Tras más de 12 horas de debate en el Senado, se aprobó la ley de Solidaridad Social

   El Senado aprobó esta madrugada y convirtió en Ley, el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

   Tras una maratónica sesión, recibió 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención. 

      Al inicio de la sesión, el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, solicitó dos horas de cuarto intermedio para "tomar conocimiento de las modificaciones" hechas al proyecto por la Cámara de Diputados.

   Naidenoff puso esto como condición para habilitar el tratamiento del tema, dado que al no tener dictamen de comisión el Frente de Todos necesita que los dos tercios de los presentes avalen el inicio del debate del proyecto.

   Ante ese escenario, su par del Frente de Todos, José Mayans, aceptó el pedido y, finalmente, se acordó que la pausa fuera de una hora y media.

   Sin embargo, finalizado el cuarto intermedio, el Frente de Todos, con mayoría suficiente para tener quórum propio, bajó en soledad al recinto y habilitó el tratamiento sobre tablas con los dos tercios de los presentes, que en ese momento eran solo los que acompañan el proyecto.

   En realidad, la ausencia de Juntos por el Cambio fue lo que le permitió al oficialismo habilitar el tratamiento, debido a que la intención de un sector del PRO y otro de la UCR -con Martín Lousteau como principal impulsor de la estrategia- era bajar al recinto para que el Frente de Todos no alcanzara por sí solo los dos tercios y bloquear así el debate.

   Así lo indicaron fuentes de la bancada opositora, quienes precisaron que la ausencia de Juntos por el Cambio en el recinto fue por un acuerdo al que llegaron el presidente del bloque PRO, Humberto Schiavoni, con el jefe del Frente de Todos, José Mayans.

   Las fuentes consultadas por NA confirmaron que hubo una fuerte discusión en el interbloque por la decisión de no bajar al recinto que, finalmente, fue lo que permitió al oficialismo habilitar el tratamiento. Juntos por el Cambio votará en contra del proyecto en general y acompañará en la votación particular algunos capítulos.

 Durante el debate, el Frente de Todos justificó la declaración de "emergencia económica, financiera, fiscal,  administrativa, previsional, energética, tarifaria y social" con  críticas a los resultados de la gestión de Mauricio Macri,  mientras que Juntos por el Cambio apuntó contra la delegación de  facultades, la suspensión de la ley de movilidad y las  retenciones.

   En el oficialismo, el cordobés Carlos Caserio -que abrió el  debate- remarcó que "la pobreza llegó a 40,8 %", mencionó la  "tremenda deuda externa de 276.686 millones de dólares" e  indicó: "La emergencia es el modo que tenemos para salir de este problema. Esta ley es para poner a la Argentina en movimiento y que no siga parada".

   Además, destacó el congelamiento de tarifas eléctricas y de gas por 180 días que establece la nueva ley y la posibilidad de  que "las pymes no inscriptas lo hagan para percibir los  beneficios de condonación de multas, intereses punitorios y resarcitorios", entre otros puntos.

   En tanto, la santafesina María de los Ángeles Sacnun defendió la cesión de facultades al Poder Ejecutivo al afirmar que el Congreso tendrá "un control" sobre esa delegación y destacó que  el restablecimiento de las retenciones será con "segmentación" entre pequeños y grandes productores, algo que fue incorporado por la Cámara de Diputados.

   "Yo soy orgullosamente productora agropeucaria y creo que esta segmentación es un logro histórico, porque siempre hemos planteado la necesidad de tratar de manera desigual a los que son desiguales, tratarlos igual es una injusticia", señaló.

   Por la oposición, uno de los más duros fue el bonaerense  Esteban Bullrich, quien consideró que "esta ley hace del Congreso una herramienta inútil para la construcción de consensos" y sostuvo que "diluye" el discurso que tuvo el  presidente Alberto Fernández en su asunción.

   El porteño Martín Lousteau, en tanto, sostuvo que "en campaña  el Presidente dijo que el aumento a los jubilados iba a ser sacándole plata a los bancos y ahora le saca plata a los jubilados".

   Por su parte, el entrerriano Alfredo De Ángeli, quien se hizo famoso en 2008 por la pelea por la suba de retenciones, se refirió a ese punto y señaló: "Esta es una cámara federal y este  tipo de impuestos va en contra de nuestras provincias".

Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

   La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

   Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

  Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, exfuncionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

   Cuando la medida comenzó a debatirse, se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar un proyecto de ley para que sea debatido durante las actuales sesiones extraordinarias para terminar con las jubilaciones especiales en la Justicia y en el Cuerpo Diplomático. (NA y Télam)