Piden 10 años de cárcel para un presunto narco

Redacción de La Nueva.

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 La pena de diez años de prisión solicitó ayer la fiscal Olga Cristina Herro, para Emilio Ezequiel Di Santo, quien está imputado de los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego.

 El pedido fue realizado en el marco de los alegatos del juicio oral y público que está a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3, integrado por los jueces Daniela Fabiana Castaño, Raúl Guillermo López Camelo y Gabriel Luis Rojas.

 La fiscal consideró que durante el debate se acreditó la autoría responsable de Di Santo en los hechos que se le endilgan, mientras que el defensor oficial, doctor Germán Kiefl, planteó la nulidad de las actuaciones y manifestó que la droga hallada en el inmueble de su asistido, no estaba destinada a la venta.

 Luego de las exposiciones de las partes, los jueces dispusieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 9.30, en que se conocerán el veredicto y eventual sentencia.

 La doctora Herro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, inició su alegato indicando que en el marco del juicio oral, se logró establecer que el procesado tenía la droga en su domicilio y que estaba destinada a su comercialización.

 Para la fiscal, se acreditó que el 15 de febrero de 2008, cuando personal policial allanó el inmueble de Vieytes 2311, secuestró algo más de un kilo de cocaína y 81 gramos de marihuana.

 También se incautaron un fusil FAL, que le había sido robado a un militar en jurisdicción de la comisaría Segunda; una escopeta de doble caño, calibre 16; una pistola 45, y una carabina 22, además de aproximadamente 400 proyectiles de distintos calibres, entre otros elementos.

 En esos momentos en la casa se hallaban el padre de Di Santo, su madre y una hermana.

 Luego, el 20 del mismo mes, el sospechoso fue interceptado por personal policial en la ciudad de Carmen de Patagones, y habrían hallado en su poder un trozo compactado de marihuana, dos pastillas de éxtasis, elementos de corte de estupefacientes, una balanza y numerosos elementos electrónicos de dudosa procedencia.

 Para acreditar la acusación, la fiscalía citó los testimonios de los policías y testigos que intervinieron en los procedimientos. Además, mencionó que el día del allanamiento, fue visto salir de la casa de Di Santo, un sujeto que se dirigió a una parada de ómnibus, donde habría entregado droga a tres individuos que ocupaban un automóvil.

Otra causa.

 Posteriormente, la doctora Herro se refirió a otra causa iniciada en base a un procedimiento realizado el 23 de junio de 2008.

 En esa ocasión se libraron órdenes de allanamiento para los domicilios de Vieytes 2303, 2305 y 2311.

 Esta fue una de las controversias del debate, ya que la acusación sostuvo que todas esas direcciones correspondían a una sola propiedad, dividida en sectores, mientras que la defensa aseguró que se trataba de tres residencias distintas.

 Allí se procedió a la detención de Di Santo, quien supuestamente se resistió a la autoridad.

 En ese sitio, según la fiscalía, se incautaron entre las sábanas de la cama del sujeto, una pistola semiautomática calibre 22, marca Bersa, con diez proyectiles intactos en su cargador, de punta hueca, con baño electrolítico de cobre.

 La búsqueda continuó y se hallaron varios envoltorios que, en total, contenían 428,7 gramos de clorhidrato de cocaína; un ladrillo de marihuana y bolsitas con el mismo estupefaciente, por algo más de un kilogramo.

 Respecto de la excusa esgrimida por Di Santo de que tenía la droga para su consumo personal, la fiscal manifestó su convicción de que "fue mendaz y que lo hallado es una cantidad superior a la que se pudiera detentar para consumo".

 Por tal motivo, imputó al detenido de los delitos de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización reiterada, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada y tenencia ilegal de arma de guerra.

 Al momento de estimar la pena, valoró como agravante la condena de cinco años de prisión que el sujeto sufrió a principios de esta década, también por venta de narcóticos.

 Y, subsidiariamente, en caso de no compartir el tribunal este criterio, pidió la doctora Herro que se califique la conducta del individuo como tenencia simple de estupefacientes.


Reclamo de nulidad de los allanamientos

 El defensor oficial Germán Kiefl planteó la nulidad de los allanamientos realizados en las causas seguidas a Emilio Di Santo, por entender que se violaron sus garantías constitucionales.

 "Además de defender a mi asistido, voy a defender la Constitución Nacional", enfatizó el abogado.

 Dijo que se produjeron irregularidades en el proceso y que dos causas por robo, que fueron archivadas, habilitaron las requisas en el domicilio del encausado.

 Señaló que en la primera causa, la orden de allanamiento estaba destinada al domicilio de Vieytes 2311, pero los policías inspeccionaron las otras partes de la propiedad, que se encuentran separadas y, en su opinión, se trata de inmuebles distintos.

 "Yamil Pinedo (ex efectivo de la DDI local) engañó al fiscal Eduardo Zaratiegui (titular de la UFIJ Nº 8), ya que no le especificó los datos. No se le dijo que eran domicilios con chapas identificatorias y entradas independientes", sostuvo el defensor.

 Calificó de "farragoso" (confuso) el procedimiento y con un despliegue inusitado, al explicar que participaron 23 efectivos policiales.

 "Incurrieron en un error y avanzaron sobre la propiedad privada", argumentó, para agregar que se ocultaron datos en el acta y se "vulneró y menospreció" la Carta Magna.

 Pidió, por ello, que se declare nula el acta de allanamiento y todo lo actuado posteriormente.

 "Esta nulidad debe extenderse al segundo procedimiento, que es una orden de registro generada a partir del primer allanamiento. No se puede sostener el segundo si no se sostiene el primero", dijo Kiefl.

 En el marco del segundo expediente, rechazó la calificación de comercialización de estupefacientes, al sostener que la sustancia encontrada era para consumo personal de Di Santo.

 Afirmó que no se logró demostrar en el juicio, que la droga estuviera fraccionada en pequeñas dosis y, al respecto, dijo que una prueba de su destino era la baja pureza.

 En definitiva, requirió la nulidad de las actuaciones y que subsidiariamente se cambie la calificación respecto de la presunta comercialización de drogas.

 En este sentido, pidió que a Di Santo se le compute el tiempo de detención que sufrió y se le de por compurgada la pena.


Grisado


Tratamiento. Emilio Di Santo hizo uso de la palabra antes del cierre del debate y realizó una solicitud a los jueces: "Les pido un tratamiento para mi adicción y que tengan en cuenta que se violentaron mis garantías constitucionales, ingresando a mi domicilio sin orden de allanamiento".