"Creemos que hay pruebas para atribuir un porcentaje muy alto de las amenazas"

Redacción de La Nueva.

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   El fiscal Rodolfo De Lucía, titular de la UFIJ N° 20, brindó detalles de la investigación que derivó en la detención de una mujer acusada de realizar más de 70 llamadas al 911 que daban cuenta de la supuesta colocación de bombas en instituciones públicas y privadas de Bahía Blanca.

   "Creemos que hay pruebas como para atribuir un porcentaje muy alto de las llamadas que se produjeron durante esos meses", señaló en relación a Juliana Gil Barrera, quien fue aprehendida esta mañana tras un allanamiento realizado en Avenente y Carrega de Ingeniero White.

   En diálogo con Panorama, por LU2, De Lucía dijo que "si bien no es fundamental para la investigación, parte de lo que estamos determinando es cuál sería la motivación de esta persona".

   "No encontramos datos que haya una motivación política o ideológica. Pero sí creemos que puede haber una finalidad relacionada a alguna cuestión familiar, personal o de deudas, por la cual estas llamadas tenían alguna utilidad para esta persona", mencionó.

   "Por suerte pudimos llegar a determinar con bastante probabilidad la autoria de la gran mayoría de estos llamados, que no son el total porque fueron alrededor de 120", añadió.

   El fiscal también contó que "hasta donde sabemos", Gil Barrera actuaba sola.

   "Sí tenemos bastante acreditado que hubo otras personas que también han hecho amenazas, pero no están vinculados con esta mujer detenida. Hay investigaciones paralelas que se están llevando adelante", relató.

   "Durante octubre y noviembre, una o dos veces por semana, hacía varios llamados seguidos y cortos al 911 alertando sobre la colocación de un artefacto explosivo por parte de una persona en un banco o en el Municipio. Variaba quién era la persona que iba, un novio, un amigo, un exnovio...", detalló De Lucía.

   "Eso generaba el caos que todos pudimos ver esos días en la ciudad poque había que desalojar las instituciones, cortar las calles —continuó—. Además, generó un gran perjuicio a los bancos y al Municipio, que tenían que interrumpir su actividad durante algunas horas hasta que se revisaba el edificio. Y eso llevó también a un estado de alarma".

   El fiscal también ofreció detalles sobre el trabajo en conjunto realizado con las compañías telefónicas.

   "Esta persona operaba con teléfonos celulares, ese fue parte del problema porque no había lineas vinculadas a estos llamados. Lo que identifica al teléfono en si mismo es un número interno que se llama IMEI. A partir de esos números trabajamos con las compañías telefónicas porque los llamados al 911 se enrutan a través de unos números específicos. Fue un mes de intenso trabajo", explicó.

   "Creemos que el delito encuadra en el art. 211 del Código Penal, que establece una pena minima de 2 años de prisión y una máxima de 6. Son varias conductas juntas y son delitos graves porque causan mucho daño", completó.