​​​​​Escenario político: las camas hospitalarias, otro aporte a la confusión

Redacción de La Nueva.

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Maximiliano Allica / [email protected]

   Quién sabe cuál será el clima de diálogo hoy, cuando vuelvan a reunirse por zoom los directores de todos los hospitales de Bahía Blanca con el secretario municipal de Salud, Pablo Acrogliano, para analizar la situación epidemiológica de la ciudad.

   Las diferencias de enfoques entre los responsables de sanatorios y la Municipalidad quedaron expresadas varias veces desde el inicio de la pandemia. En el zoom de la semana pasada, de acuerdo con los doctores Gabriel Peluffo y Pablo Casella, titulares del Penna y la clínica de Osecac, los directivos hospitalarios pidieron un mayor grado de control sobre la fase 2 e incluso más restricciones, entendiendo que la situación epidemiológica continuaba en situación crítica. Al día siguiente el Municipio difundió la solicitud de volver a fase 3, a partir de una baja en la ocupación de camas de terapia intensiva, con números que son oficiales pero aún se discuten. 

   El sábado, para sorpresa de la mayoría, el gobierno de la Provincia concedió el pedido y ayer el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, ratificó que las "condiciones objetivas" de la ciudad admiten el cambio de estatus.

   La confusión de las últimas horas, una más de las incontables desde marzo de 2020, gira en torno a cuántas camas de terapia intensiva tiene el sistema sanitario bahiense. Hasta hace pocos días, en nuestro distrito se realizaba un relevamiento local a partir de la información brindada por los hospitales. Cada uno daba a conocer su mapa: cuántas camas disponibles en terapia, en clínica, en pediatría y otros servicios; cuántas de ellas ocupadas, discriminando entre sectores COVID y no COVID. El Municipio compilaba y elevaba el informe diario a Provincia.

   Una resolución del 20 de abril del gobierno bonaerense ordenó modificar el sistema de conteo. Los centros médicos ahora deben cargar directamente esos datos a un programa informático bajo control provincial, sin pasar por las autoridades locales. El Ministerio de Salud busca con este mecanismo evitar que los hospitales, en especial privados, utilicen camas para intervenciones no urgentes cuando superan durante dos días seguidos una ocupación del 70% en los sectores críticos, con el objetivo de que ese remanente se destine a COVID. Los informes tienen carácter de documento público y falsearlos sería un delito grave.

   De acuerdo con este nuevo sistema, a mediados de la semana pasada la ciudad contaba con 108 camas de cuidados intensivos, 74 de las cuales se encontraban en uso, totalizando un 68,52% de ocupación. Uno de los indicadores que establece el último decreto presidencial para que un distrito se ubique en zona de Alarma Epidemiológica, la más crítica, es que el factor de ocupación de UTI supere el 80%.

   Los relevamientos previos al nuevo sistema, gestionados todavía por autoridades locales, daban una cifra en torno a ese 80% o superior. De repente, bajaron. Y el intendente Héctor Gay tomó el renovado dato para pedir el ascenso de fase. 

   Desde entonces los directores de hospitales no paran de decir que las cifras no se condicen con la realidad, que las terapias están al límite. Es más, afirman que desde el mes pasado se ven obligados a decidir muchas veces qué paciente recibe respirador y cuál no.

   No obstante, la carga de información surge de los propios centros médicos. Al parecer, el sistema informático es poco flexible y había hospitales que cargaban en un mismo casillero camas UTI, coronarias o de neonatología. La Provincia pidió corregir para dejar solo terapias intensivas y se hizo. Las camas de cuidados intensivos bajaron de más de 100 a 72 pero, así y todo, la ocupación sigue por debajo del 80%. Ayer se informó 68% (49 ocupadas de 72).

   ¿Cómo es posible que haya un tercio de espacios libres en UTI si los hospitales dicen que están al borde y son ellos mismos los que informan la ocupación? O está mal la carga o está mal elaborado el procesamiento de datos del sistema. La tercera opción es que los directores médicos tengan una percepción equivocada, entendible por el estrés, pero en definitiva errónea, de lo que sucede en sus lugares de trabajo. Es la posibilidad menos plausible.

   En cualquier caso, hay que aclarar la situación de manera urgente ya que la ocupación de camas hoy determina fases (lo cual es polémico si uno lee el decreto, pero sobre eso volveremos más adelante). Si se subestima el porcentaje, como algunos sostienen que está ocurriendo, se empuja a la cornisa a un sistema sanitario de por sí estresado. Y, si se sobreestima, perjudica a mucha gente que necesita trabajar porque se endurecen las prohibiciones.

   Lo particular del caso es que no se trata de cifras astronómicas. Son entre 70 y 100 camas de siete hospitales, números simples. No debería hacer falta una auditoría de la Secretaría de Salud o de Región Sanitaria para verificar qué pasa. O tal vez sí. El nivel de telaraña en la gestión de la pandemia puede alcanzar continentes insospechados.

   Luego, vienen las lecturas políticas. En el Frente de Todos local interpretan que, si bien los números que toma la intendencia son oficiales, en Alsina 65 saben que la situación de los hospitales es más compleja que ese reflejo numérico y no se está prestando debida atención a las recomendaciones de los especialistas. 

