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Ni la carne ni la ropa: la inflación tiene un único responsable

Los aumentos desmesurados de algunos productos puntuales no explican el origen de este flagelo. Según el INDEC, el IPC interanual subió 102,5%.

Archivo La Nueva.

El dato de la inflación difundido el martes fue una de las noticias del día. Y no es para menos, ya que deberíamos remontarnos al lejano 1991 para volver a los tres dígitos. Sin embargo, dos de los capítulos del Indice de Precios al Consumidor oficial (el IPC) están en el ojo de la tormenta a la hora de buscar a los culpables de este verdadero flagelo nacional.

El primero es el que contiene a la ropa de vestir: entre febrero de 2023 e igual mes de 2022, Prendas de vestir y Calzado aumentó un 121,7 por ciento, varios puntos por encima de la inflación general, que fue del 102,5% en todo el país.

El segundo y más reciente es la carne vacuna, un bien que pesa mucho en las canastas de consumo de los hogares argentinos, pese a que desde 2005 está en franco descenso, según advierten los frigoríficos.

Con respecto a la ropa, lo más complejo del caso es que viene subiendo sostenidamente desde hace varios meses. Y este comportamiento genera reacciones por parte de algunos economistas y políticos, quienes cuestionan el alto grado de protección arancelaria del que gozarían los industriales textiles argentinos.

Los datos oficiales del INDEC reflejan que en el año 2003, las importaciones de Materias Textiles y sus Manufacturas (rubro que contiene a las prendas de vestir importadas), pasaron de representar más del 4% del total comprado al exterior al 2,25% del año que se fue, una clara muestra de que la política de administración del comercio exterior profundizada por Alberto Fernández restringió el ingreso de ropa extranjera.

Sin embargo, los industriales se defienden asegurando que las compras al exterior de prendas aumentaron a razón del 52,4% en valores y del 78% en cantidades, intentando salir del ojo de la tormenta.

El eslabón que le sigue en la cadena comercial, el del comercio, también quiere despegarse. Advierte que los alquileres y demás costos operativos obligan a remarcar, y agregan que los elevados impuestos que deben pagar mes a mes hacen el resto.

Otro de los factores es que el INDEC mide los precios de las prendas que se comercializan a través de canales formales (por ejemplo, los shoppings), y no se toman en cuenta los de mercados mucho más masivos, como las ferias informales tipo “La Salada”, donde los valores al público son muy inferiores.

Del lado de la carne, los productores también advierten que no intervienen en el precio final, al tiempo que los carniceros y supermercadistas blanden argumentos similares a los de sus colegas del rubro textil.

¿Quién es el responsable?

Pero las acusaciones cruzadas entre industriales, consumidores, comerciantes y demás yerbas, al igual que la neblina, impiden identificar al verdadero y único responsable de la inflación.

Es que siguiendo la línea argumental de quienes culpan a la ropa por los últimos aumentos, si la misma no hubiera subido, la inflación tampoco sería tan elevada, y algo similar ocurriría con la carne vacuna.

Sin embargo, las propias estadísticas oficiales se encargan de desmentir esta idea. Es que aún con un alza interanual del 0% en el capítulo Prendas de vestir y Calzado del IPC, la inflación general del segundo mes de 2023 habría sido del 91,7%, claramente elevadísima, aún estando por debajo de los tres dígitos.

En el caso de la carne, imaginando que no hubiese aumentado ni un peso durante febrero no sólo este producto sino tampoco el resto de los alimentos básicos, el resultado que hubiese mostrado el IPC oficial bajo esa suposición sería del 76,5%, sin duda, muy por debajo de los tres dígitos, pero no por eso, un nivel inflacionario adecuado para nuestro país.

Y aquí es donde surge que los gobiernos, únicos responsables de la política económica, son quienes deben dar cuenta sobre la inestabilidad de precios, ya que la inflación es, antes que todo, un problema macroeconómico, y no de empresarios ni, menos aún, de los consumidores y los asalariados.

Asumir esa responsabilidad es el primer paso para resolver el problema.