El bien común y los intereses sectoriales

Redacción de La Nueva.

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 En una sociedad regida por el sistema democrático y republicano, lo lógico y natural es que aquella se exprese a través de los partidos políticos y por intermedio de las instituciones que la conforman; esto es, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El modo normal de funcionamiento es el previsto en la Constitución que, muy claramente, asigna facultades y deberes a cada uno de aquellos poderes, cuya legitimidad y legalidad descansa en la voluntad popular, que se expresa a través de las elecciones.

 La democracia iguala a todos y cada uno de los ciudadanos como tales, cualesquiera sean su oficio o profesión, y es en tal carácter que se expresan al votar. La república, por su parte, garantiza los derechos de cada uno, fija límites a los gobernantes y, en definitiva, somete a todos a la ley.

 En consecuencia, los actores principales del sistema democrático y republicano son los hasta aquí mencionados; es decir, los ciudadanos y los partidos políticos.

 Sin embargo, en toda sociedad humana, existen otros intereses y factores de poder que deben ser tenidos en cuenta, a la hora de analizar el funcionamiento de aquella. Así están los sindicatos de trabajadores, las agrupaciones de empresarios, la prensa en todas sus manifestaciones, las universidades, los círculos académicos y otros semejantes.

 Del adecuado equilibrio entre la ciudadanía y los partidos políticos, por una parte, y, por la otra, los grupos de interés y factores de poder, depende el normal desarrollo de cualquier sociedad.

 Cuando la ciudadanía se ha expresado, tan claramente, sobre el gobierno, como lo hizo en la jornada del 28 de junio último, es menester que ella misma, a través de sus representantes políticos (legisladores, intendentes, gobernadores o dirigentes de partidos), actúe para tratar de imponer las correcciones que sean necesarias.

 Por ello es adecuado que los partidos políticos (aun con los defectos que los caracterizan) sean los vehículos del humor ciudadano. Y aun cuando el gobierno actúe con falsedad o con ánimo de demorar o distraer, hacen bien los dirigentes políticos en responder a la convocatoria a dialogar, en representación de la ciudadanía; en nombre del pueblo llano.

 Esto tiene un valor ejemplar del que hemos carecido desde el 25 de mayo de 2003 y sólo por eso es meritorio.

 Distinto es el caso cuando quienes defienden intereses específicos expresan sus puntos de vista o proponen cursos de acción. En esa situación, estarán exponiendo sus conveniencias, que pueden o no coincidir con el bien común.

 Hay que ser, entonces, muy precavidos y no confundir el interés general con el interés específico de algún sector y dejar, en todo caso, que la composición de los intereses divergentes sea fijada por los representantes políticos (gobernantes o no). De lo contrario, es muy fácil caer en formas de dilucidación de los conflictos sociales por la vía de los intereses corporativos, que, siendo legítimos, no velan por el bienestar general.

 Esta larga introducción apunta a aplaudir los esfuerzos que hagan los dirigentes políticos (en el Congreso, en la prensa y en diálogo con el gobierno) con el ánimo de transmitir puntos de vista, opiniones o aun la sugerencia de cursos de acción a quienes gobiernan y los han convocado y advertir el peligro de que los intereses sectoriales, de cualquier tipo que sean, pretendan imponer medidas contrarias al interés general.

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Guillermo Lascano Quintana es abogado.