¿Por qué es necesario que se apruebe la ley de alimentación saludable (o etiquetado)?

Redacción de La Nueva.

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Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

   “Hoy, la sociedad demanda información clara, precisa y oportuna sobre los alimentos: quiere saber de dónde provienen, quién los produce y qué nutrientes aportan; por lo tanto, esta ley puede concretarse en un momento justo para impulsar un cambio en los hábitos alimenticios y generar conciencia en la sociedad, que redundará en bienestar social, económico y ambiental”.

   Lo dijo Tito Díaz, representante interino de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco de las jornadas sobre la ley de alimentación saludable, más conocida como ley de etiquetado, que se realizó —en forma virtual— con la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Argentina; la Organización Panamericana de la Salud (OPS); la Organización Mundial de la Salud (OMS); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la propia FAO.

   “En este contexto, la industria tiene la oportunidad de ser innovadora y contribuir a una alimentación saludable, siempre teniendo en cuenta los derechos humanos”, agregó Díaz.

   El proyecto de ley comprende una serie de regulaciones recomendadas por los expertos y por los organismos internacionales. Son ellas:

   —La de etiquetado frontal de advertencias en los envases de productos comestibles y bebidas, procesados y ultraprocesados con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio.

   —La de protección de los entornos escolares.

   —La regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de productos comestibles no saludables dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

Tito Díaz, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

   Todos son aspectos que contribuyen a la prevención del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y a la mejora de los sistemas alimentarios.

   Díaz recordó que la FAO ha trabajado, junto a diversos frentes parlamentarios, contra el hambre en América Latina impulsando los marcos legales para la seguridad alimentaria y nutricional, como ocurre en este caso.

   “La FAO se ha comprometido a apoyar el plan de Argentina Contra el Hambre y a acompañar una estrategia de seguridad alimentaria a largo plazo. Por eso estamos a disposición para colaborar con evidencia científica y apoyar el proceso de fortalecimiento institucional que vendrá luego de la aprobación de esta ley”, aseguró.

   El objetivo del encuentro fue aportar elementos para la discusión legislativa de una ley que cuenta con media sanción del Senado, dictamen favorable de comisiones de Diputados y que será tratada en esta Cámara. Su tratamiento es necesario sin demoras ya que, de no hacerlo, perderá estado parlamentario a fines de este mes de octubre.

   Asimismo, la jornada resultó un espacio para compartir experiencias, lecciones aprendidas y nuevas evidencias científicas generadas en países de la región de las Américas que ya cuentan con este tipo de marco regulatorio, tales como Chile, Perú, Uruguay, México y Colombia.

   “El tema es muy importante porque el etiquetado frontal de alimentos tiene que ver con la calidad de vida de los y las ciudadanas. Por eso se debe regular con un criterio de interés público, porque saber qué contiene cada alimento es un derecho para tomar decisiones sobre una base de información”, sostuvo Roberto Valent, coordinador residente de la ONU Argentina.

   “La transparencia, y el proveer información a la ciudadanía, es un deber ético que debe ser sustentado con un marco legislativo. Esta ley aporta a los derechos humanos como lo son la salud, la no discriminación, la buena alimentación y, más ampliamente, el derecho a la vida y al desarrollo de las personas”, agregó.

“La ley del etiquetado contribuye con varios objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, fortalece los derechos humanos y es un instrumento de salud pública”, insistió Valent.

   Por su parte, Eva Jané Llopis, representante de la OPS/OMS en la Argentina, dijo que las enfermedades relacionadas con la malnutrición generan preocupación porque afectan, especialmente, a los sectores más vulnerables.

   “Además, no sólo perjudican a la salud, sino que limitan logros a lo largo de la vida de una persona y hasta disminuyen la eficacia en el trabajo, todo lo cual se ha agravado durante la pandemia”, indicó.

   “Por eso es importante actuar con urgencia en la educación nutricional: los Estados deben avanzar con regulaciones que permitan a la ciudadanía tomar decisiones sobre lo que consumen y que los entornos escolares sean protegidos de intereses comerciales”, enfatizó Llopis.

   “Queremos reconocer el esfuerzo de la Argentina para encarar esta problemática y felicitamos a los legisladores, valoramos el rol activo de la sociedad civil, de la academia y de las instituciones que han apoyado este proceso para tener una ley que adopta el perfil de nutrientes de la OPS, quien debe tener mayor evidencia científica. Con la aprobación de esta ley, la Argentina dará un gran paso para la salud pública”, aseguró Llopis.

   Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, dijo que este encuentro se realiza en un contexto muy especial.

“Es un proyecto que protege a niños, niñas y adolescentes. Es la oportunidad histórica de dar un gran paso con una ley que cuida a los más vulnerables y puede ser una referencia regional y mundial”, agregó Brumana.

   “La malnutrición es una pandemia silenciosa que genera muchos problemas de salud. La Argentina tiene los valores más altos de América Latina de sobrepeso en niños, niñas y adolescentes, y los más afectados son los sectores más vulnerables con un alto consumo de ultraprocesados que, además, son muy publicitados y tienen gran impacto cuando se orientan a niños y adolescentes: 8 de cada 10 están expuestos a publicidad y uno de cada dos pidió que le compraran ese alimento que vio en la publicidad. Esto confirma la incidencia de la publicidad y las redes en las decisiones de niños, niñas y adolescentes”, argumentó.

   Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del ministerio de Salud de la Nación, sostuvo que su organismo está comprometido con el etiquetado frontal.

