La industria local del software, a la espera de un proyecto superador

Redacción de La Nueva.

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Francisco Rinaldi

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Un proyecto de ley que promueve incentivos para las pymes del software, más inclusivo con respecto a la ley vigente, podría ser un estímulo necesario para uno de los sectores con mayor potencial de nuestra ciudad. 
Es que la actual ley de Promoción de la Industria del Software, promulgada allá por 2004, tiene fecha de caducidad el 31 de diciembre del año en curso, por lo cual, referentes sectoriales locales y nacionales coinciden en que es imperioso aprobar el proyecto -denominado de Economía del Conocimiento- para dotar de previsibilidad a un sector que logró exportaciones por 1.700 millones de dólares en 2017 y que va por 10.000 millones de cara al largo plazo. 
En la ciudad, una veintena de empresas registradas en el Polo Tecnológico del Sur -una entidad público-privada- se dedica a esta actividad, ampliamente intensiva en recurso humano calificado, algo que en Bahía Blanca, no falta. 
"Ni hace falta que mencione que la calidad del recurso humano que tenemos en Bahía Blanca es excelente. De hecho, nuestro problema es la falta de mano de obra, y es por eso que afrontamos una demanda de empleos insatisfecha, en parte, porque no muchos chicos eligen estudiar Sistemas. En nuestro país, todavía está muy arraigado el paradigma de mi hijo el doctor, sin saber que muchas veces, seguir Sistemas te asegura un trabajo y con grandes posibilidades de crecimiento", señaló el presidente del Polo -y además empresario del sector-, Ricardo de Weerth. 
Opinó que la iniciativa que espera tratamiento legislativo en marzo de este año "es más inclusiva con respecto a a vigente ley de Promoción del Software, que, si bien tiene enormes beneficios para las empresas, impone requisitos a los que no todos pueden acceder. Una vez en vigencia, la idea es facilitar la adhesión de las micro y pequeñas empresas de software, con menos de 10 empleados". 
De Weerth recordó que en Bahía Blanca, más del 70 por ciento de las empresas tiene hasta 9 empleados, replicando lo que ocurre a nivel país. 
"No todas las empresas están registradas en el Polo, pero el tamaño promedio se encuadra dentro del segmento de las micro y pymes. Además, hay dos grandes centros de desarrollo de software en nuestra ciudad", explicó el presidente de la entidad. 
Para el director general de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (Cessi), Mauro Busso, uno de los principales aspectos positivos del proyecto es la previsibilidad que da a una industria altamente intensiva en conocimiento. 
"Lo positivo es que después del 31 de diciembre la industria no tenía nada, porque la ley de Promoción del Software no contaba con una fecha de prórroga ni de renovación".  
"Por eso, de lograr aprobarse, el proyecto daría una enorme previsibilidad al sector", destacó Busso. 
Además, explicó que los costos se incrementarían de forma significativa si ocurriese lo contrario. 
"Si dejamos de percibir los beneficios fiscales de la ley de Promoción no vamos a tener más acceso al bono fiscal, por ejemplo", advirtió el director de la Cessi. 
El bono fiscal -que estipula la norma aún vigente y que también contempla el proyecto de Economía del Conocimiento- permite convertir hasta el 70% de las cargas patronales en un bono de crédito fiscal intransferible para cancelar, cumpliendo ciertos requisitos, tributos nacionales como el IVA o Ganancias.  
"Ese es un incentivo fundamental para nosotros. El 80% de nuestros costos son laborales", explicó De Weerth. 
Más flexibilidad
Pero de acuerdo con Busso, el proyecto es más flexible e inclusivo frente a la actual ley de Promoción. 
"Se incluyen más actividades promovidas y se abarca a más industrias que dan valor agregado. Es también menos burócratico y se flexibilizan más los requisitos que antes hacían difícil el acceso para una empresa chica", destacó Busso. 
A modo de ejemplo, la ley de Promoción de Software exige para acceder a sus beneficios que las empresas cumplan con por lo menos dos de las siguientes condiciones: acreditar gastos de Investigación y Desarrollo (I+D), acreditar una norma de calidad aplicable a productos o procesos de software o la exportación de software. 
"Con el proyecto, el I+D considera las actividades de capacitación en las que invierten las empresas, por ejemplo. También se relaja otra exigencia, como la acreditación de las normas de calidad", señaló Busso.
Precisamente, explicó que uno de los escollos que hacía más difícil el acceso a las pymes es el requisito de la certificación de calidad, que cuesta entre 15.000 y 20.000 dólares, un monto que no todas están en condiciones de reunir. 
"El proyecto no borra esta exigencia, pero la torna muchísmo más sencilla de cumplimentar, porque prevé que las firmas que se hayan embarcado en un proceso de mejora contínua, aunque no tengan la certificación, puedan calificar", señaló Busso. 
Las retenciones
La industria del software se vio sacudida a mediados del año pasado por una mala noticia: la imposición de Derechos a la Exportación que gravarían sus ventas al exterior. 
"Para las pymes de la industria, que exploraron en su momento la posibilidad de  acceder a mercados externos gracias al dólar alto, la noticia fue devastadora". 
"Sin embargo, gracias al trabajo iniciado con la gente del ministerio de Producción,  conseguimos que las empresas micro y pequeñas no tributen esos Derechos hasta los 600.000 dólares de facturación, un monto elevado y que las exime de afrontar el tributo", explicó Busso. 
De Weerth señaló que la medida no habría generado un impacto de magnitud en la ciudad, precisamente, gracias a que el umbral a partir del cual se empieza a tributar "es alto para las firmas locales, la mayoría, de pequeña a mediana envergadura". 
Busso acotó que desde el Cessi "apoyamos la media, siempre y cuando sea transitoria". 
Mi hijo el programador
Salarios un 40% por encima de la media de cualquier industria nacional y la posibilidad de elegir donde trabajar tentaría a más de uno.
Sin embargo, la falta de mano de obra calificada sigue siendo la amenaza más importante para una actividad con perspectivas de crecimiento que no conocen de techos ni de limitaciones. 
De hecho, datos de la Cessi advierten que año a año, entre el 40 y el 50% de los pedidos de empleos no puede ser cubierto, más allá de cualquier problema que tenga la macro. 
Es que aunque en 2018 no se cumplieron las expectativas de creación de empleos -se generaron unas 9.000 nuevas posiciones cuando se esperaban 13.000- hubo demanda laboral insatisfecha. 
"Desde la Cámara hemos logrado avances. Pero en Argentina, las carreras tradicionales, como abogado o contador, siguen concentrando las preferencias de los jóvenes. Me parece que es hora de cambiar el 'mi hijo el doctor o mi hijo el contador ' por 'mi hijo el programador'", dice Busso. 
Desde una perspectiva histórica, la estadística del ministerio de Trabajo señala que el empleo, la variable de mayor sustento para entender el crecimiento del sector y su potencialidad, ha crecido razón del 42,2% entre 2008 y 2017, a una tasa anual acumulativa del 4 %. 
A modo de comparación, también a partir de datos de la cartera laboral, el empleo registrado de todo el sector privado entre ambos años creció un 10,7%  (+1,1% acumulativo anual).