Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

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El drama del kinesiólogo bahiense al que le “usurparon” la identidad

La Corte Suprema confirmó un fallo a su favor y contra la AFIP, por daños y perjuicios. Un impostor en Córdoba usó su nombre y lo inhibieron. Una historia de casi 20 años.

 

Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com

   Casi 20 años de trastornos económicos y psicológicos, burocracia y recursos judiciales le demandó a un kinesiólogo de Bahía Blanca superar los perjuicios que un homónimo de la provincia de Córdoba le provocó al "usurparle" su identidad, con responsabilidad del Estado nacional que convalidó la maniobra.

   José María Bondía hoy puede respirar un poco más tranquilo.

   La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de rechazar una queja presentada por la AFIP y de esa manera confirmó un fallo que de alguna manera lo cubre por los daños que sufrió desde el 20 de febrero de 2001.

   Aquel día comenzaron sus tormentos. Fue cuando el José María Bondía cordobés se inscribió ante la agencia N° 1 de la Dirección Regional Córdoba de la AFIP-DGI como contribuyente y en sociedad de hecho junto con Elina Verónica García, pero con el número de DNI del bahiense.

   Los aportes a la Seguridad Social que el Bondía foráneo debía hacer como empleador no se concretaron en tiempo y forma, la deuda no se canceló y su nombre apareció como deudor de las obligaciones fiscales.

   La AFIP, como corresponde, ejecutó acciones pero lo hizo contra el Bondía domiciliado en Bahía Blanca, quien sufrió embargos e inhibiciones y las consecuencias colaterales.

   El kinesiólogo agotó la vía administrativa, sin resultados. Y se agotó él.

   El 29 de julio de 2004 se le inició un juicio de ejecución fiscal por la deuda previsional, por un importe de casi 3.800 pesos más intereses.

   El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de la doctora Cristina Garzón de Lescano, le promovió la demanda y un mes después dictó sentencia en su contra y tomó medidas en garantía del crédito fiscal, con oficio de embargo a una distribuidora, al Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires y a la cuenta bancaria del demandado.

   Y Bondía, el bahiense, quedó en el centro de la escena de una trama judicial que le era totalmente ajena. De manera imprevista se vio obligado a recorrer un camino desconocido y desgastante.

Entrar en el laberinto

   Entre marzo y abril de 2005, mientras la vía judicial para su exigencia legítima era inevitable, se pidió en su contra la inhibición general de bienes ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y el Registro General de la Provincia.

   El kinesiólogo atacó por varios frentes. Primero radicó una denuncia en el fuero provincial, que se inició ante la fiscalía N° 2 local.

   Pidió que levantaran las trabas a su caja de ahorro y dejó en claro que jamás estuvo en Córdoba ni desempeñó actividad alguna en esa provincia y que alguien "ocupó" ilegalmente su identidad. Las actuaciones se giraron hacia el lugar donde se habría producido el delito.

   Bondía también mandó carta documento a la AFIP Córdoba, porque el ente impositivo le había extendido un certificado de inscripción a un impostor y no había controlado la documentación como corresponde.

   El organismo estatal rechazó su intimación por improcedente, al considerar, asombrosamente, "falsas sus afirmaciones”. Entre agosto y octubre de 2005 reiteró (sin éxito) las cartas documento.

   Un año después, desde la fiscalía de Bahía Blanca se la mandó oficio a su par de Villa Carlos Paz, para solicitar copia de actuaciones iniciadas a partir de la denuncia formulada por el Bondía bahiense, pero informaron que no había nada registrado.

   Sin embargo, ante un nuevo reclamo formal, ya a principios de 2007, se confirmó desde esa ciudad cordobesa que sí tenían una causa remitida desde Bahía, con fecha 21 de julio de 2005. Evidentemente estaba en un cajón.

   La insistencia surtió efecto y el 2 de noviembre de 2007, el Bondía "legal" pudo cancelar la deuda que no había contraído y pidió el archivo de las actuaciones.

