Policía y narcotráfico: Asuntos Internos posó la lupa en nuestra región

   Las sospechas sobre complicidad de policías de Bahía y la zona con narcotraficantes generaron que la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) se enfocara en una investigación para determinar si están involucrados en el delito de comercialización de estupefacientes.
   Una de las principales acciones a cargo del organismo dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense fue la creación de una comisión ad hoc, integrada por cuatro instructores de Asuntos Internos oriundos de nuestra ciudad y la región.
   El auditor general Guillermo Christian Berra, durante una entrevista exclusiva con “La Nueva.”, aseguró que en sus viajes a esta ciudad familiares de víctimas de la inseguridad le plantearon la cuestión de la aparente connivencia policial con delincuentes dedicados a la venta de droga.
   “Todos me planteaban el flagelo de la droga como un tema medular en la zona, porque muchos delitos tienen conexión con esa problemática. Me decían que había mucha connivencia policial y permisos, que todos miraban para otro lado y era un mal que arreciaba. No me hablaban de extorsión”, sentenció Berra.
   A raíz de esa situación, el funcionario ordenó la realización de procedimientos en Bahía y el ente a su cargo efectuó investigaciones vinculadas, por ejemplo, con el operativo Bobinas Blancas desarrollado en esta ciudad, donde en junio se secuestró casi una tonelada y media de cocaína oculta en rollos de acero.
   En ese sentido, el abogado de 49 años hizo referencia a los sumarios administrativos abiertos al subcomisario Alberto Luis González, los oficiales principales José Luis Galarza y Javier Eduardo Urbano y al capitán Alberto Rosamel Dodero, acusados por el fiscal federal Antonio Castaño de encubrir a Juan Ignacio Suris cuando, al parecer, lideró una supuesta banda narco en la ciudad.
   Paralelamente a la instrucción judicial, Asuntos Internos investigó a los funcionarios policiales nombrados y el 9 de diciembre de 2015 exoneró a Galarza, Urbano y González, mientras que a Dodero lo suspendió por 60 días.
   “La aplicación de sanciones la hizo la gestión pasada y nosotros confirmamos los recursos de las exoneraciones”, detalló.
   Otro de los agentes locales investigados por la dependencia del ministerio de Seguridad es el subcomisario Gustavo David Cheppi, actualmente al frente de la comisaría de Punta Alta y a quien el doctor Castaño también imputó por presunta protección a Suris.
   “Le abrimos un sumario por (presunta) connivencia con delincuentes para perpetrar eventos criminales vinculados con el grupo del cual participaba Suris, pero no estuvo involucrado en esa causa”, aseveró Berra.
   Al teniente primero Walter José Schell también se lo investiga por una posible vinculación con narcotraficantes de esta zona, de acuerdo con lo informado por el auditor general con rango de subsecretario.
   Para Berra, Bahía no es ajena a la coyuntura de otras jurisdicciones de la provincia respecto de la corrupción policial en sus distintas modalidades.

De qué se nutren las “cajas negras”

   A criterio del jefe de la Auditoría General, hoy en día las “cajas negras” de recaudación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires provienen, sobre todo, del delito de extorsión e irregularidades en el pago a policías adicionales (Polad), que prestan servicios en centros de salud.
   De hecho hace pocos días una veintena de oficiales fue separada de la fuerza tras desarticularse una red de corrupción policial, que concretó una estafa millonaria contra el Estado provincial con el cobro de horas adicionales de vigilancia en hospitales públicos bonaerenses, las cuales nunca se cumplieron.

   Sin embargo, el informante indicó que no cuentan con registros de policías adicionales investigados por incumplir horas de vigilancia en hospitales de Bahía Blanca, aunque no descartó que se hayan producido casos de estas características.
   “Los (jefes) departamentales están obligados por ley a informar a Asuntos Internos las irregularidades en las que participen policías, pero no teníamos mucha información sobre Bahía. Eso nos llama la atención”, opinó Berra.
   “En los casos de extorsión, muchas veces el dinero procede de delincuentes a los que liberan (ilegalmente) o de narcos a los que (la policía) les permite operar”, consideró el hombre de confianza de la gobernadora María Eugenia Vidal.
   Los delitos y faltas administrativas tienen como autores tanto a policías con jerarquías superiores como a agentes de rangos inferiores.

159 son los policías de Bahía y la región que fueron separados preventivamente de sus cargos en los últimos dos años. De ese número, 23 fueron exonerados, 50 suspendidos y 13 agentes quedaron detenidos. A 8 se les investiga el patrimonio.

   “Aplicamos la responsabilidad objetiva del superior en los episodios de corrupción policial porque el jefe del servicio de calle de una comisaría recauda dinero negro habitualmente para el segundo jefe o el titular de la seccional”, analizó.
   “Durante los dos años de nuestra gestión apartamos de la fuerza a 7.500 policías. Expulsamos a tres comisarios generales, el máximo rango policial, y otros cuatro de la misma jerarquía fueron desafectados”.
   “Otros dos comisarios generales se retiraron antes de que podamos tomar temperamento. De cualquier manera los denunciamos y quedaron a disposición de la justicia”, resaltó el vocero.