   “Es de absoluta relevancia para nosotros. Venimos trabajando fuerte en un alineamiento histórico entre las áreas de comercio, producción, agroindustria y salud para impulsar esta política que garantiza la salud de los argentinos porque promover alimentos saludables es promover el derecho a la alimentación saludable y segura”, contó.

   “Es fundamental poder advertir sobre los excesos de grasa, azúcar y sodio en los alimentos que son motores de enfermedades crónicas no transmisibles”, señaló Medina.

   “Este ministerio cuenta con investigaciones muy importantes que demuestran que la forma gráfica de octógonos negros es la adecuada para hacer más eficaz la información sobre los alimentos y modificar el patrón de consumo al momento de la compra. Esperamos la ley y estamos trabajando para su reglamentación”, indicó el funcionario.

   Para Fabio da Silva Gomes, asesor de nutrición y actividad física, del departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de OPS-OMS, ya está comprobado que el sistema de octógonos es eficiente, fácil de entender y que cambia la intención de compra, “a diferencia de otros tipos de etiquetado que no son tan claros al momento de leerlos”.

   Según Cristian Cofré Sasso, asesor técnico del departamento de Alimentos y Nutrición, División de Políticas Públicas Saludables y Promoción del ministerio de Salud de Chile, se transitan 15 años en esta cruzada y el camino no ha sido nada fácil, pero que la buena noticia es que se puede, es viable y posible.

   “Y algo más: los resultados han sido los esperados; esto es lo principal que hay que transmitir”, aseguró Sasso.

   Para Alexandro Saco, director de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de Perú, el principal logro es que, hoy, en ese país hay una conciencia muy importante acerca de tener una nutrición adecuada y que la alimentación se relaciona con la salud, algo que se logró a través de la promulgación de la Ley de Etiquetado en 2013.

   Según Cristina Lutemberg, diputada y exsubsecretaria del ministerio de Salud Pública de Uruguay, la alimentación es un derecho humano.

   “Hoy estamos en un proceso de tener una política de Estado de salud pública; conocemos los intereses que hay en juego, pero cada país debe velar por los derechos de sus ciudadanos”, comentó.

   Para Mauricio Toro, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia durante el proceso de implementación de la ley de etiquetado en ese país, la industria intentó varias estrategias para frenar la ley, como cuestionar la autoridad de la OPS-OMS para desacreditar los estudios, usar un discurso agresivo o intentar eliminar el término ultraprocesado, entre otras acciones.

“Gracias a que otros países han avanzado en este tipo de medidas, se nos ha facilitado el trabajo porque las cifras y evidencia existentes nos permitieron encontrar aliados para demostrar la necesidad de implementar este tipo de etiquetado”, sostuvo Toro.

   Por su parte, Guillermo Paraje, investigador en economía de la salud en países en desarrollo, doctor en Economía en la Universidad de Cambridge y profesor titular de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile), señaló que la experiencia en Chile demostró que la ley de etiquetado no generó una caída ni en el empleo ni en los salarios.

   “Lo que ocurrió es que hubo una reasignación de la demanda: lo que dejó de gastarse en alimentos etiquetados pasó a gastarse en alimentos no etiquetados, o en otros bienes y servicios”, sostuvo.

   “Por ejemplo, bajó un 25 % el consumo de bebidas azucaradas y las empresas comenzaron a elaborar productos más saludables”, argumentó el Dr. Paraje.

   El encuentro fue virtual y la grabación se encuentra disponible en el canal de YouTube de UNICEF Argentina www.youtube.com/unicefargentina

“Es una herramienta de soberanía alimentaria”

   “Nunca en la historia de la humanidad estuvimos tan lejos de saber qué son y donde se producen los alimentos que comemos cotidianamente. Esta ley es el derecho a la información para saber qué comemos y de donde viene ese producto”, sostuvo Florencia Lampreabe, diputada nacional del Frente de Todos (FdT).

   “Las enfermedades que acarrea la malnutrición son un tema de salud pública, fogoneada (sic) por publicidad engañosa que alimenta los intereses de las corporaciones alimentarias”, agregó.

Florencia Lampreabe, diputada nacional del Frente de Todos (FdT).

   “Y esto afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables. Por eso la ley es una herramienta de soberanía alimentaria”, aseguró Lampreabe.

   Para Brenda Austin, diputada nacional por la Unión Cívica Radical por Córdoba, destacó, y agradeció, el trabajo de las organizaciones en este proceso.

   “Ha sido clave para el desarrollo de una estrategia de incidencia, que pudo contrarrestar la construcción de argumentos o de intentos de lobby para evitar que la Argentina de este paso en la ley de etiquetado frontal de alimentos”, aseveró Austin.

   “Argentina tiene un muy buen proyecto de ley desde el punto de vista jurídico y técnico, basado en evidencia en el perfil de nutrientes de la OPS-OMS”, dijo —mientras tanto— Daniela Godoy, oficial superior de Políticas de la FAO para América Latina y el Caribe.

Brenda Austin, diputada nacional por la UCR por Córdoba.

   “Ya hay pruebas de cómo los octógonos facilitan la comprensión sobre qué contienen los alimentos y cambian el tipo de compra”, agregó.

   “En Chile la ley impactó en la industria, que cambió la calidad de los alimentos disminuyendo las cantidades de azúcar y de sodio, brindando así productos más saludables, al tiempo que no tuvo impacto negativo en salarios ni empleos”, sostuvo.

   “La FAO apoya esta ley porque garantiza el derecho a una alimentación adecuada y segura, ´sin dejar a nadie atrás”, concluyó Godoy. (Prensa FAO).