Informe especial

#SaludMental: en Defensoría recibieron chicos adictos llorando y pidiendo que los internen

20/10/2016 | 07:00 | Miriam Larrea cuenta que en Bahía no hay lugar de internación para adicciones.

Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com
Matías Mugione / mmugione@lanueva.com
Maximiliano Buss / mbuss@lanueva.com

   "La mayoría de los que padecen adicción no tiene voluntad de tratarse, va a una entrevista y no vuelve nunca más".

   Por eso, Miriam Larrea —defensora general adjunta— lamenta que en Bahía no haya internación para las adicciones y que la atención sea "a puertas abiertas".

   —En el Hospital Municipal al paciente lo tienen máximo 15 días…

   —Sí, y como mucho, porque generalmente no se puede. Tiene que ser un lugar dedicado exclusivamente para adicciones, como hay muchísimos en el Gran Buenos Aires, en Capital. Y acá, ¿qué sucede? Los que tienen obra social van a lugares espectaculares de Buenos Aires; los que no, terminan internados afuera, se los saca de su entorno...

   Larrea es abogada, representa a los pacientes con padecimiento mental durante la internación y cuenta que en su tarea diaria ha visto varias cosas, incluso personas adictas que ruegan en su escritorio por una internación.

   —Es increíble la cantidad de droga que hay en Bahía. Yo he tenido chicos llorando, el mismo adicto, pidiendo por favor que el juez ordene que lo internen. Pero claro, ¿qué dicen los médicos en la evaluación que ordena el juez? "No tiene criterio de internación", porque no está en riesgo ni para sí ni para terceros. Y bueno, eso es duro.

   La abogada dice que en la Clínica Privada Bahiense —la califica de "excelente"— sí internan, pero solo cuando la patología es dual; por ejemplo, psicosis más adicción.

    Y cree que en casos de adicción muchas veces la internación es la única alternativa, aunque aclara que el paciente no debe quedar para siempre en una cama, sino hacer un tratamiento de 1 o 2 meses para enfrentar la abstinencia.

   Actualmente no pasa. Y Larrea hace una síntesis perfecta de lo que ve: “Te sostengo en la crisis 48 horas, te saco la droga, te meto una pastilla y [el paciente] sale a la calle y continúa la adicción”. 

Es increíble la cantidad de droga que hay en Bahía. Yo he tenido chicos llorando pidiendo por favor que el juez ordene que lo internen. Miriam Larrea

   Larrea admite que en los últimos años hubo cosas positivas: se logró una mayor especialización y se avanzó sobre algunos derechos, antes totalmente vulnerados, como el votar o casarse: "No a toda persona que tiene un padecimiento mental es necesario que se le restrinja la capacidad".

   Pero hay otras en las que aún no ve un cambio: por ejemplo, la reinserción.

   —La enfermedad mental termina empobreciendo al paciente, por las características, porque es excluido del trabajo, de todos lados. Yo tengo personas que he representado que han sido ejecutivos de grandes empresas y que hoy piden por la calle. Y el caso de la mujer pobre y con padecimiento mental es el estrato social más bajo de una comunidad. Dos factores de vulnerabilidad: mujer y pobre, y si le sumás padecimiento mental: no existe. 

   ¿Por qué se llega a eso? "Los seguimos tratando como de segunda. Decimos: bueno sí, están en el Hospital de Día y hacen ceniceros, y eso no es meterlos en un sistema productivo", asegura.

¿Qué otros temas le preocupan?

   Condenas: "A la persona con un problema mental no se la condena por el delito, pero se le aplican medidas de seguridad o se lo sobresee. En caso de aplicar una medida de seguridad, se lo manda a Melchor Romero. Ahí se queda mucho más tiempo que si lo hubieran condenado a 25 años, porque quedan definitivamente. Entonces, al final, es un castigo ser un enfermo. Porque una persona que no tiene un padecimiento capaz que sale en 5 años".

   Asistencia a la salud física: "No sabés la cantidad de pacientes que hay, sobre todo más viejos, que terminan en sillas de ruedas y que no se sabe cuál es el problema. Simplemente le resultó más cómodo a la clínica: se cayó el viejo, ¿qué hacemos? Lo sentamos en la silla de ruedas, pero nunca se hace un estudio fisico".

   Falta de guardias psiquiátricas: "No hay en muchos hospitales. Entonces no los admiten, y ahí se está violando la Ley [de Salud Mental], porque tengan o no guardia de psiquiatría lo tienen que admitir si consideran que es una persona que está en riesgo".

   Pensiones: "Son 3.000 pesos para cada paciente, pero viven en condiciones deplorables".

    Función

       Entre julio y agosto de este año entraron 44 internaciones judiciales y Defensoría hizo 124 trámites. ¿Por qué internaciones judiciales? Porque cuando la persona con padecimiento mental "está en riesgo para sí o para terceros", es el juez quien decide la internación sin la voluntad del paciente.

       Larrea actúa siempre: en caso de internaciones involuntarias la designa un juez; en las voluntarias, en cambio, la internación se judicializa después de 60 días y ahí entra el defensor "para controlar que [el paciente] no esté internado más tiempo y que esté bien atendido".

       —¿Y ustedes llegan hasta el juicio?

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       —Nosotros estamos durante el juicio. Lo que significa controlar en qué condiciones esa persona está internada, si se le provee de medicación, si lo ve el médico, porque normalmente se da esto de que entran y el psiquiatra no los ve nunca más. No en el Penna, aclaro, porque el Penna es lo mejor que tenemos en Bahía.

       —¿Y cuándo termina su función?

       —Cuando termina el juicio por internación, porque la persona fue dada de alta. Ahí termina nuestra intervención. Lo que no implica que nosotros asumamos cierto compromiso de acompañarlos en la búsqueda de una pensión, porque también formamos parte de la mesa de Salud Mental que funciona en el Concejo Deliberante.

    ¿Y el curador?

       El curador oficial del Departamento Judicial Bahía Blanca, Facundo Antoli, cuenta que Curaduría representa a más de 330 personas en la ciudad. Se trata de casos que están judicializados y en los que, además, el representado no tiene familia o recursos.

       Curaduría también gestiona subsidios de $ 921 por mes para las personas con padecimiento mental una vez que son dadas de alta: "En este momento lo tramitaron 240 personas de las 519 que hay en el departamento judicial de Bahía Blanca —va desde Gonzales Chaves a Patagones—".

       Además de esos subsidios, existen otros beneficios como las pensiones nacionales o provinciales.

       —¿Qué diferencia hay entre un curador y un apoyo?

       —El Código Civil diferencia a quienes no pueden expresar su voluntad de los que sí. Los que no pueden, necesitan un curador. En el caso de los que pueden expresar su voluntad, el juez restringe la capacidad para ciertos actos de la vida determinando un apoyo.

       —¿Trabajan en conjunto con Defensoría?

        —Sí, en la generalidad de los casos el defensor interviene hasta la sentencia. Es decir que va a defender los derechos de esa persona a la que se le va a determinar la capacidad.

       —¿Qué piensa de la ley de Salud Mental y cómo cambió su trabajo?

       —La ley de Salud Mental es el llamado cambio de paradigma: es comprender a la salud mental de otro modo. Antes se pensaba la persona en los loqueros; a partir de los 60 ese pensamiento empieza a evolucionar y termina en nuestro país con esta ley. Es entender a la persona no internada permanentemente, sino incorporada en la sociedad a través de lugares de convivencia. Esto requiere recurso económico que en la práctica no está; escasea por una cuestión presupuestaria.

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