La jueza Stemphelet ordenó la detención del jefe comunal
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La jueza de garantías Gilda Stemphelet ordenó, en la mañana de ayer, la detención del intendente del Frente por la Victoria, Rodolfo Lopes, por entender que resulta ser, "prima facie", autor responsable de los delitos de estafas reiteradas y peculado.
La magistrada expresó que los hechos que argumentan la detención fueron cometidos en perjuicio de la Municipalidad y de las empresas Profertil, Solvay Indupa y Dow PBB-Polisur.
"De la prueba referenciada surgen motivos bastantes para sospechar que Rodolfo Lopes resulta ser autor 'prima facie' responsable de estafa (tres hechos) en concurso real, con el delito de peculado-malversación de caudales públicos (tres hechos)", se expresa en el fallo.
Poco después de conocerse la decisión de Stemphelet, los abogados del intendente apelaron la medida, por lo que una de las salas de la Cámara de Apelaciones deberá definir, en los próximos cinco días, si se lo detiene o no al intendente.
"Teniendo en cuenta que se ha solicitado la eximición de prisión del imputado, y no obstante haber sido negada por la suscripta --expresó Stemphelet--, la misma no se encuentra firme, por lo que se difiere la efectivización de la medida de coerción dispuesta precedentemente, hasta tanto el resolutorio citado obtenga firmeza".
Luego de que la noticia se propagara por los medios de comunicación locales, el intendente se reunió con sus abogados defensores en el despacho principal del palacio municipal para, posteriormente, dirigirse al barrio Spurr, donde visitó una obra realizada para el suministro de agua potable.
Estafa a Profertil
Stemphelet consideró, en el fallo, que existe semiplena prueba e indicios vehementes de la comisión del delito de estafa a la empresa Profertil, que se funda en lo conocido mediante las transcripciones resultantes de las intervenciones telefónicas entre José Knecht y Reneé Morbiducci; Rodolfo Lopes y Reneé Morbiducci; Rodolfo Lopes y Jorge Hernández; Rodolfo Lopes y Juan Carlos Dimatz, y Rodolfo Lopes, Micaela Schwenzel y José Knecht.
Asimismo, se basó en la copia del cheque de la Banca Nazionale del Lavoro; en la copia certificada de la factura 00002537 del 28 de diciembre de 2005, por 25 mil pesos, expedida por el Centro de Fomento y Cultura y Biblioteca de Villa Mitre, en concepto de donación; en el legajo de donación de la empresa Profertil a favor de la biblioteca popular de Villa Mitre, y en las declaraciones testimoniales de Jorge Hernández, Reneé Morbiducci, Graciela Campetella, Sonia Cirillo y Blanca Gutiérrez.
A Solvay y a la MBB
En cuanto a la comisión del delito de estafa en perjuicio de la empresa Solvay Indupa, en concurso real con el delito de peculado, en perjuicio de la Municipalidad de Bahía Blanca, se basa en la copia certificada de la factura 0001-00000735 de MVA Comunicaciones del 26 de octubre de 2005, por 26.136 pesos, en concepto de "impresiones instructivos campaña de seguridad" (secuestrada en el allanamiento a la empresa Solvay Indupa).
Asimismo, en la documentación que en copia certificada acredita las constancias contables de la operación comercial por parte de la empresa Solvay Indupa, en las impresiones del sistema informático de los movimientos de la cuenta corriente de Solvay Indupa, donde consta el débito de 22.920 pesos, correspondiente al cheque librado a favor de MVA Comunicaciones, secuestrada en el allanamiento al Banco Boston, y en la fotocopia del expediente administrativo de la Municipalidad de Bahía Blanca Nº 310-00011909/2005.
