Cristina reivindicó la libertad de expresión

Redacción de La Nueva.

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La presidenta Cristina Kirchner anunció hoy el envío de un proyecto al Congreso para despenalizar el delito de calumnias e injurias contra periodistas, y aseguró que en ningún período se pudo "hablar con mayor libertad" que durante el actual gobierno.

"Prefiero mil millones de mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien", enfatizó Cristina Kirchner.

Durante un acto celebrado en el ex edificio de la ESMA, la mandataria subrayó que "nadie pueda ser cercenado en la libertad de palabra".

Consideró que es una medida necesaria "aún a costa muchas veces de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras, con cuestiones que no son ciertas". (NA)"Es una campaña para desprestigiar al gobierno"

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó esta mañana que el operativo realizado por la AFIP en empresas del Grupo Clarín fue "una operación política para perjudicar al Gobierno".

"Sería de estúpidos haberlo organizado para después aparecer en la tapa del diario", sostuvo Fernández esta mañana, un día después de ocurrido el episodio.

En declaraciones radiales, el funcionario aseguró además que el Gobierno va a "investigar a quienes pagaron para hacer esta pantomima".

"Fue una operación que alguien ha financiado. Nosotros vamos a descular quién fue realmente el responsable y vamos a ponerlo a la luz del día", subrayó.

Según dijo, a través de esta "operación" se quiso "poner al Gobierno como si estuviera presionando" a la prensa.

"El Gobierno no actúa como las tapas de Clarín, actúa de otra manera", indicó.

De esa forma, el jefe de ministros ratificó que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, no dispuso la realización del operativo.

De todos modos, subrayó, en referencia a Clarín, que "el monopolio no tiene coronita y si se dispusiera una inspección integral tendría que bancársela como cualquier hijo de vecino". (NA)La oposición pedirá que intervengan los gobernadores

Diputados de los bloques de la UCR, del PRO y del PJ disidente reclamaron hoy a los gobernadores que "intervengan" en el debate sobre la ley de comunicación audiovisual y ratificaron que si se aprueba la iniciativa oficial revisarán la ley después de diciembre.

En una conferencia de prensa de la que participaron una veintena de legisladores en ejercicio y electos, Oscar Aguad (UCR) comunicó el "compromiso" de "revisar la ley" después del 10 de diciembre y señaló que hizo un pedido a los gobernadores para que "intervengan en resguardo de las libertades".

La diputada y titular de la comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giudice (UCR), renovó la convocatoria a la audiencia pública que la oposición organizó para el lunes en la provincia de Mendoza con la convicción -dijo- de que si se aprueba la propuesta oficial se comprometerán "las libertades futuras en Argentina".

Por su parte, el diputado de PRO, Federico Pinedo, señaló que el proyecto "oculta un gran negocio privado apoyado por el Gobierno".

Además mencionó, en ese sentido, "las cláusulas que hablan del ingreso de las telefónicas al mercado del cable" y consideró que "benefician únicamente" a la empresa Telecom.

Los diputados electos por el PRO, Gabriela Michetti y Gustavo Ferrari, ratificaron durante la conferencia su compromiso de revisar la ley, en caso de que sea aprobada, después de que asuman sus bancas el 10 de diciembre.

Aguad añadió, finalmente, que con el nuevo Congreso de diciembre se promoverá la revisión de cuatro leyes.

Por su parte, el bloque de diputados de la Coalición Cívica reclamó "un debate en serio" del proyecto de ley de comunicación audiovisual que, dijeron, garantice "la pluralidad de medios, la libertad de expresión y el acceso a la información" de todos los ciudadanos.

En una conferencia de prensa, el titular de esa bancada, el diputado Adrián Pérez, expresó que para que sea un debate serio "debe surgir de un amplio debate de todos los sectores sociales y contar con un nivel de consenso importante. Hoy esas condiciones no existen".

La senadora nacional de esa fuerza, en tanto, María Eugenia Estensoro, advirtió que su bloque acompañaría el proyecto oficial si la autoridad de aplicación de la ley "pudiera estar abstraída de la coyuntura política con mayoría no oficialista".

Asimimo, puso también como condición que se establezcan pautas claras sobre "la pauta de publicidad oficial" y que las empresas de servicios públicos "no estén en el mercado de los medios audiovisuales" porque, dijo, "no tienen nada que hacer allí". (Télam)