Bahía Blanca | Viernes, 19 de abril

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Un nuevo escenario social con premios y castigos

La columna dominical de Eugenio Paillet, corresponsal de La Nueva. en Casa Rosada.

Archivo La Nueva.

   En términos estrictamente vinculados a la estrategia política, puede afirmarse sin margen de error que Alberto Fernández decidió de movida no ser Mauricio Macri. En boca de algunos observadores, cargados de ironía, cabría asegurar que el presidente del Frente de Todos nunca fue ni será discípulo de Durán Barba. Su antecesor no solo lo fue, sino que apostó hasta su alma a la fórmula que le impuso el gurú ecuatoriano: no hay que dar malas noticias al asumir porque no se le puede "tirar pálidas" a la gente.

   Alberto, o buscó diferenciarse absolutamente de Mauricio, como creen algunos, o entendió, lo que es mucho más probable, que si hay que anunciar malas nuevas a la población, incluso a una parte que seguramente lo votó, mejor hacerlo de arranque y en un solo paquete. Lo primero que hizo el hombre al que Cristina Fernández puso al tope de la formula que ganó las elecciones fue machacar sobre la pesada herencia recibida. Base fundamental para poder alumbrar  luego el mega proyecto de ley de Solidaridad Social sin el cual al parecer el país  se desbarrancaba sin remedio hacia el precipicio.

   El duro ajuste que aplicará el Gobierno a partir de las facultades que le otorga la ley enviada de apuro al Congreso, es en el fondo la mejor probanza de que, como muchos presagiaban, la frazada es demasiado corta. Para cubrir a unos habría inexorablemente que destapar a otros. Es en líneas generales lo que va a ocurrir.

   Resulta claro que del lado más acogedor de la frazada quedaron aquellos que para el nuevo Gobierno fueron desprotegidos y dejados de lado por la insensibilidad social del macrismo, como los que viven debajo de la línea de pobreza, los desamparados de los índices que marcan la indigencia, los jubilados y pensionados que cobran las percepciones mínimas y quienes no tienen empleo, entre otros sectores a la deriva.

   Esa mirada absolutamente desprovista de condimentos políticos sobre las enormes facultades que el Congreso le otorga a Fernández para que aplique beneficios y castigos al cuerpo social queda expuesta sin necesidad de profundizar demasiado en el texto de la mega ley.

   Ocurre que del lado en el que la frazada no alcanza, parecieran otra vez quedar aquellos sectores que suelen por lo general pagar sus impuestos, intentar aunque sea mínimos niveles de ahorro, o los que producen y trabajan en el campo y la industria, que parecieran ser y no desde ahora los eternos patos de la boda.

   Es cierto que a través de estos instrumentos con que contará desde ahora el Gobierno se asegura las herramientas tan necesarias para atacar tal vez el frente más conflictivo que es el del endeudamiento externo. Puede concederse aquí que fue algo más que una chicana, o una frase hecha para justificar lo que después se vendría, que el Gobierno entrante anunciara a propios y extraños que asumía con una economía en caída libre y en default virtual. 

   Y que si al mismo tiempo tomaba la decisión al parecer innegociable de no apelar a la máquina de hacer billetes para achicar el déficit fiscal, volver a crecer aunque sea en modo homeopático, y además pagar los compromisos con el Fondo y los acreedores privados, la salida era la ley de Emergencia Social.

   Hay quienes sostienen en medio de los análisis que bordearon las deliberaciones en el Congreso que el Gobierno que hará uso de esa herramienta es solidario con algunos sectores sociales, pero a la vez insolidario con otros que no necesariamente son los "ricos" para los que supuestamente gobernaba Macri. 

   El congelamiento de la movilidad jubilatoria para quienes ganan por encima de los $ 19 mil, una suma que para los redactores de la ley pareciera -erróneamente, qué duda cabe- marcar la raya entre jubilados carenciados y jubilados pudientes, es apenas una prueba de la razón que asistiría a aquellos analistas. 

   La decisión deFernández de resolver a última hora segmentar el aumento a las retenciones agropecuarias, que no contenía el proyecto original, es otra señal de que el Gobierno al menos esta vez se solidarizó con el pequeño y mediano productor, acusado injustamente por los Kirchner como integrantes de los "piquetes de la abundancia" en la batalla por la 125.T

   También podría suponer un freno al "Vamos por todo" -que para algunos se escondía tras la ley- la decisión de eliminar el artículo 85 que le otorgaba al presidente casi la suma del poder público.

   Queda la impresión, sustentada para no pocos observadores en los hechos y en el texto de la ley, que el ajuste en marcha pareciera destinado a recaer en aquel 41 % que votó a Macri en octubre pasado.