Acá también, una pesada herencia

   A entender de la fuente consultada, durante muchos años se fue generando una carrera policial “paralela y oculta” que se “perfeccionó” con el tiempo.
   “La gestión pasada permitió perfeccionarla aun más mirando para otro lado y a veces siendo parte (de la corrupción). Antes Asuntos Internos era la escribanía de la Policía”, reflexionó Berra.
   “Ese accionar se naturalizó y nadie hacía nada porque se creía que estaba bien. Los ocho años de (Daniel) Scioli (como gobernador) fueron terribles porque hubo muchísima connivencia de la política y la justicia”, añadió.
   “No hay una receta mágica porque no es posible separar a 100.000 efectivos y sumar 100.000 policías nuevos. Se debe hacer un trabajo diario y tratar de lograr no solo una sanción disciplinaria, sino también controlar a la fuerza”, continuó.
   El entrevistado remarcó la importancia de la tarea desarrollada por el Ministerio de Seguridad bonaerense al modificar cuestiones referidas al ingreso de cadetes en las escuelas de policía, las cuadrículas de estudio y los procesos de selección del personal.
   El jefe de la AGAI ponderó, a su vez, el desempeño del comisario general Fabián Perroni al frente de la Policía bonaerense. Remarcó que tiene “bajada de línea directa para acompañar el trabajo de Asuntos Internos”.

Se trata de un canal administrativo

   Las investigaciones administrativas a cargo de Asuntos Internos son independientes a las instrucciones judiciales, e incluso el organismo apartó de la fuerza de seguridad a policías antes de que la condena de la justicia adopte firmeza.
   “Porque la desafectación de un policía es un acto subjetivo y a criterio del auditor general. No está establecido cuándo se debe desafectar a un efectivo y cuándo no”, manifestó el funcionario.
   “De hecho la única persona que por ley puede desafectar a policías es el auditor general. Ni el ministro (de Seguridad, Cristian Ritondo), ni la gobernadora (María Eugenia Vidal) y ni siquiera los instructores de Asuntos Internos que investigan, pueden hacerlo”, agregó.
   “Parte de nuestra función cuando asumimos fue separar la investigación delictiva, que llevan adelante fiscales y jueces, de la administrativa. No obstante hay excepciones, como en los delitos de abuso sexual o asociaciones ilícitas cometidos por agentes policiales, en los que ambas investigaciones tienen vinculación”, finalizó Berra.

En la región: ya son 420 sumarios 

   Entre el 10 de diciembre de 2015 y el 30 de noviembre de este año, Asuntos Internos inició 420 sumarios a policías de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist y Villarino.
   La dependencia apartó preventivamente a 159 efectivos, exoneró a 23, suspendió a 50 y 13 agentes fueron detenidos.
   El 65% de las investigaciones corresponde a casos de corrupción en general y hay 8 uniformados investigados patrimonialmente.
   La repartición, según expresó el letrado, estuvo casi inactiva durante la administración anterior y “solamente accionó sobre cuestiones generales que en su mayoría provenían de demandas judiciales”.
   “Cuando asumí como auditor general no veía que Asuntos Internos realmente saliera a combatir los delitos o faltas importantes, entonces como estrategia implementé la metodología de salir a la calle a buscar y estar adelante de las irregularidades o el delito”, enfatizó Berra.
   Según el funcionario, este nuevo mecanismo de trabajo generó un cambio de estrategia y en enero de 2016 el área comenzó a luchar contra cuatro problemáticas graves como la corrupción en general producto de la extorsión, los desarmaderos, apremios ilegales y la connivencia de policías con narcotraficantes.
   “Empecé a empaparme más sobre Bahía Blanca como zona el año pasado, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal viajó hacia allá para entrevistarse con familiares de víctimas de la inseguridad”, afirmó.
   Por pedido de la mandataria provincial, el órgano ministerial inició investigaciones en torno de los homicidios de Katherine Moscoso (18), en Monte Hermoso, y Ángel Almada (17), en Ingeniero White, como también en relación con las muertes de Catherine Ortiz (21) y Matías Müller (21), a quienes un patrullero atropelló en Punta Alta.
   “No está claro si hubo participación policial en el crimen de la chica Moscoso y en el único caso que está confirmada la participación de policías es en el accidente en Punta Alta. El asesinato de Almada todavía no se había empezado a investigar”, aseguró.
   “A partir de esos tres hechos viajé a Bahía, me entrevisté con las familias de las víctimas y trabajé con sus abogados. Además se denunciaron vinculaciones con la justicia y con fiscales. Avanzamos mucho en los tres casos en forma particular”, agregó.

