Todo lo que se dice debe ser decodificado en clave electoral

Ricardo Salas

rsalas@lanueva.com

   Frente a un contexto donde parece que la “nueva normalidad” es hacer política con la vacuna contra el Covid-19, la falta de agua domiciliaria se consolida como un “clásico de todos los veranos” sumando riesgos ahora por los cuidados de la pandemia.  

   La acuciante cuestión relacionada con la falta de suministro de agua es, por lejos, la que más relaciona el nombre de Bahía Blanca con el acontecer político platense. Algo es algo, pero no alcanza. 

   Si bien se advierte que es una situación “heredada” por la actual gobernación de Axel Kicillof y todos coinciden que anteriores gestiones no pasaron de “amagues, expresiones de deseo y circunstancia y anuncios incumplidos”, ahora se pretende poner como diferencial el hecho de que, como nunca antes, en el Presupuesto bonaerense se incluyen con un nivel de detalle inédito los trabajos que harían falta para empezar a revertir la situación. 

   En cifras, los montos podían ser similares en dólares, pero la realidad es que durante los años de la administración de María Eugenia Vidal, la totalidad de lo previsto correspondía al frustrado y ahora descartado “Acueducto del Río Colorado” a través de un crédito de la Corporación Andina de Fomento y luego a la planta de reutilización de líquidos cloacales que no se terminó, reiteran en calle 6. 

   A mantenimiento y reparación se destinó prácticamente nada y eso es lo que, sumado a los efectos múltiples de la pandemia en materia de permanencia de gente en sus casas y la ola de calor, habría eclosionado según algunos diagnósticos “en privado” del oficialismo gubernamental. 

  Ahora, en el cálculo presupuestario aprobado por unanimidad en la Legislatura, se detallan “con nombre y apellido” recambios de acueductos, cisternas, acondicionamiento de redes y otros aspectos específicos referidos a la problemática por más de mil millones de pesos. 

   Es un primer paso indispensable pero no suficiente ni mucho menos y, al menos desde lo discursivo, eso parece tenerse en claro. 

   Prueba de ello es la anunciada decisión de proceder a efectuar descuentos que en muchos casos podrían traducirse en el no cobro de la factura para aquellos sectores afectados por la falta del vital suministro. 

   Y para eso se echó mano de una herramienta que reconoce la autoría del entonces diputado y ahora senador bahiense Marcelo Feliú: la Ley 14.475 promulgada en 2015. 

   Según fuentes ministeriales, la cercanía edificada entre el legislador del Frente de Todos y el titular del área de Infraestructura, Agustín Simone, a partir de las reuniones de trabajo para alcanzar los consensos necesarios para aprobar el Presupuesto 2021, permitió recurrir a esa normativa que, aunque estaba disponible desde hacía un lustro, no había sido utilizada en otras ocasiones en las que se habían planteado inconvenientes similares. 

   Con todo, está claro que un descuento no alcanza. Este justificado paliativo sólo podría adquirir cierta valoración en el caso de que se advierta que, en el plazo más corto posible, las obras enunciadas empiezan a traducirse en realidad. 

   “Si la baja de temperaturas y por ende del consumo nos lleva a patear otra vez el problema para adelante nos ponemos solos al borde del precipicio”, reconoció un funcionario del Ejecutivo que, como todos entiende, ya transcurrido el almanaque de enero todo lo que se dice debe ser decodificado en clave electoral. 

  De que la gestión de la pandemia en materia de vacunación, reducción de los contagios y reactivación de la actividad educativa y del movimiento económico muestre indicios positivos o negativos dependen las expectativas de buenos resultados electorales tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, según pronostica un observador de la política bonaerense todavía debajo de alguna sombrilla y con los pies al borde del mar. 

   Mientras tanto y en medio de la “gran polémica” generada tras la denuncia de varios intendentes Pro por la conformación de las listas para vacunarse contra el Covid 19 en unidades básicas y organizaciones político-sociales vinculadas al kirchnerismo, Kicillof volvió a reiterar cuestionamientos a los sectores de la oposición que se oponen a la campaña de vacunación que implementó el Gobierno nacional.  

  “Estaría buenísimo que los dirigentes de la oposición también pueden ir a las casas a colaborar con la población que necesita anotarse para vacunarse y no sabe o no puede hacerlo. ¿O ya no participan del timbreo como hacían antes junto a Vidal?”, chicanean desde la orilla legislativa del Frente de Todos. 

   Días atrás, el propio gobernador le había bajado el precio a Vidal al afirmar que "la oposición es más macrista que vidalista" en el mapa de la PBA. 

   A todo esto y en medio de la ola de inseguridad, la gobernación parece tomar distancia de un nuevo reclamo salarial, entre otras cosas, que vía redes sociales empezaron a fogonear sectores minoritarios de la Policía bonaerense. 

   Pero además la gobernación intenta asegurar la presencialidad o semi presencialidad en las escuelas durante el ciclo lectivo 2021. Es decir, la “vuelta a clases” será una combinación entre presencialidad y virtualidad. El sindicalismo docente reclama que el Ejecutivo también los convoque a discutir salarios para este año. 

   Legisladores radicales, en Juntos por el Cambio, proponen que Kicillof defina un “plan de contingencia” para que la pandemia, además del dolor por la gran cantidad de personas fallecidas, no genere una catástrofe educacional.