Cada vez menos recursos para controlar y asistir a los que salen de la cárcel
El número de tutelados -como el ladrón abatido la semana pasada en la calle Mitre- crece mientras baja la cantidad de personal. Así como está, ¿es un organismo eficiente?
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Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com
Franco González Molina debía firmar en el Patronato de Liberados hasta noviembre de 2020, cuando terminaba su condena por un robo, pero su vida de 23 años concluyó de manera abrupta el sábado a la noche, al enfrentarse con la policía. Murió de un disparo mientras pretendía ingresar en los departamentos de Mitre 558.
En medio de la discusión casi natural que se generan en las redes sociales, sobre este tipo de incidentes y los límites en el ejercicio de las fuerzas de seguridad para reprimir delitos, surge otra cuestión recurrente: la tarea del Patronato de Liberados.
En una de las notas sobre el ladrón abatido, Miguel Pinto, un lector de lanueva.com, comentó: "Otra vez en manos de los del Patronato de Liberados, me pregunto para qué sirven?"
Contra toda creencia popular, el organismo provincial dependiente de la secretaría de Derechos Humanos no tiene poder de policía ni de vigilante, aunque sí debe buscar que quienes alguna vez se portaron mal dejen de hacerlo.
Su propósito básico -como auxiliar de la justicia- es la prevención del delito pero a través de la inclusión social, a fin de que quienes tienen/tuvieron cuentas pendientes con la ley penal puedan superar la vulnerabilidad socioeconómica y evitar la discriminación.
El Patronato de Liberados no tiene la responsabilidad absoluta sobre la reincidencia delictiva de las personas. Es un mito que parece instalarse cada vez que un hecho de estas características sacude la realidad.
O como cuando un delincuente con arresto domiciliario burla una tobillera electrónica y vuelve a la calle o un procesado deja de cumplir alguna de las reglas de conducta que le fijó un tribunal.
Personal sin recambio
Está claro que no deben ejercer una custodia sobre los postpenitenciarios (aquellos que estuvieron presos y hoy gozan de libertad condicional o asistida), pero da la sensación que no logran cumplir sus objetivos medulares, más allá del esfuerzo que le pone a diario el plantel profesional de trabajo.
En la delegación Bahía Blanca, en particular, desde 2016 a la fecha creció claramente el número de tutelados (personas a las que deben acompañar) aunque se recortó el equipo de operadores.
Antes eran 35 y ahora son 27. Jubilaciones, traslados y fallecimientos, sin recambios.
Tampoco alcanzan los insumos ni los recursos técnicos: tienen un solo auto para recorrer la ciudad y Coronel Rosales o distritos más lejanos, como Carmen de Patagones. Deben pedir turno cada vez que viajan.
"Nuestra responsabilidad es social, no hacemos un control las 24 horas", advertía hace un tiempo Silvina García, directora de la Región I del Patronato, que abarca nuestra ciudad y la región pero tiene cabecera en Azul.
Hoy prefiere el silencio. No respondió a la requisitoria de "La Nueva." Tampoco lo hizo la coordinadora local, Lourdes Barace. Dijo que no está autorizada a formular declaraciones.
Los operarios del sistema, por lo bajo, sí reconocen las falencias.
"Estamos obligados a complementar la función del Estado con organizaciones empresariales y gremiales, para trabajar en proyectos conjuntos", comentó uno de ellos.
Cooperativa de trabajo
De esa manera, por caso, generaron un vínculo con la Unión Industrial Bahía Blanca (a través del departamento de Responsabilidad Social Empresaria), a fin de que aquellos tutelados capacitados en alguna especialidad, como instalación de agua de red por termofusión o instalación y reparación de aire acondicionado, puedan conformar una cooperativa de trabajo.
La iniciativa fue una de las 5 finalistas del concurso ImpulsaRSE.
"Está pendiente un curso de sanitarista, con formación profesional, que podría hacerse este año", comentó el mismo trabajador social.
El problema es que este tipo de cursos son virtualmente personalizados. Participan menos de 10 en cada uno, cuando son más de 180 los tutelados que pasaron en algún momento por la cárcel, es decir que tienen más necesidades o limitaciones a la hora de resocializarse.
El resto de los asistidos -la gran mayoría- tiene causas judiciales pero no estuvo entre rejas.
"La gente tiene que entender que cualquiera de nosotros puede ser tutelado por el Patronato de Liberados. Quien provoca un accidente de tránsito, por ejemplo, también puede cumplir determinada tarea comunitaria como regla de conducta. Además, más del 70% son procesados, aunque es difícil que la sociedad entienda y diferencie entre penados y procesados", explicaba García.
La idea es profundizar los proyectos, pero la traba es la misma: la burocrática y la económica.
“Un reclamo histórico”
La que sí habló formalmente sobre la problemática es la secretaria general de la delegación local de ATE, Viviana Marfil.
"Es un reclamo histórico. Venimos pidiendo nombramientos desde hace mucho tiempo", sostuvo.
Confirmó que de los 35 operarios estables, hoy quedan 27, de los cuales solo 18 son asistentes sociales, mientras que el resto son abogados, psicólogos, un técnico y dos administrativos.
"Dos se fueron a la zona, a Tornquist, hubo gente que se jubiló y un fallecimiento, pero no nombraron gente. Esto es un recorte de personal", opinó.
