Avance sobre empresas locales por el circuito del dinero K
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Mientras el país no sale de su asombro con las imágenes que la semana pasada dio a conocer Telenoche, en la que Martín Báez (hijo de Lázaro), su contador Daniel Pérez Gadín y varias personas más cuentan millones de dólares en una oficina de Puerto Madero, el juez que investiga la causa, Sebastián Casanello, volvió a poner la lupa en nuestra ciudad.
Horas atrás, el magistrado solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un minucioso informe sobre los movimientos de tres empresas bahienses.
Se trata de Calvento SA y Grupo Penta, a nombre de Silvio Ficcadenti, y de Constructora Patagónica Argentina, perteneciente a la familia Ferreyra. Para acusar a Báez del delito de lavado de dinero la justicia debe probar que los dólares que contaban en la financiera “La Rosadita” provenían de ilícitos.
Se sospecha que el dinero podría tener su origen en la evasión de impuestos. Esos fondos luego habrían entrado al circuito legal mediante el uso de facturas falsas que aportaban esas firmas locales, entre otras.
Se supone que las mismas simularon haber sido contratadas para la prestación de diferentes servicios de obra pública en Santa Cruz por el empresario kirchnerista.
Por ello, Casanello pretende conocer el detalle de los impuestos inscriptos, las declaraciones juradas de impuestos, y las retenciones practicadas y sufridas, entre otros pedidos.
También le requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que en 72 horas informe si las empresas estaban inscriptas ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, y si las compañías tienen reclamos laborales iniciados.
Asimismo, pidió al Banco Central que en tres días todas las entidades bancarias y financieras presenten un informe sobre las firmas.
La información que llegue a la justicia será de suma importancia, ya que se podría establecer que Báez evadió impuestos y que de ahí salieron los millones de dólares que se ven en las filmaciones difundidas por el mencionado noticiero.
En tanto, la diputada nacional Elisa Carrió pidió en las últimas horas que la Oficina Anticorrupción investigue por este tema a un exfuncionario de la AFIP delegación Bahía Blanca. Se trata de Norberto Orlando Filippini.
“Los cientos de facturas truchas y cheques emitidos a sociedades fantasma radicadas en Bahía Blanca pasaron frente a los ojos de la AFIP y ARBA, pero las alertas que generaron las prácticas para favorecer a Austral Construcciones fueron desestimadas”, informó el diario "La Nación".
Según un primer relevamiento, que abarcó la mitad de los cheques emitidos por esas firmas, la maquinaria de dinero negro que se buscó blanquear en "La Rosadita" movió más de 77 millones de pesos y podría superar los 100 millones.
De acuerdo con el matutino “ la empresa Calvento firmó contratos con Austral para operar con maquinarias que no tenía (y en sus libros no hay constancias de que las haya alquilado para cumplir con las tareas acordadas), aunque la la facturación más elevada y cuestionada pasó por Penta”.
Además, Lázaro Báez dijo que entre mediados de 2010 y de 2011 le pagó a Penta 9,5 millones de pesos por obras a lo largo de 50 kilómetros de la ruta 39. Es decir, el mismo tramo de la misma obra por la que también contrató y le pagó con cheques a Constructora Patagónica, lo que expondría el doble origen de las facturas truchas que usó Báez.
Cómo era la operatoria
Testaferro. La posible operatoria entre Lázaro Báez y las empresas bahienses se realizaba así. El empresario santacruceño, señalado como testaferro o socio de la familia Kirchner, obtenía contratos de obra pública a través de su firma, Austral Construcciones, con presuntos sobreprecios millonarios.
Fantasma. Sociedades fantasma de nuestra ciudad, como Calvento y Grupo Penta, emitían las facturas truchas a favor de Austral Construcciones. Luego, Martín Báez emitía cheques a favor de esas sociedades, que los descontaban en financieras o los cobraban por ventanilla en el banco.
Alconada. “La justicia sospecha que el dinero cobrado de esos cheques quedaba en manos de Báez, el encargado de moverlo por el circuito negro de la financiera 'La Rosadita'”, escribió el periodista de "La Nación" Hugo Alconada Mon.
Suris. El nexo entre las empresas locales y Báez podría ser Juan Ignacio Suris, acusado de liderar una asociación ilícita tributaria, de la cual se habrían valido decenas de empresas para evadir al fisco en cifras millonarias. A Suris ayer le negaron un pedido de excarcelación (ver más información en la sección Seguridad).