Recibió 5 años de prisión el primer condenado por la causa UOCRA

Redacción de La Nueva.

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   David Ezequiel Muñoz se convirtió en las últimas horas en el primer condenado por la denominada causa UOCRA, que investiga a 14 exintegrantes de la cúpula local del gremio acusados de conformar una organización para extorsionar a empresarios y trabajadores.

   En el marco de un debate abreviado, la jueza del Tribunal en lo Criminal N° 2, Claudia Fortunatti, le impuso una pena de 5 años de prisión y la inhabilitación por el mismo plazo para ejercer cargos y funciones gremiales y sindicales.

   Muñoz, quien se desempeñaba en Coronel Suárez, fue sentenciado por su intervención como miembro de una asociación ilícita y en calidad de coautor de un hecho de extorsión.

   Para la magistrada quedó acreditado que integró esa organización desde octubre de 2011 (cuando fue designado delegado gremial) hasta el 11 de enero de 2018 (jornada en la que se produjo la detención de los acusados).

Humberto Monteros, uno de los supuestos cabecillas.

   Dicha asociación ilícita estaba “destinada a amenazar, coaccionar y extorsionar a profesionales independientes y directivos o representantes de empresas que realizaban obras civiles, viales, eléctricas y de infraestructura en general”.

   En esas circunstancias, según refiere el fallo, las víctimas eran obligadas “a suscribir acuerdos o convenios que establecían a favor de los trabajadores aumentos de sus remuneraciones por encima de los acuerdos salariales vigentes o premios para todos los dependientes por igual sin que el empleador pueda considerar el desempeño o productividad del trabajador”.

   También debían aceptar condiciones laborales no exigidas por la legislación vigente, contratar a trabajadores de una bolsa de trabajo impuesta por el sindicato, abonar sumas de dinero en beneficio personal de los acusados y requerir servicios de gastronomía, vestimenta de trabajo, baños químicos y transporte de firmas pertenecientes a Humberto Monteros y José Burgos (secretario general y secretario adjunto, respectivamente), o de familiares y personas vinculadas a ellos.

   De la misma forma, impidieron a dirigentes de otras organizaciones gremiales relacionadas con la industria de la construcción “ejercer libremente la actividad sindical, mediante amenazas, coacciones y daños a la propiedad”.

La extorsión

   El otro hecho imputado a Muñoz se produjo a principios de 2013, en una obra en construcción que se realizaba en la calle Baigorria al 400 de Coronel Suárez.

   Allí, según describe la resolución, se presentó junto a Carlos Carrillo y Nelson Cabrera, todos en calidad de delegados gremiales de la UOCRA, y le entregó al responsable del lugar una nota con los recaudos que la entidad exigía, además de indicarle que debía apersonarse en la sede de Yrigoyen al 700.

   En ese encuentro le exigieron al denunciante el pago de mil pesos por mes durante el tiempo que durara la obra, para que pudiera continuar los trabajos sin paralizaciones o planteos por parte del gremio.

   Para conseguir eso también lo amenazaron “con comunicar a la Secretaría de Trabajo de Coronel Suárez que tenía contratado personal sin la correspondiente registración laboral, lo que motivaría la clausura de la obra a su cargo”.

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   De esa manera, el constructor abonó esa suma de dinero durante 5 meses en la oficina de la delegación de esa ciudad, cuyo jefe era Burgos.

   Al momento de declarar, Muñoz negó integrar una asociación ilícita, así como conocer la existencia de la misma. También se desvinculó del caso de extorsión que le imputó la fiscalía.

   En cuanto a la participación del procesado en la organización, Fortunatti indicó que “se encuentra acreditada” con la prueba reunida y que “no importa el rol que cada uno ocupe, o quien es el que se dirige al empresario de turno, lo relevante es que no podía desconocer - y de hecho conocía- cuál era la actividad desarrollada por sus consortes de causa”.

   Respecto al caso de extorsión, sostuvo que “los fluctuantes y contradictorios dichos de Muñoz resultan patentes y solo pueden ser entendidos, como un fallido intento de mejorar su situación procesal”.

El resto, en 2021

   En los últimos días el juez Eugenio Casas, del Tribunal en lo Criminal N° 2, determinó que los otros 13 imputados en la causa serán juzgados del 22 de marzo al 21 de mayo del año que viene.

   Las características particulares del debate, la difícil situación a partir del COVID-19 y una presentación realizada por el fiscal Gustavo Zorzano, determinaron la postergación por segunda vez de las audiencias.

   Por el caso se encuentran detenidos Humberto Arnaldo Monteros, José Bernardo Burgos, Pablo David Gutiérrez, Mario Matías González, Guillermo Esteban Molina, Sebastián Octavio Canales, Walter Rafael Paiz, Raúl Ernesto Erbín, Roberto Sabino Ríos, Carlos Ariel Carrillo, Nelson Damián Cabrera, Aníbal Alejandro Aranda y Sergio Daniel Vázquez.