HISTORICA SESION

El Concejo destituyó al intendente Lopes

25/8/2006 | 09:00 | Sólo 82 minutos bastaron ayer para que el Concejo Deliberante decidiera, en un hecho que no registra antecedentes en el plano político-institucional de la ciudad, poner fin al mandato de Rodolfo Lopes como intendente de Bahía Blanca, por mal desempeño de sus funciones. La destitución del jefe comunal, a poco menos de tres años de haber asumido, fue votada por 18 de los 24 concejales presentes en el recinto deliberativo, durante una sesión especial realizada para analizar el desempeño del titular del Departamento Ejecutivo desde el 10 de diciembre de 2003.


 Sólo 82 minutos bastaron ayer para que el Concejo Deliberante decidiera, en un hecho que no registra antecedentes en el plano político-institucional de la ciudad, poner fin al mandato de Rodolfo Lopes como intendente de Bahía Blanca, por mal desempeño de sus funciones.


 La destitución del jefe comunal, a poco menos de tres años de haber asumido, fue votada por 18 de los 24 concejales presentes en el recinto deliberativo, durante una sesión especial realizada para analizar el desempeño del titular del Departamento Ejecutivo desde el 10 de diciembre de 2003.


 Ahora, Lopes tiene cinco días hábiles para impugnar dicha decisión ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense; en caso de no hacerlo, la medida quedará firme al sexto día.


 La sesión se inició a las 16.25, con la lectura de los cargos que se imputan a Lopes por parte del secretario del CD, el abogado Raúl Vidal, los cuales van desde irregularidades en contrataciones administrativas y de personal hasta el empleo indebido de bienes del patrimonio municipal y arbitrariedades en el otorgamiento de planes de empleo.


 Luego, el presidente del bloque de concejales por la Unión Cívica Radical, Carlos Ocaña, dijo que, si bien como político tuvo que atravesar por situaciones conflictivas, incluida la pérdida de las elecciones en 2003, hoy elegiría volver a vivir cualquiera de ellas, con tal de no atravesar un momento como el actual.

"Páginas más negras"




 "No resulta nada sencillo tener que tratar la destitución de un intendente elegido por el voto popular. Cuántas cosas positivas y esperanzadoras para el futuro de la ciudad podríamos estar discutiendo y que por su importancia fuesen catalogadas como históricas; sin embargo, es muy duro tener que aceptar que este hecho va a marcar la historia política local en sus páginas más negras y oscuras", sostuvo.


 A su entender, la comisión Investigadora (CI) que analizó la conducta de Lopes actuó con responsabilidad e imparcialidad, sin ánimo de perjudicar a quien fue elegido intendente por la mayoría de los bahienses.


 Sin embargo, dijo que todos los hechos que desencadenaron este proceso ocurrieron y tuvieron como protagonista excluyente a Lopes.


 "Los diversos hechos y conductas investigados pusieron en crisis la institucionalidad municipal, paralizaron las acciones de gobierno y aún mantienen ese efecto sobre la ciudad", dijo.


 Para Ocaña, fueron los hechos protagonizados por Lopes los que pusieron a Bahía Blanca en esta situación.


 "No hay duda de que esos hechos existieron y así quedó demostrado en el proceso investigativo y en la enorme cantidad de documentación que analizamos", expresó.


 Como prueba de la seriedad exhibida por la CI, Ocaña dijo que jamás se soslayó una eventual nulidad en el ámbito penal del Bahiagate, en alusión al último fallo del Tribunal de Casación.


 "Esta comisión lo analizó y, en su momento, dijimos que los actos que eventualmente puedan ser declarados nulos en el ámbito penal mantendrán su validez en el marco del proceso llevado adelante por el CD", expresó.


 También dijo que los hechos irregulares cometidos por Lopes tienen la suficiente gravedad institucional como para llegar a la conclusión de que no puede seguir siendo intendente de la ciudad.


 "Esta no es una farsa --dijo, en alusión a conceptos vertidos durante la mañana de ayer por Lopes--, es la realidad. Además, él no ha desvirtuado ninguno de los hechos imputados; todos están probados y su gravedad es palmaria. Siempre ha buscado cuestionar la legitimidad de la CI y de las facultades de este CD para juzgarlo".