Para Marfil, "así no puede trabajar el Patronato de Liberados; cada trabajador tiene 70 casos a cargo y no está en condiciones de hacer la función que corresponde".
Después del 29 de mayo de 2013, cuando la trabajadora social Laura Iglesias fue asesinada por un tutelado en Miramar, el personal del Patronato de Liberados se moviliza en parejas, nunca de manera individual.
"Además de padecer ese tipo de situaciones, más de una vez tiene que usar recursos propios. Muchas veces ponen de su bolsillo, como por ejemplo la movilidad", amplió la gremialista.
Marfil consideró que la acción asistencial y de contención que debe priorizar el organismo se podría otorgar de manera eficiente si contara con los recursos necesarios, especialmente los humanos.
"Sucede lo mismo con los Centros de Referencia, en la parte Penal Juvenil, siendo un organismo provincial, tiene solo 5 trabajadores y contratados por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Además consideró que la misma política gubernamental de "cierre de los centros de formación" aplica para la propagación de cursos de capacitación laboral en el Patronato.
"En definitiva, no puede cumplir la función porque el Estado no pone los medios", concluyó.
Marfil, por último, reclamó por la falta de funcionalidad de la sede del ente, ubicada en Palau 83. "Es otro reclamo histórico: es una casa y vos necesitás oficinas, para que cada trabajador pueda realizar una entrevista", cerró.
En medio de una encrucijada
Las falencias en el funcionamiento del Patronato de Liberados se dan en un marco de crecimiento exponencial de la sobrepoblación carcelaria, que hoy es del orden del 40%.
Esta situación motivó a fines del año pasado la intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que decidió conformar un comité de crisis a fin de buscar soluciones, especialmente después del fuego cruzado entre los distintos poderes.
Es que muchos referentes de los tribunales sienten que, al menos por momentos, reciben un doble mensaje desde la política y se sienten como "jamón del sandwich".
Aseguran que, por un lado, les piden por la liberación de detenidos, para tratar de descomprimir la situación carcelaria y que no se desborde y, por otro, cuestionan públicamente a los jueces que otorgan beneficios a aquellos detenidos que vuelven a ser noticia porque reinciden.
De hecho, desde algunos sectores oficiales, en particular de áreas del Ministerio de Seguridad, criticaban el año pasado la supuesta "puerta giratoria", aunque desde otros llegaba el pedido de mitigar la sobrepoblación carcelaria.
Uno de los pocos jueces que hizo pública esta situación -más allá de otros que lo reconocen por lo bajo- es el doctor Pablo Poggetto, presidente de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata.
"Nos pusieron en conocimiento del diagnóstico del Servicio Penitenciario Bonaerense, con capacidad para 28 mil detenidos y que hoy tiene 42 mil. Nos dicen 'señores, estamos colapsados, den más morigeraciones, más arrestos domiciliarios', pero una vez que pasa un hecho desgraciado, el poder político se pone de la vereda del reclamo y ajusticia al Poder Judicial", había declarado en un programa televisivo de su ciudad.
Cada vez son más los presos con tobilleras
Como resultado de un sistema penitenciario perverso, que desde hace décadas se retroalimenta y suma víctimas inocentes, sobrepoblación de presos y un casi nulo efecto resocializador, se multiplicó en la provincia de Buenos Aires en general, y en Bahía en particular, el uso de sistemas alternativos de detención.
Las 56 unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tienen un excedente de más de 10 mil internos, entre las 40 mil personas que nuclea, y la tasa de recambio es de +3.500 (entre los que entran y salen de prisión), es decir que crece a cada año de una manera mucho más amplia que la de construcción de nuevas plazas de alojamiento.
Una salida elegante a la crisis fue el uso de las tobilleras electrónicas que tienen un muy bajo nivel de quebrantamiento, más allá de la trascendencia pública de algunos casos que llamaron la atención.
En nuestra ciudad también crecieron de manera progresiva: 20 en 2015; 40 en 2016; 45 en 2017 y 51 el año pasado.
El control lo reciben no solo aquellos presos con prisión domiciliaria, sino los que tienen salidas transitorias, ya sea por trabajo, estudio o cuestiones sanitarias.
Se trata de un dispositivo fijo, ajustado al tobillo del detenido, que permite la comunicación permanente con el Centro de Monitoreo del SPB, que funciona en La Plata, para saber dónde están los detenidos.
El aparato, que tiene una vida útil de unos dos años -la unidad fija de la batería dura 18 meses- es de plástico sumergible y resistente al agua, es liviano e hipoalergénico, sin presentar interferencias en cuestiones de salud.
La reincidencia
El Código Penal prevé la reincidencia para quienes cometan un nuevo delito luego de haber cumplido, "total o parcialmente", una pena de prisión.
En el Departamento Judicial Bahía Blanca, según un informe que publicó "La Nueva." hace poco más de un año, los que mayor reiterancia tienen son los autores de los asaltos con armas, que llegan al 32%.
En un segundo escalón se ubican aquellos acusados por el delito de tenencia de armas (22%) y, en tercer lugar, los homicidas (11%).
Más atrás, y contrariamente a lo que se prevé, apenas el 6% de los sentenciados por violaciones y abusos sexuales volvieron a delinquir, aunque en este caso hay que hacer una salvedad: las condenas son, generalmente, largas.