También la magistrada se basó en escuchas telefónicas y en las declaraciones testimoniales de Roberto Elissamburu, gerente de Administración de Solvay Indupa; Raúl Amaya, director de MVA Comunicaciones; Néstor Ortega, subsecretario de Gestión Ambiental de la comuna; Rosa Micaela Schwenzel, secretaria del intendente Rodolfo Lopes; los subtenientes Oscar Carabetta y Yamil Pinedo; Fernando Gutiérrez, empleado del Banco Río; María Silvia Arró, empleada de Solvay Indupa, y en la declaración espontánea de Edgar Bosso, gerente de Solvay Indupa.
A Dow PBB-Polisur
La jueza de garantías también encontró semiplena prueba e indicios vehementes de la comisión del delito de estafa en perjuicio de la empresa Dow PBB-Polisur.
Para llegar a esa conclusión, tuvo en cuenta la copia certificada de la factura Nº0001-00000345 del 27 de octubre de 2005, expedida por la firma Ricciotti "Servicios Gráficos", secuestrado en el allanamiento a la imprenta, y en los movimientos bancarios de la caja de ahorro del imprentero Néstor Ricciotti de la sucursal en Villa Mitre del Banco Credicoop.
También Stemphelet se fundó en las intervenciones telefónicas oportunamente ordenadas y en las declaraciones testimoniales de los empleados de PBB Polisur, Angel Appignanesi, Marcela Guerra y Yudith del Carmen Fernández, y del empleado de la imprenta Ricciotti, Darío Palavecino.
Peculado
El delito de peculado se refiere a la entrega del automóvil municipal al jefe comunal del Municipio Urbano de la Costa, Juan de Jesús, y a la utilización de teléfonos celulares de la comuna por personas ajenas a ella.
Para expresar que existe semiplena prueba e indicios vehementes en el primero de los casos, la jueza se basó en las escuchas telefónicas, en las declaraciones testimoniales de Rosa Micaela Schwenzel, del mecánico Néstor Modesti y del propio intendente De Jesús.
En el segundo caso, se tuvieron en cuenta intervenciones telefónicas, el secuestro del teléfono celular marca Sony Ericsson con cámara digital en el allanamiento del domicilio donde reside Mónica Grimberg, actual secretaria de Gobierno de la comuna, y en las declaraciones testimoniales de María Teresa de la Millar y de Rosa Micaela Schwenzel, ex secretaria del jefe comunal.
El contexto de la causa que involucra al intendente
Las resoluciones de la jueza Stemphelet, vinieron en respuesta al pedido realizado por el fiscal de Delitos Complejos, Gustavo Zorzano, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de la comuna.
A pesar de que la jueza ordenó la detención del intendente y no hizo lugar al pedido de eximición de prisión interpuesto por la defensa, la misma no se encuentra firme, ya que los abogados defensores apelaron la medida ante la instancia superior.
Por lo tanto, la Cámara de Garantías en lo Penal es ahora la encargada de confirmar o no la resolución tomada por la jueza de garantías y, en el caso de hacerlo, Lopes será detenido.
Esa cámara esta integrada por dos salas en las que se desempeñan los doctores Alejandro Aispuro, Jorge Alcolea y Guillermo Giambelluca (sala 1) y Guillermo Rodríguez, Alfredo Monez Ruiz y Hugo Cavallaro (sala 2).
La investigación de Zorzano comenzó en octubre de 2005, a partir de otra causa judicial que derivó en escuchas telefónicas, en las que se detectaron presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Zorzano dispuso allanar, el pasado 28 de febrero, el municipio, además del domicilio de Lopes y de su secretaria de Gobierno, en un múltiple operativo que abarcó 15 registros e incluyó, también, empresas del Polo Petroquímico, una imprenta, una editorial, una sociedad de fomento de la ciudad, tres entidades bancarias, tres viviendas y una empresa de la Capital Federal.
El denominado "Bahíagate" viene provocando una fuerte conmoción política en la ciudad, lo que motivó que el Concejo Deliberante aprobara, en sesión extraordinaria, una comisión investigadora prevista en la Ley Orgánica de las Municipalidades, que comenzará a funcionar hoy y que tendrá que analizar la conducta del intendente Lopes.