   Por ahora, las principales voces del peronismo bahiense no hicieron manifestaciones públicas sobre el tema, a la espera de la renovación de los decretos esta semana. En la torre de control del FdT entienden que es mejor una pausa en la confrontación después de varios días intensos.

   En los despachos municipales creen que las últimas declaraciones de Bianco en defensa de la fase 3 para Bahía demuelen la teoría del supuesto desprecio de la realidad. Más aún, en la intimidad, el malestar de Juntos por el Cambio ya no solo apunta a los referentes políticos del peronismo sino que los dardos se dirigen cada vez más al director del Penna, Gabriel Peluffo. Hombre de pocas palabras, cuando desliza cuestionamientos a la gestión municipal sus frases cobran densidad.

   En el marco de la discusión sobre la ocupación de las terapias, hay algo cierto. A inicios de la semana pasada la cúpula comunal no veía resquicios para que Bahía tuviera un ascenso de fase en lo inmediato, al menos hasta el vencimiento del actual decreto este viernes, pero pidieron una clave para ver el sistema provincial de gestión de camas, otorgada por la Jefatura de Gabinete, y la aparición de ese dato los impulsó. 

   Es que, más allá de la coyuntura, está claro que el Municipio no comparte el concepto de fases tal como está planteado y mucho menos la idea de restringir actividades de manera prolongada. Las actitudes y decisiones del gobierno local muestran una inclinación a mantener la mayor cantidad de aperturas, bajo protocolos. 

   No es la primera vez que Gay asume posturas divergentes con los médicos, ya ocurrió en julio del año pasado cuando un grupo de infectólogos pidió retroceder de fase y la intendencia no acompañó. Pese a los augurios negativos, en ese momento el sistema no colapsó. Qué pasará en los próximos días es una página en blanco.

   Otro detalle importante para intentar comprender el actual contexto (o confundirse más) tiene que ver con la letra del decreto de Alberto Fernández. Bahía fue incluida a principios de mayo en el renglón de Alarma Epidemiológica, equivalente en el ordenamiento provincial a fase 2.

   El decreto dice, en su artículo 3 inciso 4: "Los grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes serán considerados en SITUACIÓN DE ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA cuando la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes sea igual o superior a QUINIENTOS (500) y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor al OCHENTA POR CIENTO (80 %)".

   Resumido, la ley pide puntualizar dos cosas, la incidencia de casos y las camas. No otros factores. Y resulta relevante la conjunción "y" entre ambos requisitos. Si bien las camas están dando por debajo del 80%, la incidencia está en rojo, al doble de lo planteado. De hecho, ayer por primera vez se reportaron más de 500 casos en la ciudad, lo cual puede anunciar un nuevo ascenso de la curva. 

   ¿Alcanza con tener a favor una de las dos condiciones para salir de la situación de Alarma o se deberían reunir las dos? Aquí viene otra polémica, entre abogados. La mitad de la biblioteca asegura que esa "y" obliga a que se cumplan ambas premisas. La otra mitad interpreta lo contrario. De hecho, la Gobernación tomó esa postura.

   Es fundamental aclarar, una vez más, que la intendencia bahiense puede pedir los cambios de fase que quiera, pero la decisión final le pertenece a Axel Kicillof. Si esta flexibilización de fase termina resultando problemática en el sistema sanitario, o no varía nada fundamental, la responsabilidad será compartida.

   De fondo, el problema más serio sigue siendo la posición que cada individuo tome ante esta etapa de la pandemia. Los cuidados personales básicos los entendió todo el mundo, aunque las normativas legales ya no las entiende nadie. El barullo es tan grande que la mayoría de la población cada vez presta menos atención al contenido de las restricciones. 

   Kant planteaba que la fórmula trascendental del derecho público es que "todas las acciones referentes al derecho de otros hombres, cuya máxima no es compatible con la publicidad, son por definición injustas". O sea, si una norma no se puede publicar es porque será perjudicial para quienes estén alcanzados por la misma. 

   En una variante orwelliana de la fórmula de Kant, en todo este tiempo ha existido publicidad de la norma, pero con tanto nivel de variación, superposición de conceptos y libre interpretación de las reglas por parte de las mismas autoridades, que la injusticia pasa por la imposibilidad ciudadana de comprender la ley, lo cual abre la puerta a la ausencia de acatamiento. 

   Ya se dijo en esta columna y se repetirá: no habrá juez en la pospandemia que sancione con severidad a quien hoy ejerza industria lícita pese a que su actividad se encuentre limitada, porque la limitación al trabajo es demasiado larga y afecta a la supervivencia, palabra incómoda si las hay en este contexto.

   Dicho de manera castiza: si la ley se vuelve incomprensible o incumplible para sectores cada vez más amplios, la culpa no será de la gente sino de quien promueve la ley. Por supuesto, no vale solo para Bahía Blanca. Pese a las restricciones, el despegue de la curva bate récords nacionales.

   A la pandemia le faltan varios meses y la conducción política de los dos espacios mayoritarios, a nivel nacional, sigue sin recuperar los equilibrios. Un mensaje mesurado y conjunto, como se supone que están negociando Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, sería un buen aporte.