El publicista Amaya afirmó que no vendió nada a Solvay

Redacción de La Nueva.

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 El publicista Raúl Alberto Amaya, responsable de la agencia MVA Comunicaciones, se autoincriminó en su declaración testimonial, al señalar que no existió la operación por la cual confeccionó una factura por un monto cercano a los 25 mil pesos, para ser presentada ante la empresa Solvay Indupa, a pedido del empresario Fernando Balajovsky.

 La declaración de Amaya es considerada como un fuerte agravante en la causa 100.988 que tramita el fiscal Gustavo Zorzano por presuntas maniobras ilícitas cometidas en el ámbito de la administración municipal.

 De acuerdo con las actuaciones obrantes en el segundo cuerpo de la investigación penal preparatoria, Amaya controlaba la mencionada agencia con domicilio en la Capital Federal, donde se produjo un allanamiento y posterior declaración testimonial de su titular.

 Amaya declaró bajo juramento, ante la exposición de una factura del 28 de octubre de 2005, que, efectivamente, la reconocía como una copia auténtica de la original que oportunamente librara a Fernando Balajovsky, de la editorial Ediba, de Bahía Blanca.

 También, que nunca antes había realizado trabajos ni operación alguna con la empresa Solvay Indupa y que dicha factura la confeccionó a pedido de Balajovsky, quien le ofreció a cambio restituirle el importe de IVA que debía descargar al momento de rendir sus cuentas contables, más una comisión.

 Amaya dijo que Balajovsky hizo provecho de la situación a sabiendas de que él (Amaya) atravesaba, por esos días, problemas de carácter económico y familiares.

 El publicista recalcó, en su declaración, que esa operación comercial con Solvay Indupa y su empresa "nunca existió"; no obstante ello, mencionó que Balajovsky sí era cliente de la firma MVA y que, por ende, le había realizado trabajos.

 Además, Amaya declaró que nunca se interiorizó de los pormenores por los cuales Balajovsky le solicitó la factura en cuestión ni tampoco qué quería justificar con ello.

 Dijo que, en el caso particular de la factura de Solvay Indupa, Balajovsky le pidió telefónicamente una factura "describiéndole el detalle, la forma en que debía ser dirigida y el monto por el cual debía confeccionarla, ofreciéndole por la misma vía un importe de dinero a cambio de dicho favor", trato que aceptó.

 Luego, Amaya relató que la factura para Solvay Indupa fue enviada por el correo privado Postal del Sur y que, contrarreembolso, se le envió el dinero convenido, cuya cifra, en un primer momento, dijo no recordar.

 Respecto de la intervención en el caso de Carlos, Fabio y Adrián Balajovsky, hijos de Fernando, Amaya dijo que sólo conocía a Adrián.

 Relató, ante la requisitoria, que Adrián Balajovsky, el mismo día en que se allanó la oficina de Charcas al 2700, lo había alertado telefónicamente de los inconvenientes que habían surgido en Bahía Blanca como consecuencia de los allanamientos realizados por el Poder Judicial en la editorial Ediba.

 Amaya dio fe de que Adrián Balajovsky, en ese alerta, le sugirió mirar por Internet la página web de "La Nueva Provincia", para tener información fresca de lo que estaba pasando y que no sería de extrañar que personal policial se presentase en las oficinas de MVA, a los efectos de buscar documentación, cosa que sucedió poco después.

 Por último, Amaya recordó que la suma que cobró de parte de Balajovsky fueron 1.728 pesos, la misma cifra por la cual luego este presentara una boleta para ser pagada por la contaduría municipal; es decir, del erario público.

 La factura apócrifa, según el testimonio del propio Amaya, fue por 25 mil pesos.

Hacia dentro de la empresa del Polo Petroquímico

 También en el segundo cuerpo se encuentra la declaración testimonial prestada por María Silvia Arro, una empleada de 20 años de antigüedad de la empresa Solvay Indupa, encargada del área Cuentas a pagar.

 Arro dijo que sus superiores jerárquicos son Roberto Elissamburu, gerente de Administración y finanzas, y que, por encima del mencionando, se encuentra el señor Cancio, de la sede central de Solvay en Buenos Aires.

 Respecto del procedimiento administrativo de registro de facturas por adquisición de insumos, elementos o prestaciones de servicios por parte de la firma Solvay Indupa, dijo que, recibida una factura en el sector de Liquidaciones, se analiza si la misma está conformada (es decir, firmada por un responsable con firma en la empresa) o si tiene documento de compra, en cuyo caso debería contener una nota de pedido u orden de compra.

 Relató que, luego, se procesa en el sistema, verificando si cumple con los requisitos de control interno, y, posteriormente, se verifican los pasos de ese control interno, como los datos del proveedor, situación fiscal, condiciones de pago, etc.

 Finalmente, el trámite queda en el archivo provisorio, hasta que se determine el pago.

 Arro aclaró que, en el caso de las facturas conformadas, pueden carecer de remito de recepción, pues están respaldadas por un superior jerárquico con su propia firma, indicando que cada firma tiene un monto asignado para autorizar un gasto o adquisición.

