Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

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Sobre el sudoeste bonaerense

Escribe Tomás Loewy

En los países subdesarrollados, como el nuestro, el poder económico concentrado ha instalado una serie de confusiones premeditadas. Entre otras, la de no distinguir crecimiento y desarrollo, síntomas de causas, y sustentabilidad con el cuidado del ambiente. Ilustraré con un hecho dramático, del ámbito local: 110 productores agropecuarios (300 en toda la provincia), pequeños y medianos, corren el riesgo de que sus campos sean rematados por no saldar una deuda, en gran parte ilegítima, que arrastran desde hace más de veinte años. Nada nuevo está ocurriendo en la zona. El éxodo rural viene de bastante más atrás, pero se aceleró desde los años 70, con la involución que esto implica en el territorio y el país. Mientras funcionarios, políticos y técnicos hablan de producción, mercados, tecnología, desarrollo y sustentabilidad, al menos estos dos últimos términos son ilusorios, en tanto y en cuanto los sistemas productivos no operan como variable. La política de “concentración económica” fue común a todos los gobiernos, partidos y épocas. Lo que observamos ahora, con estos productores, es solo un ejemplo explícito de esta modalidad, nunca revelada ni denunciada. Al respecto, dejo una pregunta que estimo no es ociosa: ¿alguien quiere cambiar eso?

En Argentina, solo para comenzar el abordaje de un desarrollo humano, hay que comenzar a revertir este vaciamiento territorial que desertifica el interior y colapsa las grandes urbes. Recordemos que tenemos un 50 % de la población en un 10% de la superficie y un tercio en un 0,1%. En el SO bonaerense, como en otras partes de la región pampeana y extra pampeana, las pymes agropecuarias (esencialmente agricultura familiar) van cayendo por debajo de la unidad económica agraria: esto los torna inviables, desde un punto de vista económico. Sin embargo, podrían alcanzar viabilidad económica, social y ambiental, con solo incorporar un grupo de buenas prácticas agrícolas (BPA). La diferencia, con los sistemas vigentes, se llama sustentabilidad. Tal objetivo se puede alcanzar con el apoyo del resto de la sociedad, si queremos invertir en desarrollo, paisaje, protección del ambiente, cohesión social y viabilidad nacional/global: nada más ni nada menos. Sentido común, bibliografía científica y otros saberes, sobran para avalar esta estrategia. Falta, claro, la construcción de una fuerte voluntad política para enfrentar los poderosos intereses -internos y externos- que serian tocados.

Desde el discurso institucional de la FAO o de las Naciones Unidas ya se acepta que la Agricultura familiar constituye una base relevante del desarrollo y la alimentación en el mundo (ver Objetivos de Desarrollo Sustentable, 2015-2030). Aquí tenemos una ley aprobada, de promoción de Agricultura Familiar, sin reglamentación ni recursos. Este segmento social, empero, reúne todos los atributos para calificar como objeto de política pública. Pero es un tema estructural, de mediano y largo plazo, que aun no tiene lugar -lamentablemente- en nuestra atribulada agenda de transición hacia una República.

La espada de Damocles que pesa sobre estos 300 productores es la misma que pende sobre la humanidad, a partir de la encrucijada ecológica y la polarización social que nos debe interpelar como especie, en términos de futuro. El tratamiento de estas deudas no es un tema del Banco Nación o del Banco Provincia porque no es una cuestión económica sino POLÍTICA. Pero el enfoque de esta política debe ser sistémico y multicriterial para no formar parte del problema. A cada paso, el gobierno tiene la oportunidad de no ser un mero cambio por defecto -del anterior- sino por acción propia y haciendo camino al andar. Eso le puede añadir una legitimidad mucho más genuina que el punto de partida y una proyección insospechada por ellos mismos. Pero lo principal, sin embargo, depende del involucramiento de todos los ciudadanos y no solo con el voto. A esta altura ya podemos asumir que la democracia será participativa o no será.