por Paola López

Ecuador presentó el sábado un  reclamo diplomático a Colombia por el manejo “precipitado” e  “insensible” que le ha dado al proceso de identificación de tres  cuerpos que serían del equipo de prensa asesinado en cautiverio  por rebeldes disidentes de FARC.
La cancillería envió una carta de protesta que recoge el  malestar de los familiares de los dos periodistas y el conductor  del diario El Comercio, ante la divulgación de datos parciales  sobre la investigación forense que se lleva a cabo en la ciudad  colombiana de Cali. 
El jefe de la diplomacia ecuatoriana, José Valencia, también  pidió sanciones contra quienes, “con su conducta precipitada e  insensible, han causado adicional estrés psicológico a las  familias de los periodistas ecuatorianos”, secuestrados el 26 de  marzo en la frontera.
El enojo del gobierno ecuatoriano se originó en un tuit del  ministerio colombiano de Defensa difundido la noche del viernes,  en el que aseguró que ya había un “99%” de certeza de que los  cadáveres corresponden al periodista Javier Ortega (32 años), el  fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60).
El ministerio lanzó la afirmación apoyado en el análisis de las  cartas dentales.
Sin embargo, autoridades forenses desmintieron esa versión y  aclararon que solo cuando termine el cotejo de las pruebas de ADN  podrán confirmar la identidad de los cuerpos recuperados el jueves  en Tumaco, en el lado colombiano de la frontera. 
Este proceso podría tardar hasta 72 horas.
El viernes “se realizó la necropsia y lo primero que  encontramos fue que hay una coincidencia en algunos elementos en  la prendas de vestir que tenían las personas ecuatorianas en el  momento del secuestro”, sostuvo Carlos Valdés, jefe de Medicina  Legal, a W Radio. 
Y si bien -agregó- “hay una coincidencia en las cartas  dentales” estos “no son elementos de juicio científico que nos  permitan tener una identidad”.
Los familiares que llegaron a Cali para acompañar el proceso de  identificación, repudiaron la actuación de autoridades  colombianas.
“Rechazamos enfáticamente (...) que no exista respeto,  sensibilidad y humanidad”, expresó a los medios Yadira Aguagallo,  pareja de Rivas.
Y enfatizó que ya “son 88 días de tortura psicológica y  emocional, de un trato irrespetuoso e indigno a estas familias”.
El equipo periodístico de El Comercio cayó en poder del grupo  que dirige el exguerrillero Walther Arizala, conocido con el alias  de Guacho, cuando realizaban un reportaje en la convulsa frontera  donde opera el narcotráfico. 
Los tres fueron asesinados en cautiverio en Colombia, según  anunció el gobierno ecuatoriano el 13 de abril. Los captores  pretendían la excarcelación de allegados a Guacho presos en  Ecuador, a cambio de la liberación de los rehenes. 
A lo largo de este tiempo los dos gobiernos han ofrecido  información de manera descoordinada y contradictoria. Incluso  Colombia negó en un principio que los ecuatorianos estuvieran en  su territorio donde finalmente fueron ejecutados.
Los cadáveres fueron localizados con la ayuda de perros  policías en una fosa rodeadas de minas, según el ministro de  Defensa. Un cuarto cuerpo también fue hallado y correspondería al  jefe de seguridad de Guacho. 
“Apelamos a la sensibilidad de este país donde perdieron la  vida nuestros seres amados, rechazamos todos esos intentos de  quebrarnos psicológicamente”, agregó Aguagallo. 
El gobierno colombiano no ha respondido a la protesta  ecuatoriana.
El viacrucis de los familiares podría recién terminar el lunes  próximo, cuando los forenses en Cali prevén dar a conocer las  conclusiones del análisis genético definitivo.
“Terminada la necropsia, la carta dental es totalmente  insuficiente para otorgar la plena identidad de los cadáveres  encontrados”, insistió Jairo Cadena, jefe local de Medicina Legal.
Una vez se compruebe su identidad, los despojos de Ortega,  Rivas y Segarra serán repatriados a Ecuador, un país que nunca  antes había lidiado con una tragedia semejante.
A raíz de este crimen repudiado en todo el mundo, Colombia y  Ecuador lanzaron una feroz cacería contra Guacho en ambos lados de  la frontera.
Guacho es un exmando medio de la ya disuelta guerrilla FARC,  que se apartó del acuerdo de paz que condujo al desarme de unos  7.000 combatientes en 2017.
De origen ecuatoriano, Guacho es acusado por el ejército  colombiano de operar como brazo armado del cartel mexicano de  Sinaloa y de tener también secuestrados a los ecuatorianos _scar  Villacís (24) y su compañera Katty Velasco (20).
Sin un mando unificado, los rebeldes disidentes operan en  apartados puntos de Colombia donde disputan las rentas del  narcotráfico y de la minería ilegal. Estos grupos estarían  conformados por unos 1.200 combatientes.

Paola López es periodsita de la agencia AFP-NA.