 Yendo a la puntualidad del caso, Arro manifestó que no recordaba a la agencia MVA como proveedora, ya que son muchísimas, aunque, efectivamente, dijo recordar que tuvo una única facturación de MVA hacia Solvay, con fecha del 26 de octubre del año anterior, agregando que no sabía quién había incorporado a MVA como proveedor a la empresa ni por orden de quién, pero que estaba segura de que no había sido ella y que sí, en cambio, podía haber sido Daniel de Paoli, quien trabaja dentro de la administración, no a su cargo, y que es quien procesa las compras directas.

 Arro dijo que, en ausencia de De Paoli, pudieron haber ingresado a MVA como proveedor otros empleados, como Sergio Naretto, Javier Brizzi o Julia Rana.

 Cuando se exhibió a Arro la factura emitida por MVA, manifestó que, efectivamente, la reconocía y que podía individualizar las anotaciones, dando fe que la firma autorizante existente en la misma es la del ingeniero Edgar Bosso.

 Ratificó Arro que esa factura ingresó a su sector el día 10 de noviembre de 2005, desconociendo si fue recibida por el sector Industrial, a cargo del ingeniero Bosso, ni si fue controlada por el sector de Bosso, pero que si no hubiese tenido la firma del mencionado ingeniero, ella no la hubiera registrado en el sistema hasta averiguar, porque carecía de la autorización respectiva y, en consecuencia, no la hubiera pagado.

 Cuando se le exhibió la orden de pago emitida por Solvay Indupa, cuyo beneficiario era la firma MVA, manifestó que la reconocía como la entregada en su oficina y que, con respecto a las firmas insertas en el documento, eran las de Roberto Elissamburu y el ingeniero Emilio Dingevan.

 Preguntada si le constaba cómo había sido abonada la factura, dijo que no lo recordaba ni cómo se había entregado el cheque, dando fe de que no era correcto que, junto con la factura de MVA, al abonarse la misma, no existiese un recibo cancelatorio o una firma en la orden de pago de quien efectivizó el retiro del cheque.

 Preguntada Arro si le parecía bien que en el área administrativa de la empresa sea habitual la presentación de facturas donde no se especificase la cantidad del producto recibido y la carencia del remito de recepción de los mismos, manifestó que no había prestado atención sobre si existían muchos casos en esa situación.

Marcela Guerra: El pago lo autorizó Bornemann

 En la segunda declaración hecha ante sede fiscal, el 6 de este mes, la responsable de Asuntos institucionales de PBB Polisur, Marcela Guerra, dijo que en ninguna oportunidad habló con gente de la Municipalidad por la cuestión motivo de investigación (dadivado de dinero de la empresa a la que pertenece al intendente Rodolfo Lopes), pero admitió saber que el tema era un pedido de colaboración para una campaña de la Municipalidad y que había sido el ingeniero Jorge Bornemann quien personalmente había hablado con el intendente Lopes del tema.

 Guerra dejó constancia de que, por los dichos de Bornemann, se trataba de "una colaboración para hacer frente a una campaña ambiental, porque la Municipalidad tenía dificultades presupuestarias para afrontarla".

 La empleada de PBB Polisur aclaró que muchas veces PBB Polisur colabora con empresas e instituciones que solicitan dinero para determinados emprendimientos.

 No obstante, aclaró que esas colaboraciones no se materializaban en dinero, sino en especies, impresiones, viáticos y hotelería y que el director de la empresa (Bornemann) le dijo que "en este caso, se trataba de dar una respuesta a un pedido de colaboración de la Municipalidad".

 Guerra admitió que, atento a ser una subordinada del director de Operaciones (Bornemann), no cuestionó, de ninguna manera, dicho mandato y que sólo se limitó a cumplirlo, advirtiendo que la decisión de Bornemann le fue transmitida de manera verbal, sin adjuntar ni presentar ningún pedido escrito por parte de la Municipalidad, el destino del mismo ni la forma de instrumentación.

 La empleada declaró que, de acuerdo con la redacción de la factura extendida por Ricciotti Servicios Gráficos y ante la ausencia de una nota por parte de la institución, la misma no se contabiliza como donación, sino como servicio contratado.

 Guerra dejó en claro, ante la requisitoria fiscal, que, según su conocimiento, "era la primera vez que se pagaba una factura de la Municipalidad de esa manera" y que ese pedido "no respondía a los procedimientos habituales", pero que no observó esas cuestiones, "toda vez que le fue ordenado por el director Bornemann ya que, por el tipo de jerarquía que ambos tienen, la palabra cuenta".

 En la sede judicial, se exhibieron a Guerra las facturas pertenecientes a la imprenta Ricciotti por las sumas de 10.043 pesos y 8.300 pesos, cuyo concepto reza "instructivo campaña de seguridad ambiental".

 Acto seguido, Guerra indicó que eran las mismas que recibiera en un sobre de parte de Ricciotti, agregando que la primera fue abonada por PBB Polisur, mientras que la segunda fue reenviada a Ricciotti.

 Por último, aclaró que no había manera de determinar contablemente cuál había sido el destino del dinero, pero que se había tratado de una donación o del pago de una colaboración.