2 de abril de 1916, el triunfo de Yrigoyen

Redacción de La Nueva.

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Por Ricardo De Titto / Especial para "La Nueva."

En 1912 el presidente Roque Sáenz Peña, que asume en octubre de 1910, concreta la reforma política inspirada por su maestro, Carlos Pellegrini y sanciona la ley de sufragio universal.

El nuevo sistema se propone dejar en el pasado los vicios de la “era de los notables” donde el régimen se manejaba por la digitación de un pequeño grupo de políticos sumidos en la corrupción y el manejo autocrático de los negocios del Estado.

La nueva ley electoral establece el sufragio universal, obligatorio y secreto, basado en el empadronamiento militar, lo que impide, explícitamente, la participación femenina. También se resuelve que los comicios sean por “lista incompleta”: la primera minoría se asegura un tercio de los representantes electos.

Esta medida es todo un síntoma de que la elite social, consolidada su posición tras un par de décadas de bonanza económica y sólidas exportaciones agropecuarias, desea gobernar desde un sistema democrático parlamentario y aceptar el acceso al gobierno de los sectores sociales representados por el radicalismo,

La UCR, por su lado, venía de realizar sucesivas revoluciones cívicas en 1890, 1893 y 1905 reclamando su participación en igualdad de condiciones.

Tiempo antes, Sáenz Peña había invitado al líder radical, Hipólito Yrigoyen, a colaborar en su gobierno obteniendo como respuesta la perentoria necesidad de cambiar el régimen político y no pretender reformarlo “desde arriba” cooptando dirigentes opositores.

Fue entonces cuando el “Peludo” inmortalizó aquella respuesta precisa: “¡Abra las urnas al pueblo!”. La respuesta de Sáenz Peña, que no puede desprenderse del todo de su formación, es otro imperativo categórico: “¡Quiera el pueblo votar!”.

Los primeros resultados electorales donde se aplica la nueva ley demuestran que la presión en la caldera exigía descompresión: los radicales ganan en la Capital y Santa Fe, seguidos por el Partido Socialista y la Liga del Sur, respectivamente. Los partidos afines al antiguo régimen se imponen en la mayoría de las provincias y logran 48 diputados mientras que las diversas manifestaciones de la oposición totalizan 15 diputados. Están entre ellos notorias personalidades políticas: Juan B. Justo y Alfredo Palacios del socialismo, Marcelo T. de Alvear y Vicente Gallo, del radicalismo y Lisando de la Torre, de la Liga del Sur.

Las elecciones para gobernador que se realizan en Córdoba, Salta y Tucumán a fines de 1912 otorgan el triunfo por escaso margen a los oficialistas Ramón Cárcano, el millonario propietario de ingenios azucareros Robustiano Patrón Costas y Ernesto Padilla. Las denuncias de fraude se multiplican y ponen nubes de tormenta en el horizonte electoral para las presidenciales de 1916.

Un país en pleno cambio

Dos nuevas clases en ascenso, la obrera y la genéricamente llamada “media”, la asimilación al cuerpo social de millones de extranjeros –1912 establece un nuevo récord de inmigrantes porque ingresan 379.000 y salen 173.000–, y la concentración urbana de la población son cambios sustanciales en la estructura económica, social y política del país. El régimen electoral es un reflejo de ese cambio a pesar de que muchos inmigrantes tardan años en pedir nueva nacionalidad. Es de destacar –como señalan Floria y García Belsunce– que “en la Argentina del Centenario sólo el 9% de la población de más de veinte años participaba en elecciones. Con el nuevo sistema, en 1916 la participación electoral llegó al 30% y en 1928 al 41%. Pero si en lugar de tomarse la población total se considera el total de los ‘argentinos nativos’, las diferencias son más notables: en 1910 votaban 20 de cada 100 adultos; en 1916 lo harían 64 y en 1928, 77 de cada cien”, siempre ceñidos, acotemos, al universo masculino (las mujeres recién ejercerán ese derecho casi cuatro décadas después). Estos niveles de participación, obviamente, tienen íntima relación con el carácter obligatorio del voto, pero más aún, con el crecimiento de los que se podría llamar “conciencia de pertenencia” a un país, formación de una ciudadanía.