Los cargos




 En cuanto a los cargos vertidos contra Lopes, Ocaña dijo que no hay dudas de que utilizó fondos públicos para costear el uso de celulares por parte de punteros políticos, que se dispusieron bienes municipales para usos particulares y que se desdoblaron obras públicas para no tener que cumplir los requisitos de contratación que exige la ley.


 También dijo que Lopes desmanteló el sistema de control interno para la asignación de planes sociales y se los utilizó partidariamente y que se empleó la figura de fomentistas para obtener fondos de manera irregular y que se fraguaron facturas por tareas que nunca se realizaron, entre otros.


 "A mí me tocó vivir los hechos violentos producidos por gente allegada y apañada por el entorno del propio intendente contra concejales y empleados de esta casa.


 "No estoy en condiciones académicas de debatir sobre la ley Orgánica de las Municipalidades, pero sí de sostener que Lopes ha efectuado graves transgresiones al ordenamiento jurídico y negligencias en el ejercicio de su función que importan un daño al erario municipal", agregó.

Haciendo historia




 Luego, hizo uso de la palabra el titular del bloque Frente para la Victoria-PJ, Esteban Obiol, quien señaló que "estos son los momentos en que se hace historia".


 "Sepan hoy todos los que están aquí que la historia nos va a juzgar y podremos ser condenados o absueltos. Es por eso que nuestras opiniones deben ser serias y responsables.


 "El juicio técnico y experto --continuó--, que posteriormente harán otros organismos de la Constitución, no puede nunca imponerse ni sustituir a este juicio político que este CD lleva adelante, pues nosotros somos los que tenemos la responsabilidad legal y moral ante la historia de nuestro pago chico".


 Tras resaltar la seriedad y responsabilidad de la CI, Obiol dijo que el CD mantuvo la continuidad institucional durante todo el Bahiagate e intentó con éxito llevar adelante, de la mejor manera, la situación local.


 "Tal vez a Lopes lo absuelvan en el derecho penal, pero nosotros tenemos la obligación de aferrarnos a la ley Orgánica de las Municipalidades y eso fue lo que hizo este cuerpo", expresó.


 Luego, dijo que a Lopes la ciudadanía no lo votó para hacer lo que hizo y afirmó que Bahía Blanca merece mucho más de sus políticos.


 "Para nosotros, Lopes ha perdido legitimidad en la función; también la confianza de la mayoría de los ciudadanos y ha defraudado a la ciudad", expresó.


 A su término, Marta Castaño, del bloque unipersonal FPV-"Eva Perón", dijo que "hoy --por ayer--, no es un día de victoria para nadie, porque en estos casos pierde toda la ciudad".


 Agregó que los ediles no sólo deben cumplir con su deber al sancionar a aquellos funcionarios que no cumplieron con sus obligaciones, sino protegiendo el interés público contra el peligro que supone que ese funcionario no conserve las condiciones mínimas para ejercer responsabilidades públicas.


 "Por las conclusiones arribadas oportunamente y ahora es que voy a votar la destitución de Lopes", dijo.

El voto negativo




 Fabián Lliteras (FPV) adelantó el voto negativo de su bancada, aludiendo al no respeto, por parte del CD, de principios básicos, como la división de poderes, la Constitución y el principio de inocencia.


 "En su momento, pedimos cautela y responsabilidad. Dijimos que deberían esperarse los términos de la justicia y no nos hicieron caso. También dijimos que la conformación de la CI vulneraba el artículo 242 de la LOM y no se nos hizo caso. Dijimos que, si bien este es un órgano político, debemos respetar la normativa vigente y durante todo el proceso investigativo se vulneraron derechos consagrados en la Constitución nacional, como el debido proceso y la violación de la defensa en juicio.


 "Se vulneraron --agregó-- todas y cada una de las pretensiones que Lopes presentaba para acreditar la inocencia que no debía probar, porque la Constitución dice que todo hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario".


 En otro tramo de su alocución, señaló que, si las pruebas derivadas de escuchas obtenidas indebidamente son declaradas nulas, como hizo el Tribunal de Casación, no se puede juzgar a nadie, porque la nulidad inicial no permite dar legalidad a otras situaciones.


