El dolor que hermana a la justicia y la política

Redacción de La Nueva.

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En la justicia y en la política, las cosas deben ocurrir de distinta manera.

Según dijo Carrara, la política y la justicia no nacieron hermanas. El político aspira a gravitar en la vida institucional de su país. No opera sobre la inteligencia de sus conciudadanos, precisa ganar su corazón. Necesita apasionar, para poder conducir.

Contrariamente, el funcionario judicial no pretende ninguna transformación en el orden institucional. Su misión es distinta. El juez –o el fiscal en su caso- se limita a aplicar las leyes. Por obra del Poder Judicial, el Estado asegura la paz social y restablece el imperio del derecho.

El funcionario judicial no necesita conducir, ni precisa apasionar, solo intenta probar, acusa o juzga, según su función específica, debe convencer, operando sobre la inteligencia y no sobre el corazón.

En sintonía con estas reflexiones, sostengo que, junto a la independencia y a la imparcialidad de sus fallos, en la conducta de un juez deben estar presentes, entre otras condiciones, el recato, el decoro, el pudor y la prudencia.

De igual modo, creo que la distancia entre la justicia y la política debe ser lo suficientemente amplia para evitar la más mínima influencia de esta última sobre aquella.

Con preocupación he observado que la diferencia entre política y justicia se diluye.

Esta negativa relación de acercamiento fue creciendo hasta llegar a lo que podía suponerse como el pico más alto de insalubridad: el pedido de destitución de un fiscal de La Nación por investigar al poder político.

La ciudadanía republicana recién comenzaba a tranquilizarse después del frustrado intento destituyente al fiscal Campagnoli, cuando la Nación, pero el Poder Judicial en especial, recibía el ataque más grave de la historia democrática del país: la muerte del fiscal Nisman en ejercicio de sus funciones, cuando investigaba el atentado a la AMIA, cuatro días después de denunciar a la presidenta de La Nación y a uno de sus ministros y solo un día antes de presentar las pruebas contra los nombrados, como encubridores de ese delito.

En esas circunstancias, no cabe duda que la muerte del fiscal Nisman es un hecho político que enluta a toda una nación y, fundamentalmente, al Poder Judicial.

Ahora sí, siento que este hecho político sin precedentes merece que el Poder Judicial se exprese políticamente, que no es lo mismo que partidariamente, concurriendo a la marcha del 18-F para rendir homenaje, en silencio, al colega fallecido.

No comparto lo expresado por algunos funcionarios, en el sentido que el mejor homenaje es “seguir trabajando”. Entiendo que, sin dejar de lado las expresadas condiciones de decoro, recato, pudor y prudencia, el colega fallecido merece el homenaje de los judiciales mediante la presencia silenciosa y respetuosa, pero no menos efectiva.

Considero, que cada integrante del Poder Judicial hará lo que su buen saber y su conciencia libremente le dicte, y su decisión, cualquiera sea, deberá ser respetada por el resto de los conciudadanos.

Por mi parte, no he de aceptar en cambio, que funcionarios judiciales que no están de acuerdo con la marcha de silencio califiquen de opositores a aquellos que concurran a la misma.

De ser así, interpreto con preocupación que estos funcionarios judiciales críticos de la marcha, han de ser oficialistas; que es tanto como decir, comprometidos con el poder político.

Desgraciadamente digo que, desde allí a la obsecuencia, la distancia es muy corta, y desde ésta última a la falta de independencia, es menor aún.

Para concluir, entiendo que dentro del Poder Judicial no deben existir oficialistas y/u opositores, sino solo funcionarios que honren su función preservando, a toda costa, la independencia y la dignidad de la Magistratura.