Abuso en el ex Comando: dudas y certezas de cara al juicio oral

   La fiscalía intenta comprobar o descartar la intervención de un tercer sospechoso en la presunta violación a una menor en el ex Comando V Cuerpo del Ejército, para lo cual solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal que la causa -ya elevada a juicio- vuelva a la etapa de instrucción para hacer una prueba de ADN, pero se lo rechazaron.
   El fiscal ante ese cuerpo, Gabriel González da Silva, requirió la medida por entender que “no se agotaron todas las hipótesis de investigación” en primera instancia, lo cual “atenta” contra el resultado de la pesquisa para dirimir eventuales responsabilidades.
   González da Silva planteó que en el expediente se “omitió dar curso” a prueba pericial indicada en la instrucción suplementaria y que el resultado de esos peritajes “permitiría confirmar o descartar la participación de Adán Timoteo Viltes, medida de prueba que solo puede hacerse en la instrucción”.
   Sin embargo, los jueces del tribunal, Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y Pablo Díaz Lacava, no hicieron lugar a la devolución del sumario al Juzgado Federal Nº 1, requerida por el fiscal.
   El argumento de González da Silva, además, era que “si bien el agotamiento de la prueba instructoria es un criterio que -en principio- le corresponde justipreciar al fiscal de la primera instancia, no se puede continuar admitiendo pesquisas incompletas, con hipótesis delictivas o fácticas, y que no hayan tenido la debida respuesta jurisdiccional de quien le correspondía hacerlo”.
   “Hay otra persona posiblemente implicada, por eso (la fiscalía) quería que se le extrajera una muestra de ADN para cotejar el resultado con la muestra biológica obtenida del examen realizado a la supuesta víctima, y determinar a quién realmente corresponde la autoría del hecho”, explicó una fuente judicial.
   “El nombre de Viltes surgió de las constancias del expediente”, agregó.
   Producto del rechazo a su solicitud por parte del TOCF, el acusador extraerá testimonios que constan en el expediente y los enviará al juez federal Nº 1, Walter López da Silva, para su investigación.
   El fiscal de juicio pidió asimismo ampliaciones de peritajes para establecer si la eventual participación de Viltes en el delito sexual contra una chica de 17 años se puede acreditar de otra manera, sobre todo en base a los datos que surjan del testimonio de la víctima y de los exámenes que se le practiquen.

Uno preso y otro libre

   Por el supuesto ataque sexual cometido el 29 de marzo de 2020 en las instalaciones militares, la Justicia procesó con prisión preventiva al cabo Jonathan Alexis Romero Díaz (30), imputado de “abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por dos o más personas”.
   Aquella noche, la joven concurrió de forma voluntaria al predio de Florida 1450, junto con su hermana de 18.
   También se ordenó el procesamiento -aunque no está preso- del sargento Carlos Alberto Ines (39), a quien se acusa de “abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por dos o más personas”.
   Este último soldado habría manoseado en las zonas genitales a la denunciante sin su consentimiento, en compañía de Romero Díaz. Al parecer los incidentes se produjeron en una misma habitación, mientras ambos causantes estaban de servicio.
   “Es un ataque que tiene poca claridad en cuanto a quién habría sido el autor. Podría haber sido uno u otro, es todo confuso, por eso la fiscalía quería descartar la participación de un tercer sujeto en base a pruebas de ADN, pero el tribunal no hizo lugar con el criterio de que la causa no puede volver a la etapa de instrucción”, expresó el informante.
   “A mi criterio, cuando estamos ante un supuesto tan controversial como este, la causa sí debería volver a la instrucción para completarla”, agregó.

 

Fundamentos para la negativa

 

   En la resolución, los jueces Foglia, Sebastián y Díaz Lacava consideraron que no es posible devolver la causa a la etapa de instrucción, a pesar del consenso entre la acusación y la defensa en que la instrucción sumarial no está completa porque “se habría omitido cumplimentar diligencias propias” de dicha instancia.
   “En la situación que se plantea se advierte que la ley faculta el control del cumplimiento de las prescripciones de la instrucción solo al tribunal, y en forma previa a la intervención de las partes”, se señaló en el dictamen.
   El tribunal aclaró que no se observan defectos formales para decretar una nulidad de la clausura de la investigación y que los plazos y formas fueron satisfechos.

   En un fallo de la Cámara Federal de Casación se postuló que “las decisiones de los tribunales orales dictadas en el marco de la verificación del cumplimiento de las prescripciones de la instrucción, no pueden ser objeto de discusión por los jueces de instrucción porque la ley asigna a los tribunales orales la autoridad para esa verificación, y el control no es meramente facultativo sino impuesto por la ley”.
   En conclusión, decidieron avanzar con el juicio para no dilatar el trámite porque, por otro lado, hay dos procesados y una persona privada de la libertad por el caso (Romero Díaz).