 "Votar la destitución del intendente Lopes implica basarse en situaciones absolutamente nulas, las cuales ni siquiera han sido corroboradas por documental acreditante en tal sentido. Casi la totalidad de los hechos que investigó la CI son los que están investigados en la justicia penal y, hoy, la justicia dio un paso importante, al decir que la causa madre es nula de nulidad absoluta y por eso es nulo cualquier efecto que surja de ello", puntualizó.


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 Elisa Quartucci (UCR) expresó que, si bien este es un hecho que genera profunda tristeza, deja como balance positivo que las instituciones funcionaron, tanto las de la Constitución como, también, las comunitarias, las periodísticas y las políticas.


 "En esto no hicimos ni lo que quisimos ni lo que pudimos, hicimos lo que debíamos hacer. Ninguna decisión judicial va a poder hacernos olvidar lo que escuchamos en las escuchas ni lo que leímos en los expedientes", expresó.


 Andrés de Leo (UCR) dijo la ciudad ha vivido un proceso sin precedentes, ante el cual los concejales no pueden mirar para otro lado.


 "El juzgamiento de la conducta del intendente, que se regula por la ley Orgánica de las Municipalidades, es, ni más ni menos que un juicio político, aunque la ley no lo defina en forma semántica, y allí descansa gran parte del principio republicano de gobierno", expresó.

"Repugnante farsa"




 Julio Ruiz, presidente del bloque FPV, no ocultó su malestar y profunda preocupación por un proceso que, a su entender, es nada menos que una farsa repugnante.


 "Han venido hablando de un hecho histórico y es posible que la historia lo juzgue como tal, pero considerar que un hecho puede ser histórico mientras se lo propicia es de una jactancia y de una soberbia tales que deben generar sospechas", dijo.


 "Me parece repugnante que esta farsa estéril a la que estamos asistiendo sea presentada como un hecho histórico. Lo veo como algo propio de mentalidades poco saludables, de histéricas obsesivas, de sobreactuaciones lamentables y de un histrionismo poco serio. Esto de histórico no tiene nada, aunque puede vincularse con la larga cadena de golpes de Estado que asolaron el país", dijo.


 También afirmó que todos los estamentos que han intervenido en esta "operación" contra la autoridad municipal legítimamente constituida serán responsables de las consecuencias.


 "¿Qué apuro había para llevar adelante esta cuestión, mientras aguardamos una resolución en relación al caso que nos ocupa?", se preguntó.


 Luego, expresó que se intenta ocultar el fallo del Tribunal de Casación que declaró nulas las escuchas telefónicas en el caso de Nora Martínez y dijo que lo resuelto por el CD puede quedar en la nada, a partir de una nueva decisión judicial.


 "Cuando la justicia se pronuncie, esto, más que histórico, será vergonzoso y peligroso, y no hará más que profundizar el abismo que separa la actividad política de la vida cotidiana", expresó.


 Finalmente, el presidente del CD, Juan Pedro Tunessi, puso a consideración de cada uno de los ediles el decreto impulsando la destitución de Lopes, el cual recibió 18 votos a favor y 6 en contra.

Cómo votaron




 A favor de la destitución:
* Bloque UCR: Juan Pedro Tunessi, Carlos Ocaña, Virginia Linares, Aníbal Roig, Elisa Quartucci, Andrés De Leo, Griselda Domínguez, Aloma Sartor, Alberto Sangre y Roberto Ursino
* Bloque FPV-PJ: Esteban Obiol, Juan Leiva, Ana Civitella, René Bustos, Graciela Ovejero, Pablo Palacio y Mario Lopes.
* Bloque FPV-"Eva Perón": Marta Castaño.







 En contra:
* Bloque FPV: Julio Ruiz, Fabián Lliteras, Marta Brusa, Máximo Acosta, Héctor Figueroa y Marisa Plano.

