​​​​​Escenario político: qué pasa en Bahía con la objeción de conciencia institucional

Redacción de La Nueva.

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Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

   Tras el aprendizaje de 2018, quienes promueven la ley de aborto esta vez decidieron ceder algunos puntos para intentar convencer a los diputados y senadores que aún no fijaron posición, un grupo muy reducido pero con mucho poder porque inclinará la balanza en dos votaciones que se presumen muy parejas.

   Hay algunos artículos que se acordaron a última hora en comisión, antes de tener dictamen y que el proyecto llegue ayer a la Cámara Baja. Uno, que las personas de 13 años o menos que soliciten la interrupción del embarazo deberán hacerlo con el consentimiento de uno de sus padres o representante legal, mientras que las menores de 16 deberán estar acompañadas o no, según evalúe el equipo de salud que tenga que realizar la práctica.

   Otro, fundamental para intentar que la ley avance, es la objeción de conciencia institucional. El proyecto de 2018 preveía la objeción de conciencia individual, es decir, que cualquier médico podía negarse a practicar un aborto, por ejemplo por contradecir sus creencias religiosas. Pero el hospital o clínica debía procurar los medios para que el aborto se realice. 

   Ahora, la iniciativa propone que si todos los profesionales de un centro de salud se niegan, la institución ya no tendrá la obligación de garantizar la práctica allí mismo, aunque tendrá que ocuparse de la derivación a una entidad que lo haga.

   Esta diferencia es central, porque permitirá a numerosos hospitales administrados por comunidades religiosas esquivar la intervención sin entrar en conflicto con la ley. Lo mismo podría suceder en cualquier otra institución, si se da el caso de que exista un acuerdo interno.

   En este momento, se sabe que hay profesionales de los hospitales públicos de Bahía Blanca que ya anunciaron que aplicarán la ley, pero no está claro cuál será la postura en todos los hospitales privados. El efecto COVID aún impacta y, en algunos casos, los comités de ética siguen discutiendo si corresponde aplicar tratamientos alternativos para esa enfermedad, como el plasma o la ivermectina, y no llegaron a tener conversaciones formales sobre el aborto.

   "El nuevo problema que tenemos encima, ahora que el coronavirus nos dio algo de respiro, es el dengue. Sobre el aborto, por lo pronto hubo charlas de pasillo, pero todavía no nos sentamos a discutir para fijar una postura institucional", reconoce un directivo de primera línea de un importante centro médico.

   De cinco sanatorios privados en nuestra ciudad (HAM, Privado del Sur, Español, Italiano y Matera), todavía no se puede asegurar que todos adherirán a la ley, en caso de ser aprobada. Incluso existen algunas críticas al artículo sobre la objeción institucional, porque entienden que no protege debidamente a los centros de salud.

   Salvo en el caso del hospital de la Asociación Empleados de Comercio, donde existe la convicción de garantizar plenamente lo que la normativa disponga, en el resto se sigue optando por la cautela antes de dar definiciones taxativas.

   Se puede interpretar que están a la espera de que la ley avance para recién entonces sentar postura, es entendible que en un año de pandemia aún no se hayan hecho todas las consultas con el personal de salud. La presunción general es que todos los centros médicos de Bahía Blanca admitirán la práctica, pero hace falta esperar a las confirmaciones.

   Más complejo es el panorama en los distritos más chicos, de esta región y otras. Allí donde hay escasas alternativas de atención médica, un par de negativas obligarían a las personas a trasladarse a las ciudades más grandes para encontrar soluciones.

   Un dirigente peronista, experimentado negociador de leyes y ordenanzas, reflexiona con La Nueva.: "Los verdes no tienen que tomar a la objeción institucional como una concesión inaceptable. Cuando no podés sacar la ley ideal, tenés que tratar de sacar la ley posible".

   El proyecto que hoy tendría resultado favorable en Diputados y que se disputará con final incierto en el Senado tiene como una de sus principales metas garantizar condiciones sanitarias adecuadas a las personas que deciden abortar, ya que ninguna se detiene por las disposiciones de la actual ley y terminan sometidas a intervenciones clandestinas, de riesgo.

   No existen cifras fehacientes sobre la cantidad de abortos que ocurren en Argentina por año, pero algunas estimaciones calculan 450 mil. Por estadística, nuestra ciudad debería tener cerca del 1%, o sea, 4.000 o 4.500. Suena a números altos, pero al menos es una proyección.

   Un dato notable es que, en la realidad, se trata de una acción que la Justicia no persigue. En el Departamento Judicial Bahía Blanca, que abarca a 13 distritos de la región, hasta 2018 había un promedio de apenas dos causas al año por aborto, muchos de ellos calificados como preterintencional, lo cual significa que fueron provocados por un acto violento pero que no tenía como objetivo la interrupción del embarazo.

   Es decir, se producen cientos de abortos todos los años por los cuales nadie mueve un dedo, ni siquiera los más punitivistas, y esto obedece a una razón central: es muy difícil detectar quién realiza estas prácticas, salvo que las mismas personas que participan en la interrupción de un embarazo hagan la denuncia, lo cual implicaría denunciarse a sí mismas.

   Otra opción sería que un policía o personal judicial descubra el delito in fraganti. Más difícil todavía.

   Con lo cual la ley de IVE requiere de una discusión filosófica, sumamente compleja y donde todos tienen razones de peso; y otra de orden práctico, que implica que los abortos suceden y no van a dejar de suceder porque una ley anacrónica los siga prohibiendo.

   En cualquier caso, el regreso del debate al Congreso después del frustrado intento de hace dos años muestra un impulso legalizador que refleja un cambio conceptual enorme en la sociedad argentina. Hasta antes de 2018 ningún gobierno siquiera amagó con llevar un proyecto de aborto al Congreso. Los apoyos estaban circunscriptos a grupos minoritarios. 

   Hoy solo un plebiscito podría decir cuál es la mirada real de la opinión pública sobre este tema, pero está claro que el paradigma cambió y que, este año o más adelante, será ley.