Casos resonantes en toda la zona

   Entre los episodios más graves de Bahía y la región se encuentra uno reciente: el del teniente primero y catequista José Luis Andersen, procesado con prisión preventiva desde principio de este mes bajo acusación de haber abusado sexualmente de un nene de 8 años.
   El efectivo, quien cumplía funciones en la comisaría Segunda de esta ciudad, ya había sido apartado del servicio y en Asuntos Internos se tramita un sumario administrativo con elevación a sanción expulsiva.
   A fines de noviembre se apartó de la Policía bonaerense al comisario Claudio Leonardo Albarrán, ya que era el jefe de la seccional de Punta Alta cuando en mayo de 2015 un patrullero atropelló en la vecina ciudad a Catherine Ortiz (21) y Matías Müller (21), quienes circulaban en una moto y fallecieron.
   Por ese hecho se desafectó además al oficial subayudante Miguel Montaña y al capitán Gustavo Adolfo Nieva, así como se solicitó la cesantía de los tres uniformados.
   El sargento José Luis Morales, que conducía el móvil policial, también fue separado de la fuerza y se aguarda la resolución final del pedido de cesantía.
   El organismo, en tanto, desvinculó de la institución policial al subcomisario Germán Alberto Streitenberger, en ese momento titular de la seccional de Coronel Pringles, quien en octubre fue detenido imputado de exigir el pago de coimas al dueño de un boliche en Darregueira entre 2015 y 2016.
   La pesquisa se originó a raíz de una comunicación telefónica y un correo electrónico anónimos recibidos en la Auditoría General de Asuntos Internos, en los que se denunció lo sucedido.
   Por ese hecho desafectaron además al subcomisario Martín Noel Aguilar y al sargento Franco Germán Andrada Zurita.
   En otra causa, a Streitenberger se lo condenó días atrás a dos años de prisión en suspenso por encubrir a tres agentes que en 2007 golpearon a cazadores en Coronel Pringles.
   Los subalternos son los sargentos Néstor Omar Danielle y Ricardo Ariel Gette, y el oficial Ricardo Fabián Moraga, quienes junto con Streitenberger fueron sancionados, en 2009, con 45 días de suspensión de empleo cada uno.
   Estos tres policías de menor rango deberán cumplir penas de tres años de prisión en suspenso por los apremios ilegales contra los cazadores.
   En abril separaron al teniente Daniel Alberto Gutiérrez y al sargento Raúl Ceferino Gorordo, de las Patrullas Rurales de Bahía Blanca y Villarino, respectivamente, por el delito de extorsión en perjuicio de un carnicero en Pedro Luro. También se les dictó la preventiva.

   La lista de agentes separados sigue con el teniente Fernando Javier Ortega, acusado de falso testimonio en una causa por un robo a mano armada contra una comerciante en Coronel Suárez.
   A mediados de mes, el sargento Efraín Domingo Daza, agente de la Policía Local bahiense, fue apartado de la fuerza por conducir en Luro un automóvil a alta velocidad, haciendo maniobras imprudentes y en estado de ebriedad.
   El test de alcoholemia a Daza dio como resultado 2,32 gramos de alcohol en sangre y la contraprueba arrojó 2,24 gramos.

“La propia fuerza depura a los policías en falta”

   El comisario general Gustavo Maldonado, superintendente de Seguridad Interior región Sur, marcó como un aspecto positivo que la propia institución dispone de los recursos necesarios para aislar y separar de la fuerza a los policías que cometen inconductas.
   El jefe policial valoró la celeridad de Asuntos Internos a la hora de tomar medidas cautelares como la desafectación, a fin de resguardar -dijo- la figura institucional.
   “Por ejemplo les comuniqué sobre un efectivo que chocó mientras conducía ebrio y rápidamente lo desafectaron. La misma fuerza depura a los agentes que cometen faltas o delitos porque si bien son delincuentes disfrazados de policías, a la mayoría de ellos los detuvo la propia Policía”, sostuvo Maldonado.
   “Lamentablemente en el imaginario colectivo queda grabada la conducta indebida de un efectivo policial que es una oveja negra dentro del grupo”, agregó.

   Según Maldonado, los 420 sumarios iniciados en los últimos dos años a uniformados bahienses y de la zona no es una cantidad “representativa”, si se tiene en cuenta que el Departamento Judicial Bahía Blanca nuclea a entre “7.000 y 8.000” policías de Seguridad y descentralizados.
   “Tenemos muchísimos policías más y ninguno de ellos fue imputado ni sancionado. Todos los días se levantan a la mañana para hacer su trabajo de cuidar a la comunidad y dejan de lado cuestiones personales. Eso también hay que valorarlo”, dijo.
   “Me indignan los policías que hacen las cosas mal porque manchan y ponen en tela de juicio el buen trabajo que realiza el resto de la fuerza”, completó.

Otro filtro de ingreso

   Por otra parte el entrevistado recalcó que se mejoraron cuestiones vinculadas con la educación y los procedimientos de selección de ingresantes en la escuela de policía.
   Uno de los puntos relevantes es el restablecimiento del informe socioambiental respecto de los cadetes.
   “Un aspirante puede tener el secundario completo y no contar con antecedentes penales, pero en su entorno familiar son todos delincuentes. En los últimos tiempos había habido ingresos a mansalva, sin que los aspirantes superaran los filtros, pero desde 2016 el método de ingreso y el desarrollo posterior de la carrera de policía se tornaron más exigentes”, concluyó.
   En la sede local de la escuela de policía Juan Vucetich hay cupo para 250 cadetes y después del último ciclo lectivo se recibieron 164.