Beltrán Ingeniería impugnaría la oferta neuquina
Antes de las 10 de hoy, la empresa constructora Beltrán Ingeniería SA, establecida en nuestra ciudad, presentaría, ante los organismos municipales correspondientes, la solicitud de impugnación de la oferta presentada por la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Enrique Sanandrés Riva SA y Comar SRL, con domicilio en la ciudad de Neuquén, en la licitación para construir la terminal de ómnibus de nuestra ciudad.
De esta manera, sobre el filo de las 72 horas que establece el pliego de bases y condiciones para realizar esta acción, a partir del acto licitatorio, sería cuestionada la oferta más baja presentada en la compulsa, establecida en 23.250.304,07 pesos; esto es, el 46,78% sobre el presupuesto oficial de 15.840.000 pesos establecido por la comuna.
Beltrán Ingeniería SA, que cotizó la obra en 29.783.438,45 pesos (el 88,03% sobre aquel guarismo), habría encontrado serias irregularidades en la presentación realizada por la mencionada UTE, que lo habilitarían claramente para impugnar esa presentación.
Las observaciones se centrarían en la documentación que debía presentarse en el denominado sobre Nº 2, donde, además de la oferta propiamente dicha, debía adjuntarse un análisis de precios de la obra, un presupuesto detallado, el plan de trabajos y la curva de inversiones.
De acuerdo con el pliego de bases y condiciones, la omisión o incumplimiento de cualquiera de esos elementos "será causal de rechazo de la propuesta".
Precisamente, la empresa bahiense habría advertido la falta de los dos últimos documentos solicitados (esto es, el plan de trabajos y la curva de inversiones), causal suficiente para que la oferta hubiese sido rechazada en el mismo acto licitatorio, aunque ese faltante, en principio, no habría sido advertido por el agrimensor Juan Carlos Cordisco, subsecretario de Infraestructura y responsable de abrir los sobres.
Durante la tarde de ayer, la Beltrán Ingeniería SA habría cumplimentado el depósito de 6.500 pesos en una cuenta especial de la Municipalidad en el banco de la Provincia de Buenos Aires, que debe realizar quien realice una impugnación.
El comprobante de ese depósito, más un acta realizada por escribano, donde se detallan todas las observaciones, conforman la impugnación propiamente dicha.
De concretarse la presentación, la Municipalidad dispondrá de un plazo de 60 días para decidir sobre el cuestionamiento.
Una UTE cuestionada
Las empresas neuquinas que conforman la UTE que participó de la licitación para realizar la nueva terminal de ómnibus de nuestra ciudad fueron duramente cuestionadas en el anterior llamado a licitación, luego cancelado por el intendente Cristian Breitenstein, realizado durante la gestión de Rodolfo Lopes, al relacionárselas con el empresario Fernando Balajovsky y la ex funcionaria Mónica Grimberg, ambos imputados en la causa judicial que costara la salida a Lopes del Palacio Municipal.
Precisamente, según una escucha del denominado Bahiagate, la ex secretaria de Gobierno pidió tener acceso al pliego de bases y condiciones, entonces en preparación, presuntamente para poder favorecer a esas empresas.
Abonaría la presunción el hecho de haberse otorgado un puntaje especial a aquellas firmas que hubieran realizado una terminal de ómnibus en los últimos diez años, con lo cual la UTE de Neuquén se convirtió en favorita, teniendo en cuenta que tuvo a su cargo la ejecución de la terminal de Neuquén, la única en su tipo realizada en el país en ese lapso.
Cabe señalar que de la UTE que presentó su oferta en Bahía Blanca, el lunes último, no participa la empresa Riva SA, que sí fue parte de la UTE neuquina.
Readecuación, revisión, o dejarla para mejor época...
Mientras corre el plazo de 72 horas (que vence hoy) para permitir, según figura en el pliego de bases y condiciones, una posible impugnación de las ofertas por parte de las empresas participantes, continúan los ecos ante la magnitud de los valores presentados en las dos proposiciones para construir la nueva terminal de ómnibus, que excedieron en el 46,78% y el 88,03%, respectivamente, el presupuesto oficial.
A los rumores de una inminente anulación de la licitación, se sumaron comentarios, surgidos de diferentes fuentes, que van desde una posible readecuación del proyecto con su respectivo nuevo llamado a licitación, pasando por una invitación a mejorar las ofertas a las firmas participantes, y llegando hasta el estudio, durante los próximos 60 días, de las ofertas, a fin de determinar si sus valores son adecuados a la obra que se pretende erigir.
El intendente Cristian Breitenstein, entretanto, rehusó, de manera cordial, pero firme, hacer comentarios sobre la cuestión.
"De eso no hablo ni voy a contestar preguntas", señaló a este diario, minutos antes de ingresar al salón Blanco municipal, para presidir un acto de rutina.
Quienes sí dieron su opinión sobre la cuestión fueron algunos concejales, convencidos todos de la necesidad que tiene la ciudad de disponer de una nueva estación terminal, aunque haciendo cada uno de ellos distintas lecturas de la situación.