Un mundo de sensaciones

* Pactado el inicio de la sesión a las 16, muchos ediles ingresaron al edificio del Concejo a esa hora, incluidos Virginia Linares ("estaba llevando mi hijo a básquet", dijo) y Marta Castaño, acompañada por su marido, el ex concejal Hugo Márquez, primer funcionario del gabinete de Rodolfo Lopes en renunciar a su cargo, en diciembre de 2003. La sesión comenzó con 20 minutos de atraso.
* Tal como los jugadores de fútbol recorren la cancha, minutos antes de ingresar al campo, para ir "palpando" el ambiente, pocos minutos después de las 16 hicieron fugaz aparición en el recinto los ediles Esteban Obiol (visiblemente nervioso y ansioso), Ana Civitella y Carlos Ocaña.
* Pese a las especulaciones realizadas durante la mañana de ayer, a la hora de la sesión, se sabía de manera cierta que Rodolfo Lopes no asistiría a la misma, lo cual, de alguna manera, quitó "presión" al encuentro.
* De los siete oradores que tuvo la sesión, la mayoría de ellos evitó meterse en problemas "técnicos" describiendo cuestiones de la causa o haciendo apreciaciones sobre la reciente decisión de la Cámara de Casación en cuanto a la no validez de las escuchas, amparados en la falta de "formación académica" para hacerlo. Es que sólo Fabián Lliteras, quien sí lo hizo, tiene título de abogado.
* Quienes hicieron uso de la palabra destacaron el carácter histórico de la sesión, al tiempo de definirla como una circunstancia "trágica". Sólo Julio Ruiz desechó ese concepto (argumentando falta de perspectiva temporal para calificarla de tal manera), calificó a quienes así lo hacían de tener "jactancia y soberbia" y definió el acto como cercano a ser recordado como un "mamarracho".
* A propósito de Ruiz: Fue el último en hacer uso de la palabra y el único que recibió algunos tibios y dispersos aplausos. Entre los "aplaudidores", pudo identificarse a Leonardo Di Luca, quien fuera secretario de Mónica Grimberg cuando ocupó la secretaría de Gobierno, y a Héctor Pincheira, ex delegado en el barrio Noroeste.
* El edil lopesista despertó sonrisas irónicas entre varios de sus pares, al nombrar al personaje Tartufo y a la Gestapo, en comparación, esta última, a los allanamientos realizados en febrero de 2006, por la policía, en el Palacio Municipal.
* Los votos de los concejales fueron enunciados por orden alfabético. El primero (que rechazó la destitución) fue el de Máximo Acosta (FPV), quien fuera funcionario de Lopes. El último, en este caso a favor del alejamiento, correspondió a Roberto Ursino (UCR), quien fuera miembro del gabinete del ex intendente Jaime Linares.
* Ana Civitella (FPV-PJ) fue la única ex funcionaria de Rodolfo Lopes que votó por su destitución.
* A las 17.42, quedó aprobado el decreto de destitución del intendente, acompañado por unos pocos aplausos y el inmediato retiro de todos los concejales. A casi seis meses de los allanamientos, el Legislativo decidía, por primera vez en la historia local, esa medida con un jefe comunal.

Testigos

* Más de 15 fueron los periodistas que siguieron la sesión.
* Cinco fueron las cámaras filmadoras que la registraron.
* Tres fueron los fotógrafos.
* 35 estudiantes de periodismo participaron como oyentes.

El planteo de nulidad no detuvo la sesión especial

























 La resolución mayoritaria de la comisión de Asuntos Legales del Concejo Deliberante, que expresaba el rechazo al planteo de nulidad interpuesto por Lopes contra la convocatoria a la sesión especial para tratar su destitución, fue aprobada durante la reunión ordinaria del cuerpo que se llevó a cabo sobre el mediodía de ayer.


 Los bloques de la UCR, del FPV-PJ y del FPV-"Eva Perón" (18 ediles en total) votaron afirmativamente, mientras que los seis concejales del FPV lopesista no levantaron sus manos.


 "El señor intendente --por Lopes-- ha tenido la más amplia posibilidad de ejercer su derecho a defensa y se lo encuentra, hoy, en esa misma condición, no habiéndose vulnerado, bajo ningún punto de vista, tales garantías constitucionales, siendo la nulidad impetrada meramente dilatoria", se expresó en el despacho de mayoría de la comisión, compuesta por Carlos Ocaña y Elisa Quartucci, por la UCR, y Pablo Palacio, por el FPV-PJ.


 En conclusión, la resolución indica que la nulidad ha sido pedida por la nulidad misma, sin que se encuentre afectado derecho alguno, razón por la cual no puede prosperar.


 Además, se agregó en el texto que es jurisprudencia unánime de las Cortes provincial y nacional que no puede pretenderse la nulidad con la sola argumentación de la no garantía, si el presunto afectado no toma un rol activo para ejercerlo o demuestra un mínimo de diligencia al respecto.