Cuando se reforma la Ley Electoral, la revista Nosotros de marzo de 1912 se había permitido comentar: “En el reciente manifiesto el presidente ha expresado el pueblo sus temores, sus anhelos y sus esperanzas acerca de la elevada acción política que ha resuelto firmemente desarrollar. [...] Se diría que ese manifiesto, antes que una voz de estímulo para la lucha, es el testamento político de uno que abandona la batalla diciendo [...] ‘ahí queda eso; es mi obra: proseguidla’”.

Aunque no haya sido la intención del periodista, fue premonitorio. Gravemente enfermo, Sáenz Peña delega el gobierno a su vicepresidente Victorino de la Plaza en 1913 y, al año siguiente, muere a los 63 años. La ley electoral que impulsó quedó en la historia registrada con su nombre.

Los radicales en el poder

Radicales y socialistas predominan en las elecciones de la Capital, que se transforma en un termómetro político para el país. El 7 de abril de 1912 cosechan 35 mil votos el PS y 23 mil la UCR. Al año siguiente, los socialistas alcanzan 48 mil votos y 30 mil los radicales. El PS logra dos nuevos diputados, Nicolás Repetto y Mario Bravo, y un senador, Del Valle Iberlucea, que cosecha 42 mil votos. En 1914, nuevamente el PS supera a la UCR y conquistan seis y tres escaños parlamentarios respectivamente. Ambos partidos mantienen fuertes polémicas públicas, que se acentuarán cuando, desde 1916, Hipólito Yrigoyen acceda a la presidencia de la Nación.

Las prácticas políticas de Yrigoyen, eran para los cultos “doctores” socialistas, formas acriolladas, paternalistas, e “incivilizadas”. Carlos Sánchez Viamonte, autor de El último caudillo y hombre de la izquierda de su partido, sostiene que el caudillo radical transpira “letras de tango” y que es “un producto del suburbio” de “mal gusto”. Para diferenciar los perfiles de ambas agrupaciones --que coinciden en ubicarse como los partidos del sistema “moderno”-- dice que mantienen distancias “estéticas”. La “causa”, como Yrigoyen llama a su “patriada”, “es, ante todo, mal gusto”.

Este sector de la inteligentzia “de izquierda”, que se siente más cómoda en la cercanía de los conservadores ilustrados y sus cómodos salones que de las humildes casas de los proletarios no calificados o de los peones rurales, no oculta sus prevenciones.

Pero lo cierto es que el radicalismo introduce en la política argentina, métodos democráticos propios de las democracias más avanzadas del mundo, como la norteamericana y que, además, logró “acriollar” esos mecanismos en vez de aferrarlos a su modelo europeo. Si la misión de la UCR era representar electoralmente a la masa media emergente, a pesar de sus corruptas formas parroquiales, se debe reconocer que logra mejor su objetivo que la pretendida y enunciada representación clasista del socialismo, que quedó aferrada a su famosa “Declaración de Principios” de pureza ideológica pero escasa adhesión popular fuera de algunos contados centros urbanos.

En las elecciones del 2 de abril de 1916 se presentan tres fórmulas presidenciales, todas representativas de las nuevas corrientes políticas: Yrigoyen-Pelagio Luna, de la UCR; De la Torre-Alejandro Carbó, del Partido Demócrata Progresista (PDP) y Justo-Repetto, del Partido Socialista. Los conservadores sólo votaron por listas de electores. La fórmula radical logra 339 mil votos y 143 electores, los demoprogresistas, 131 mil votos (65 electores), la concentración conservadora 141 mil (69 electores) y el Partido Socialista 52 mil votos (14 electores). Tras una serie de negociaciones y conflictos, Yrigoyen reúne finalmente 152 votos contra 102 electores de Concentración Nacional y 20 que apoyan a De la Torre. El triunfo del líder de la “causa radical” abre un período de catorce años consecutivos de gobiernos de la UCR hasta que el mismo “Peludo” es derrocado por un golpe, en 1930. Desde aquel 1916 –-hace ahora justo cien años-- la política argentina, no sería nunca más la misma. Con continuidades e interrupciones, con imperfecciones y cambios, y, en especial, con la decisiva participación de la mujer desde 1951, las urnas, definitivamente, se habían abierto a la ciudadanía para siempre.