Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

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Aun con viento en contra, las pymes bahienses del software solamente piensan en crecer

Las vicisitudes de la economía nacional afectan a este pujante sector de la economía de la ciudad, aunque todavía tiene mucha tela para cortar. 

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva

Francisco Rinaldi

frinaldi@lanueva.com

    Las   pymes del software bahienses no escapan a los efectos de la generalizada imprevisibilidad que genera la inflación, mientras esperan por la reglamentación de la ley de Economía del Conocimiento para fines de este mes, un necesario catalizador para este prometedor sector de la economía local.

    La recientes medidas para el mercado cambiario, que obliga a los exportadores a liquidar divisas en el BCRA dentro de los cinco días hábiles posteriores al cobro de la operación, fueron otro escollo para las firmas locales (algunas exportan hasta el 90% de sus desarrollos). 

     Sin embargo, las consecuencias de esta decisión gubernamental son nada comparadas con la falta de personal, la real amenaza para esta actividad, altamente intensiva en mano de obra calificada.  

     “Cuando se provocó la primera gran suba del dólar inmediatamente se frenaron los proyectos de clientes nacionales argumentando que no continuaban hasta tanto haya estabilidad. Con lo cual, las empresas se vieron afectadas”, manifiesta Mauro Gesuitti, cofundador de Neocomplexx.

     De acuerdo con Ricardo de Weerth, presidente del Polo Tecnológico del Sur y empresario del software, la política de precios que practica le permitió no verse tan afectado por la actual coyuntura. 

    “Si bien los salarios se incrementaron en un 30%, también los precios de mis servicios lo hicieron de igual modo. Esta política de actualización de tarifas que realizamos desde hace un tiempo nos ha dado buenos resultados”. 

     “Sin embargo, las empresas que tienen como política actualizar sólo una vez al año sí han sido afectadas notablemente por la inflación, ya que les resulta casi imposible trasladar a los clientes los altos porcentajes inflacionarios en que se les incrementan los costos, por lo tanto, terminan absorbiendo parte de dichos incrementos, disminuyendo así su rentabilidad”, advierte De Weerth.

     Según Ariel Trellini (Assertia), titular de una empresa que vende la mayor parte de sus desarrollos al exterior, “siempre es favorable tener un dólar alto. Sin embargo, si miramos en perspectiva, los valores del tipo de cambio y de la inflación de los últimos 8 años ha mostrado gran inestabilidad, que afecta a las decisiones estratégicas de crecimiento por la incertidumbre con respecto a lo que puede venir”.

    “Lo ideal para nuestro sector sería lograr estabilidad y previsibilidad en términos de costos y rentabilidad. Eso nos permitiría realizar proyecciones de crecimiento e inversión que se sostengan en el tiempo y no se vean afectadas por la coyuntura económica”, explica. 
Gesuitti coincide en que la inflación impide planificar los costos de proyectos que duran 6 o 12 meses.

     “A las empresas que trabajan para el exterior les genera un gran dilema. El valor hora en dólares, que en un principio generaba rentabilidad, luego se ve atacado por la inflación de la moneda local, donde los costos y sueldos suben, pero al cliente del exterior no se le puede modificar el precio pactado”, acota.

     Además, la exigencia de liquidación de divisas impide armarse de un colchón de dólares, aunque no difiere del que imperaba en 2015, cepo cambiario kirchnerista mediante. 

    Pero la preocupación excluyente de los empresarios pasa por la falta de personal para afrontar proyectos, dada la renuencia de los jóvenes a seguir carreras relacionadas con la tecnología.  

    “La cantidad de profesionales no es suficiente para cubrir la necesidad del sector”. 

     “Esto pasa en Bahía Blanca, en Argentina y en gran parte del mundo. En este sentido, sería importante fomentar en la juventud las carreras relacionadas a la tecnología, principalmente, entre quienes estén a punto de terminar sus estudios secundarios”. 

     “Este es el desafío que tenemos todos los que realmente creemos que el sector tecnológico puede transformarse en un gran protagonista de la matriz productiva de la región”, dice Trellini. 

Esperado apoyo

     Mientras tanto, el sector aguarda por la pronta reglamentación de la ley de Economía del Conocimiento. 

     La misma contiene importantes beneficios, en línea con sus dos antecesoras: la ley 25.922 de Promoción del Software, que estuvo activa desde 2004 a 2014, y la 26.692 (que prorroga la anterior, aunque con modificaciones) actualmente en vigencia. 

     “La nueva ley todavía no está reglamentada, pero tiene algunos cambios que son positivos, sobre todo, porque facilita el encuadre a los pequeños emprendores y empresarios”, destaca Lidia De Maio, socia gerente de Comervia, una firma especializada en asesorar a empresas de tecnología. 

     La reglamentación se espera a finales de este mes. 

     Para encuadrar, las empresas tienen que poseer un 70% de la facturación generada por las actividades promovidas en la ley (se agregan otras más, además del software). 

     “Lo interesante es con el encuadre anterior superado, se permite el ingreso a firmas con menos de 3 años de vida”. 

     “Además, se pide mostrar facturación y no los estados contables cerrados, como se solicitaba anteriormente, algo que no siempre está al alcance de un emprendedor”, manifiesta De Maio. 

     Vale aclarar que solo pueden aplicar a la ley las personas jurídicas, ya que no es apta para personas humanas. 

      Cumplimentado el encuadre, se deben superar al menos dos de los siguientes cuatro requisitos: el 13% de que lo facturado se tiene que exportar, el 3% se debe destinar a actividades de Investigación y Desarrollo (I+D),  el 8% de la masa salarial tiene que ir a actividades de capacitación y acreditar una norma de calidad (ISO 9001). 

    “Los beneficios para las empresas son la devolución de los aportes patronales a través de un bono fiscal anual, el pago de la  mitad de la tasa de Ganancias y estabilidad fiscal por el período de vigencia de la ley, lo que es muy importante, ya que se garantiza al empresario que no se verá a futuro afectado por la imposición de Derechos Aduaneros”, acota De Maio. 

      Se espera, al igual que con sus antecesoras, la adhesión de las provincias a la normativa, lo que les otorgaría la excepción en el impuesto a los Ingresos Brutos.