 Antes de la votación, el secretario del cuerpo, Raúl Vidal, leyó las actuaciones llevadas a cabo por el CD vinculadas con las distintas notificaciones enviadas para proceder de manera correcta en este caso.


 "Ante este cúmulo de notificaciones, resulta improcedente la apelación que realiza el doctor Lopes, con lo cual queda claro que su única finalidad es dilatar este proceso", expresó.


 También se mencionó en el despacho aprobado que deben desestimarse las objeciones formuladas en torno de la publicidad de la sesión especial en los medios de comunicación, para "evitar la toma de decisiones de espaldas a la sociedad o en forma clandestina", según reza en la ley Orgánica de las Municipalidades.


 En este sentido, se aclaró que, más allá de la comunicación oficial del CD mediante su informe de prensa del 21 de julio último, los medios gráficos dieron noticia de la convocatoria a la sesión especial el día siguiente.


 "Léase la portada de "La Nueva Provincia" de esa fecha", se adjuntó.


 "En consecuencia, no ha habido violación del derecho de defensa ni menoscabo a los principios del procedimiento de destitución que obligaran a declarar la nulidad en la forma requerida", leyó Vidal.

Posición del FPV lopesista




  "A este bloque no le sorprende, en absoluto, la decisión de la mayoría, en cuanto a la negativa de una nueva presentación que ha hecho el doctor Lopes. Este bloque no justifica que, porque esta sea una cuestión política y este sea un ámbito político, no se respete la normativa y la Constitución Nacional".


 Las palabras pertenecen al concejal del FPV Fabián Lliteras, quien sentó la posición de la bancada que defiende el planteo del intendente suspendido.


 "La oposición ha desestimado todos y cada uno de los pedidos que ha hecho el intendente, no haciendo lugar a lo pedido, por considerar que se trata de cuestiones meramente dilatorias. Esto lo vimos durante todo el proceso investigativo de la comisión Investigadora del CD y ahora también", dijo el edil.


 Lliteras comenzó a describir algunas irregularidades que, según el análisis de su bloque, se cometieron durante el proceso. Por ejemplo, destacó que la convocatoria no se realizó conforme a derecho, puesto que se impulsó mediante un decreto del presidente del cuerpo, Juan Pedro Tunessi, y no con el aval del resto de los concejales, requisito que, si bien se cumplió posteriormente, no se debería tomar en cuenta porque "lo que nace nulo no puede subsanarse".


 "Lo que pretende el intendente no es una cuestión meramente dilatoria, sino ejercer su legítimo derecho a la defensa y, una vez más, ha sido avasallado ese derecho", destacó.


 Finalmente, Lliteras se dirigió, enfáticamente, a los concejales de las otras bancadas, exigiéndoles respeto por las leyes.


 "Señores, nosotros no defendemos situaciones personales. Estamos defendiendo la Constitución provincial, la Constitución nacional y la propia ley Orgánica de las Municipalidades. Eso es lo que pretendemos y por eso exigimos cautela y responsabilidad, cosas que venimos pidiendo desde el primer día. Respetemos las normas y no nos apresuremos, otra vez más, a tomar decisiones que nos van a representar responsabilidades supremas. Debemos respetar la ley", concluyó.

Jalones en el tiempo




 En la víspera, culminó un gobierno de poco más de dos años, que incluyó una fuerte interna en el peronismo, múltiples polémicas y 26 renuncias y despidos de funcionarios.


 La destitución de Rodolfo Lopes se decidió a menos de un mes de cumplirse tres años desde que triunfó en las elecciones para intendente bahiense (por más del 40 por ciento de los votos) y a 32 meses de haber asumido el cargo, recuperando el peronismo el poder local luego de 27 años y alejando del municipio a Jaime Linares (UCR), quien había detentado la autoridad durante más de una década.


 El alejamiento se concreta a 10 meses del inicio de la investigación judicial que lo tiene como principal sospechoso, a seis meses de los allanamientos derivados de la causa, a cuatro meses de su alejamiento voluntario del gobierno comunal (y de la consecuente asunción de Cristian Breitenstein como intendente interino) y a dos meses de que la comisión Investigadora del Concejo Deliberante lo suspendiera por 90 días.


 Su gobierno real duró 820 días, teniendo en cuenta que, desde que tomó licencia (en abril), no regresó al cargo.



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