El kirchnerismo nunca frena, pero siempre acelera…

Eugenio Paillet

   “No nos mueve el amperímetro”, fue lo primero que dijo un colaborador del presidente Alberto Fernández cuando le consultaron sobre los efectos políticos que tendría, si es que tendría alguno, la multitudinaria marcha en avenidas y plazas de todo el país el 17 de agosto en rechazo a un menú variopinto de medidas que lleva adelante el Gobierno. 

   Al día siguiente, lejos de frenar y analizar los efectos que podría acarrear desconocer la importancia de esa manifestación ciudadana, el Gobierno aceleró con la discusión de la cuestionada reforma judicial en comisiones del Senado. Que fue tal vez el reclamo que lideró, aún por encima de rechazos a Cristina Fernández, la corrupción, la inseguridad y la larga cuarentena, la mayoría de esas movilizaciones.

   En efecto, el Gobierno ni se inmutó por aquella demostración su contra como tampoco lo hizo el kirchnerismo más duro que, con Cristina a la cabeza, maneja los tantos en el Congreso, donde se va a discutir la reforma y otros proyectos que le interesan al presidente para poner en marcha la economía luego del fuerte parate por la pandemia. 

   Cabría en todo caso escuchar a quienes en el oficialismo dicen que de algún modo Alberto dobló la apuesta y aseguró que el griterío del 17 de agosto no le va a torcer el brazo más obligado por su cada vez más omnipresente  -en las decisiones de poder puro y duro- vicepresidenta,  que por sus propias convicciones.

   Hay varios aspectos a revisar. El primero, es que efectivamente Alberto Fernández no está de acuerdo con todos los aspectos de la reforma judicial que llegó al Congreso y que seguramente recibirá media sanción en el Senado el próximo jueves 27.

   Hay un “espíritu” de ese proyecto, dicen a su lado, que “es suyo y no de Cristina” porque ya figuraba entre sus planes para gobernar incluso antes de asumir el 10 de diciembre. Pero no suscribiría algunos retoques del cristinismo duro como por caso la introducción de un artículo en el que también los medios podrían ser enjuiciados por emitir opinión sobre una investigación en marcha a funcionarios o exfuncionarios por presuntos casos de corrupción. 

   Del mismo modo que tampoco convalida, y aquí se parece mucho a lo que también piensa Sergio Massa, otro actor clave en la saga que se ha puesto en marcha, el capítulo sobre la necesidad de ampliar el número de miembros de la Corte.  Quedaría la impresión, incluso por el ninguneo presidencial a los reclamos ciudadanos y de la oposición, que un dato lo condiciona: le reforma es la que reclama Cristina, sin más trámite.

   El otro factor que no escapa a los analistas del Gobierno es que ese rechazo y la aceleración sin freno alguno de la estrategia también logró el dudoso éxito del oficialismo de unir a la oposición en todo su espectro. Incluso a sectores que podrían considerarse “del palo” como los bloques del peronismo en la cámara de Diputados que no suscriben a libro cerrado y sin un debate previo, o sin algunas razones profundas que los convenzan, la reforma que se ha puesto en marcha.

   El dato no es menor y por supuesto que se agiganta cuando se mira el escenario en Diputados, donde en verdad hay más dudas que certezas sobre el destino de la reforma cuando llegue con la media sanción de los senadores. Ya algunos funcionarios más sensatos en medio del avance imparable del cristinismo habían considerado casi un golpe de nocaut aquel rechazo de Roberto Lavagna a que sus diputados aporten al quórum para iniciarla sesión y mucho menos aprobar la reforma tal como llegue de la Cámara alta. 

   El exministro rechaza lo que rechazan muchos otros entre peronistas “racionales” y el grueso de Juntos por el Cambio: inoportunidad y carencia del mínimo consenso antes de avanzar. A ellos se suman los cuatro diputados cordobeses que responden a Jun Schiaretti, de sinuosa relación con Fernández y la Casa Rosada, pese a los denodados esfuerzos que han dedicado por estas horas para tratar de convencerlos Wado De Pedro, el propio Massa y el influyente secretario General de la presidencia, Julio Vitobello. 

   Se dice que en la última llamada, el ministro de Gobierno cordobés, Facundo Torres, brazo derecho de Schiaretti, insistió en que sin un amplio consenso con debate previo no habrá apoyo para la ley. Y no hay seguridades sobre la posición que adoptará el bloque de los diputados “sueltos” que integran el bloque federal que lidera el mendocino José Luis Ramón.

   Así las cosas, en el Gobierno miran tres escenarios que para arrancar no son los ideales a la hora de orejear el futuro de la reforma. Descartado de movida un cuarto escenario que hubiese sido la posibilidad de alcanzar un alto grado de consenso en Diputados, por aquel rechazo de la oposición y las dudas del peronismo anti K.

    Uno de ellos sería “catastrófico”: que la ley sea rebotada en Diputados con sus gravísimas consecuencias institucionales, además del daño que provocaría a la autoridad presidencial. Casi una reedición de la resolución 125 y sobre cuya posibilidad advirtió horas atrás el diputado radical Mario Negri. 

   El siguiente, malo pero no tanto, sería el caso de que Diputados logre convertir la reforma en ley pero con números muy ajustados. Al rechazo de la oposición se sumaría la segura judicialización por parte de jueces y fiscales.  El tercer escenario sería el “indiferente”.  Es la postura del kirchnerismo duro y de Cristina Fernández. Quieren que la ley salga “aunque sea por un voto” y tal como llegará con media sanción de la cámara alta. No es esta variante la que entusiasma al presidente o a Sergio Massa, reconocen las fuentes gubernamentales.

   Llovido sobre mojado, Daniel Rafecas metió a Fernández en un brete que nunca imaginó con su reclamo de ser votado por los dos tercios del Senado. Hoy casi una misión imposible.