En segunda instancia

   Después de superar el primer mal trago, Bondía fue contra la AFIP. Le inició una demanda por daños y perjuicios, que tramitó ante el Juzgado Federal N° 1 bahiense.

   El juez de primera instancia no encontró elementos para acreditar la responsabilidad del organismo oficial, teniendo en cuenta que quien cometió el delito fue el que "robó" su identidad y ante él deberían dirigirse las acciones.

   Explicó, por otro lado, que la tramitación de la ejecución fiscal se ajustó a derecho.

   Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones revocó esa decisión y falló a favor del kinesiólogo.

Desde 2010, casualmente para una mayor seguridad, la AFIP incorporó la obligación a los contribuyentes de incorporar datos biométricos.

   Consideró que sí hubo "negligencia" de parte de la AFIP porque "se omitió verificar la documentación que le fue presentada", en especial un DNI visiblemente falsificado.

   "Considero que se violó el deber de fiscalizar y controlar el contenido de lo presentado, desentendiéndose de la veracidad del mismo y precipitándose a una ejecución contra quien no resultaba ser deudor efectivamente, configurando entonces una falta de servicio", sostuvo el camarista Pablo Candisano Mera, con la adhesión de su colega Silvia Fariña.

   "El mero ingreso de los datos no exime a la AFIP del deber de verificar la veracidad de la información suministrada por el interesado", agregó.

   Para la Cámara, "no parece acertado" que la simple transferencia e incorporación informática de los datos pudiera ser suficiente para dar fe de la autenticidad de los mismos y eximir al organismo del deber de verificarlos.

   "Si el organismo hubiera controlado la información que los verdaderos deudores le proporcionaron se hubiera evitado el daño a un tercero ajeno.

   Máxime cuando el actor denunció una posible sustracción de identidad a la AFIP quien, no obstante conocer ello, continuó con la ejecución desechando sus dichos sin más", afirmaron.

La reciente resolución de la Corte que rechaza el recurso de la AFIP.

   Ahora la Corte de la Nación parece cerrar la historia. El 10 de septiembre rechazó una queja formulada por la AFIP en relación con el caso. Era por la denegatoria a un recurso extraordinario.
Los ministros Ricardo Luis Lorenzetti, Horacio Daniel Rosatti y Juan Carlos Maqueda, del máximo tribunal, consideraron "inadmisible" la queja.

"Me preocupaba que cometiera un delito con mi identidad"

   El kinesiólogo Bondía hoy tiene 85 años. Está retirado de su actividad profesional y casi también del caso que tanta angustia le generó.

   "Me enteré lo de la Corte. Me importaba dejar en limpio mi nombre. A esta altura no me interesa cobrar un peso, porque además lo que fijaron es un monto ridículo, pero sí que reciban algo mis abogados", dijo el hombre.

   El juzgado local solo había calculado el perjuicio en 9.100 pesos por daño material y 5 mil, por daño moral, más intereses que lo llevarían a no más de 30 mil o 40 mil pesos.

   "Pasé malos momentos desde el punto de vista económico y profesional, de angustia y ansiedad", afirmó Bondía, que para el inicio de la causa tenía 66 años y era delegado local del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires.

   "Yo me di cuenta un día que fui al banco Francés a hacer una extracción en un cajero automático y me aparecieron dos cuentas. Consulté a una empleada y me dijo que tenía abierta dos cuentas, una de ellas en Córdoba. Ahí empezó todo", explicó.

   En medio de todo el trastorno, el kinesiólogo bahiense también tuvo que contratar a un abogado de Córdoba (donde tramitaban parte de las actuaciones) y terminó pagando la deuda previsional que había asumido el impostor, a quien nunca llegó a identificar.

   "En un momento no podía facturar mi trabajo, todo lo que cobraba por obra social era absorbido. Igualmente, lo que más me preocupaba era que cometiera un delito con mi identidad", dijo.

   Bondía aclaró que pese al tiempo transcurrido y las resoluciones a su favor, nunca vio un peso en concepto de resarcimiento y espera que esa plata cubra la insistente tarea de sus abogados: Adriana Ionni y el estudio Sáez.