Conceptos
"La terminal es un tema emblemático de la ciudad, una de las cuestiones a solucionar, una prioridad. Pero, aun cuando el proyecto que se presentó es muy bonito, a mi entender está sobredimensionado, es más grande de lo que necesitamos en el mediano plazo". Esto señaló la concejala de la UCR Virginia Linares, quien defiende la idea de proyectar un edificio "razonable y viable", acorde con las necesidades de Bahía Blanca en el mediano plazo.
"Para mí, es más prioritario realizar obras de infraestructura barriales que la terminal planteada. Si debo decidir desde el municipio, no gastaría esos millones en esa obra: Trataría de juntar fondos extraciudad para hacerla, provengan estos del sector privado, provincial o nacional, teniendo en cuenta, además, el momento crítico que pasa la comuna con sus recursos económicos", agregó.
Consultada sobre la conveniencia de que un gobierno interino defina la ejecución de las obras más importantes en la historia de la ciudad, Linares reconoció que acaso no sea el sistema más adecuado para resolver cuestiones estructurales, pero no ve mal que lo haga.
"No podemos seguir parando cosas de la ciudad. Más allá del carácter del gobierno actual, creo que los equipos técnicos municipales deberían tener la voz más importante, porque siguen el proceso desde su inicio", finalizó.
Carlos Ocaña, presidente del bloque radical, coincidió con Linares en cuanto a la necesidad de buscar alternativas de financiación.
"Eso lo dijimos cuando tratamos el presupuesto de este año. Si bien aprobamos la partida, entendimos que se podían buscar otras formas de financiación; por caso, una participación privada que luego explote y se encargue del mantenimiento de la terminal, lo cual no es un tema menor", señaló.
Si bien reconoció otras necesidades de la ciudad, "faltan obras de infraestructura y reparación de calles", consideró que sería "un golpe muy fuerte", si se anulara la licitación.
"Se ha creado una expectativa importante con esta obra; incluso, por estos días, ya tendría que estar en marcha. Pero, sin dudas, hay que analizar si el municipio puede afrontar semejante trabajo", agregó.
Otra visión del tema la aportó Marta Castaño, única integrante del bloque FPV-Eva Perón, desde su alejamiento del Frente Para la Victoria, en abril de este año. Castaño, que estuvo presente en la apertura de ofertas, está convencida de que "después de los colectores", la terminal sigue siendo la "obra esencial" de la ciudad.
Sobre los valores en juego, reconoció no tener todavía una información precisa del Ejecutivo en cuanto a la disponibilidad o no de los fondos para afrontar la obra.
"Para este momento de nuestro gobierno, parecería ser un emprendimiento muy grande, pero, dentro de las posibilidades que tengamos, tendríamos que construir el edificio tal cual está proyectado. Nuestra ciudad es un polo regional y debemos tener visión de futuro y sobre ese futuro trabajar", indicó.
También coincidió con algunos de sus pares sobre la necesidad de conseguir que la financiación no incluya sólo dinero municipal.
"Ojalá podamos contar con el apoyo que, desde la Nación, Bahía Blanca merece. Para conseguirlo, deberíamos realizar un trabajo conjunto entre legisladores, el Ejecutivo y el Concejo, porque las grandes situaciones de nuestra ciudad las debemos resolver entre todos", agregó.
Por último, el concejal Fabián Lliteras, del Frente Para la Victoria, sumó su idea de que construir una nueva terminal sigue siendo "una obra que la comunidad considera prioritaria" y, si bien reconoció no poder determinar si las ofertas surgidas de la licitación son altas, recordó que la primera valoración, preparada durante el mandato de Rodolfo Lopes, se ajustaba más a esos valores.
"El presupuesto original era de 18,5 millones y había ya entonces --se refiere a lo ocurrido en abril de este año-- una proyección de que ese costo podía elevarse, teniendo en cuenta el aumento en la construcción. Después, el Ejecutivo decidió reducirlo a 15 millones y entonces la brecha con las ofertas es mucho más amplia", señaló quien fuera asesor legal comunal durante el mandato de Rodolfo Lopes.
A diferencia de los concejales radicales, Lliteras encuentra que la situación económica de la comuna no ha cambiando demasiado en los últimos meses, por lo cual, a su criterio, no sería difícil disponer del dinero necesario para el nuevo edificio.
"Creo que debe solucionarse esta coyuntura, analizar los costos finales y comenzar con un proyecto que toda la sociedad quiere", finalizó.
La jornada del 28 de febrero de 2006
La mañana del martes 28 de febrero fue la elegida para la presentación, en el recinto del Concejo Deliberante, del proyecto de la nueva terminal de ómnibus, invitados sus autores y los responsables del estudio de impacto ambiental.
Proyecciones, lápices láser marcando detalles, preguntas, dudas y respuestas fueron parte de una exposición (conducida por el por entonces director de Terminales de la comuna, Eduardo Medrano) que, poco a poco, fue perdiendo interés y atención por parte de los ediles.
Es que, en ese mismo momento, veinte efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) allanaban los despachos y oficinas del Palacio Municipal, dando continuidad a un procedimiento judicial que terminaría, semanas después, con la salida del intendente Rodolfo Lopes.
Nunca un tiempo menos oportuno para presentar un proyecto; casi como una marca, casi como un signo.