Datos oficiales para bahía

El empleo de calidad en la mira: por cada 100 asalariados formales, hay 40 informales

16/8/2020 | 07:00 |

La generación de trabajo protegido será uno de los grandes desafíos para los gobiernos que se sucedan de aquí en adelante. 

Archivo La Nueva.

Francisco Rinaldi/frinaldi@lanueva.com

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Por cada 100 trabajadores registrados hay 40 informales en Bahía Blanca, de acuerdo con datos oficiales para el primer trimestre de este año. 
Así, sobre 93.982 asalariados unos 67.009 se encuentran registrados frente a los 26.973 que no lo están, de forma que por cada 100 trabajadores asalariados formales coexisten 40 que se desempeñan en la informalidad. 
Otro dato preocupante es que desde el primer trimestre de 2018 al primero de este año, la cifra total de asalariados registrados no ha dejado de caer: tal como se desprende del gráfico de abajo de la foto, se pasó de 78.267 trabajadores a los 67.009 de la actualidad, lo que refleja claramente los problemas para generar empleo de calidad en la ciudad, fenómeno que se replica, desde hace algunos años, a nivel país. 
Más preocupante aún  es que los números expuestos no reflejan los efectos del aislamiento preventivo, que paralizó la actividad económica local durante el segundo trimestre del año y que seguramente incidirá negativamente sobre las cifras del empleo bahiense. 
Una parte sustancial detrás de este problema viene explicado por el mal desempeño de la economía nacional y local: tomando las cifras del INDEC, el PBI se desplomó a razón del 11 por ciento entre los primeros trimestres de 2018 y 2020. 
En tanto, el sector Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones -uno de los más gravitantes dentro del empleo de nuestra ciudad- acumula desde el segundo trimestre de 2018 al primero de 2020 caídas consecutivas de hasta el 13% interanual. 
A nivel país, el desempeño del empleo asalariado protegido también encienda luces de alerta, aunque si se desagrega entre público y privado (las cifras locales no lo hacen), se verifica una evolución bien diferente. 
Es que de acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en 2012, nuestro país contaba con 6.068.500 trabajadores privados registrados, que eran equivalentes al 55,7% del empleo registrado total nacional. 
Las recurrentes crisis de los últimos años hicieron que el grupo de trabajadores registrados pierda participación en el empleo total, hasta llegar a abril 2020 con un total de 5.807.200 trabajadores (261.000 menos que en 2012) y una participación del 49,3% en el total. 
Del otro lado, el empleo estatal ganó protagonismo en los últimos ocho años: se pasó de contabilizar 2.712.800 empleos públicos en el año 2012 a alcanzar los 3.213.000 en el año 2020, equivalente a un crecimiento del 26% de la planta en el lapso de los últimos 8 años y a 665.000 nuevos empleos en la esfera estatal. 
En este lapso, los asalariados públicos aumentaron su importancia relativa en el empleo registrado total, pasando de un 23,4% en 2012 a representar un 27,3% en abril 2020.

Pandemia y después
Desde el Gobierno nacional ratificaron la plena vigencia de la doble indemnización para evitar la pérdida de empleo durante la pandemia, pese a que las cifras de trabajo registrado que difunde la propia cartera laboral admiten una caída. 
“Hay una pérdida de empleo porque estamos en una situación desastrosa”, admitió el ministro de Trabajo Claudio Morini. 
Defendió el rol de la doble indemnización, señalando que los problemas del mercado laboral hubiesen sido superiores de no haber contado con esa medida. 
Desde el paradigma liberal insisten en que solamente la revisión y hasta modificación de cuajo de la legislación laboral vigente redundará en la creación de nuevas posiciones formales. 
En concreto, piden "abaratar" las contrataciones y los despidos (entre otros puntos), además de ir hacia una descentralización de las negociaciones laborales. 
Esta premisa, sin embargo, se ve cuestionada a la luz de los antecedentes más inmediatos, como la flexibilización laboral de los 90's. 
Durante esos años, mediante reformas legislativas, se aplicaron modificaciones en el ingreso al empleo (con las diferentes regulaciones del período de prueba y los contratos de tiempo determinado con reducciones o exenciones de cargas sociales) y en el egreso (con un nuevo régimen indemnizatorio que redujo los montos a los trabajadores con menor antigüedad) y hasta en la descentralización de las negociaciones laborales, que en su mayoría se realizaron a nivel empresa, en detrimento de las colectivaes tradicionales. 
El resultado, en términos de empleo formal, fue muy pobre para esa etapa de nuestro país, ya que apenas el 34% de las nuevas posiciones creadas fue registrada, de acuerdo con un estudio del economista Luis Beccaria y el abogado laboralista Pedro Galin.
Del otro lado de la biblioteca, un trabajo de la economista Roxana Maurizio señala como argumento que en nuestro país -y al igual que en otros de la región-, el proceso de formalización se verificó en períodos  de crecimiento elevado y estable, especialmente, entre los años 2003 y 2008. 
Exhiben como prueba que el empleo formal pasó del 52 al 66% del total entre 2003 y 2017 y que, desde 2012 en adelante, hay un claro estancamiento, corolario de la menor estabilidad del crecimiento entre otros puntos. 

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