El Gobierno enfrenta nuevos desafíos en medio de la pandemia

Eugenio Paillet

   En importantes despachos del Gobierno se apuraban a aclarar sobre el cierre de la semana que hubo más ruidos que nueces en torno a la proclama de un sector muy identificado con la vicepresidenta Cristina Fernández, a propósito de la celebración del 25 de Mayo, con un reclamo directo para patear hacia adelante un arreglo con el Fondo Monetario Internacional y la deuda con el Club de Paris para dedicar esos fondos a atender el frente interno y las carencias derivadas del aumento de gravedad en los casos de Covid que corresponden a la segunda ola.

   Puertas adentro del gabinete de Alberto Fernández se esmeraron en entregar una lectura -hasta, si se quiere, positiva- de aquel documento firmado por políticos, dirigentes sindicales, actores y periodistas, entre otros. Curioso, incluso coincidieron en el análisis que sobre mitad de semana hicieron algunos economistas independientes. “En esencia la proclama y lo que pide Alberto, salvo matices, es lo mismo, no hay tal choque de planetas”, sostenía uno de los confidentes al analizar esa línea de coincidencia con los especialistas.

   Se refieren, por caso, a  detalles muy puntuales de las actuales gestiones que realiza el Presidente, que viene desplegando incluso desde antes de su reciente viaje a Europa: se busca un acuerdo con el Fondo para pagar el préstamo que pidió Mauricio Macri pero “no cualquier acuerdo”. Del mismo modo que se plantea un reclamo al Club de París para posponer hasta diciembre o si fuese posible enero pròximo el pago de la cuota de 2.400 millones de dólares que vence este lunes. Es decir, para ponerlo en su justo término, el Gobierno no quiere ninguna factura al cobro por ventanilla antes de las elecciones.

    Se dirá que hubo alguna exigencia que supondría un “apriete” de aquel conglomerado que firmó el documento  en temas que todos por igual saben que no son posibles de cumplir sin violentar los reglamentos del Fondo y de los países desarrollados que conforman el Club. Básicamente tres: pedir una rebaja de la sobretasa que le cobra el Fondo a los países que superaron el porcentaje de dinero prestable, como el nuestro; darle otro destino que no sea el de condonar deuda a los Derechos Especiales de Giro (DEG), unos 4.600 millones de dólares, que le tocan a la Argentina, como reclamó el bloque oficialista en el Senado mediante una declaración (no vinculante) que impulsó Oscar Parrilli. Y por último, alargar los plazos establecidos en los estatutos del Fondo por las nuevas urgencias de un incumplidor serial como es la Argentina, que afectaría al resto de los países miembros que podrían pedir un trato similar. “No disentimos, el tema es que no se puede sin salirse del mundo”, insisten en la Casa Rosada.

   En todo caso es evidente y difícil de disimular que lo que hay -y que no es un problema nuevo en el oficialismo ni en el ancho espectro que compone el Frente de Todos- son desprolijidades. Tal vez falta del sentido de la oportunidad. Veamos. La proclama se lanza al mismo tiempo que Martín Guzmán hace esfuerzos para convencer a los socios europeos de la Argentina de facilitar un acuerdo tanto con el FMI como con el Club de París.

    Del mismo modo que el ruego del ministro es reiterado apenas 24 horas después de aquel documento por el presidente Fernández en su diálogo vía Zoom con la canciller alemana Angela Merkel. Que dicho de paso se ha mostrado muy receptiva a los planteos del Presidente, y en esta nueva oportunidad de ayuda no sería distinto.

   Claro que al igual que antes sus colegas de Portugal, España, Francia e Italia, utilizó un lenguaje sutil en el que pueden advertirse algunos condicionamientos. Por ejemplo cuando dijo que apoyará un “acuerdo sustentable” de la Argentina con el Fondo. Que además sería condicionante, porque hasta ahora nadie ha dicho lo contrario, para pedir una prórroga del pago al Club de Paris más allá que desde mañana corren 60 días antes de que el país sea declarado en default.

   En medio de ese fárrago, el Gobierno ha debido lidiar esta semana con un agravamiento de la pandemia de Covid en todas sus variantes (cantidad de contagios, de fallecimientos y de camas UTI ocupadas casi al límite en todo el país), en medio de unos días de regreso al confinamiento duro comparable a marzo de 2020 que provocó notorios incumplimientos y en algunos casos hasta desidia de las autoridades para controlar que se cumpla el aislamiento.

   Dicen quienes trabajan a su lado que el Presidente no pudo ocultar su enojo con algunos gobernadores, pero también con intendentes y en especial con varios que gobiernan en el bravo conurbano bonaerense. “Hicieron la vista gorda”, fue lo que dijo uno de los que conoce el pensamiento de Alberto en la materia. No parecen dispuestos a reconocer que la resistencia civil que se observó desde el regreso a Fase 1 es compatible con el hartazgo social de la población, y el rechazo de cientos de miles de comerciantes en todo el país que ya no resisten con sus persianas bajas.

   Hubo casos puntuales de aquel aflojamiento de los gobernantes en provincias como Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza. Pero hubo uno que debiera hace reflexionar al Presidente y su equipo: Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, liberó a sus ciudadanos del cumplimiento del decreto nacional a partir del pasado viernes, y permitió la apertura de los comercios no esenciales.

   El incumplimiento de la cuarentena estricta en estos días llevó a preguntarse a algunos funcionarios sobre si el Presidente, asustado por el panorama, podría insistir con Fase 1 pese a que el decreto que vence hoy no lo define, salvo para el fin de semana del 5 y 6 de junio. “No hay margen para retroceder, seria devaluar mucho su palabra”, responden quienes no desconocen que Alberto ya arrastra algunos problemas en la materia.