Preocupan los jóvenes en conflicto con la ley. Los delitos siguen estables
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La seguridad en la provincia de La Pampa es uno de los aspectos salientes en los que el gobierno ha puesto su acento, desde que asumió, en diciembre pasado.
Por una parte, la preocupación está centrada en los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal.
De acuerdo con las estadísticas del Ejecutivo pampeano, existen aproximadamente 600 menores --de entre 13 y 18 años-- en esta situación.
De esa cifra, 400 casos corresponden a esta ciudad capital. La mayoría ha pasado por el denominado "proyecto vida", un lugar destinado a lograr la reinserción de estos menores.
Por otro lado, los reclamos de la sociedad por mayor seguridad han sido permanentemente atendidos, no sólo por los jefes policiales, sino por el propio ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Juan Carlos Tierno.
Las últimas estadísticas señalan que los delitos contra la propiedad no han variado mayormente si se toma en cuenta el mes de mayo de 2003 y el mismo mes del corriente año.
Las cifras arrojan una leve disminución de 18 casos, totalizando 1.014 delitos en 2004 y 1.032 durante 2003.
El panorama varía si se toma en cuenta el mes de abril, en el que se registraron 1.085 hechos delictivos.
La jurisdicción de la Unidad Regional Nº 1, a la que pertenece Santa Rosa, encabeza la estadística provincial, ya que se contabilizaron 443 delitos, de los cuales 181 son hurtos y 119 robos.
Mientras tanto, en el ámbito de la Unidad Regional Nº 2, con sede en General Pico, la cantidad de delitos contra la propiedad disminuye a la mitad: 245 casos.
De esa cifra, se desprende que 82 son hurtos mientras que los robos llegan a 57.
Asimismo, la información obtenida establece que durante el mes de mayo se lograron esclarecer 426 delitos, es decir un 42 por ciento.
Un dato alarmante
Una problemática que preocupa a las autoridades y a la que aún no se le encontró una salida es el robo de bicicletas y ciclomotores.
Sólo en el mes de mayo último se denunciaron 110 casos entre las unidades regionales.
Este es uno de los delitos más frecuentes y de los que ni siquiera se lleva una estadística certera debido a que, al no poder acreditar la propiedad, muy pocos formulan la denuncia.
Las autoridades policiales conocen la problemática e incluso se intentó, en algún momento, implementar un sistema de registro de los rodados, el que no prosperó.
La policía provincial, a través de su titular, comisario mayor (R) Ricardo Baudaux y del subjefe, comisario inspector (R) Juan Domingo Pérez, siguen de cerca cada uno de los casos graves que han sucedido, a tal punto que encabezaron las operaciones investigativas.
Al ser consultado por la situación actual, Pérez enfatizó: "estamos bien", aunque alertó que los delitos siguen ocurriendo.
Remarcó que se están redoblando determinadas acciones, como el incremento de los efectivos policiales y, además, está abierta la convocatoria a inscripción para aspirantes a agentes masculinos, en un número de 100 personas.
El jefe policial indicó que a pesar de lo que sucede --y tomando en cuenta la situación en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal-- tanto Santa Rosa como General Pico son ciudades seguras.
"Es lógico que se den hechos, pero son menores", sostuvo.
Con el objetivo de otorgarle mayor seguridad a la sociedad, el gobierno provincial otorgó, a comienzos de año, a la fuerza policial, un total de 26 pick-up marca Ford Ranger, doble cabina, que fueron destinadas a las distintas unidades operativas.
Por mayores controles
En los últimos meses, sucedieron dos hechos que marcaron fuertemente el reclamo social por mayor seguridad.
Uno se dio en el mes de abril, en Santa Rosa, cuando unas 500 personas marcharon por las calles capitalinas, bajo la consigna "Contra la inseguridad y la impunidad".
Esa movilización estuvo marcada por el reclamo que se observó en todo el país bajo la consigna "Todos por Axel", (por Axel Blumberg), si bien en la convocatoria no se observaron fotos del joven secuestrado y asesinado.
En ese momento, los santarroseños aprovecharon la oportunidad para alzar pancartas con las fotos de personas que fueron víctimas de accidentes de tránsito y del delito en los últimos años, como por ejemplo Sacha Viguera, José Barzola, Eduardo Maciel, Verónica Feraude y Marcelo Lecitra, entre otros.
También se escucharon los reclamos por "Justicia" de familiares de Juan Carlos Castaño, Damián Rodríguez, Juan Carlos Canale, Gastón Di Caro, Ricardo Acuña, Mónica Villalabeitía, María Angélica Gandi y Andrea López, esta última, desaparecida hasta el día de hoy.
El otro hecho que motivó la atención de las autoridades aconteció en Guatraché, en el mes de mayo, al reclamar los vecinos por el esclarecimiento de la muerte de Juan Alberto Braun, a quien se lo encontró en un maizal cercano a un camino vecinal, a siete kilómetros de la localidad.
En esa oportunidad, medio millar de personas participó de la marcha, encabezada por la intendenta Nancy Adriana Schenkel y por el juez de paz.
Se le entregó una nota al jefe de la comisaría local, exigiéndole que tome los recaudos para "la urgente aclaración de este lamentable hecho".
La misiva, que incluso llegó a manos del ministro Juan Carlos Tierno y el titular del Juzgado de Instrucción y en lo Correccional Nº 1 de General Acha, Manuel Alvarez, expresaba que, de no arribar a la caracterización y castigo de sus responsables, instalaría a Guatraché en la larga lista de poblaciones carentes de seguridad y, en consecuencia, "botín de la delincuencia".
A los pocos días, el magistrado se hizo presente en la localidad y tomó 17 declaraciones testimoniales, sin que el caso se haya esclarecido al día de hoy.
Jóvenes en conflicto con la ley
La complejidad de la situación social es motivo de constantes análisis de parte de las autoridades.
Para la presidenta de la Fundación "Nuestros Pibes", doctora Stella Maris García, hay que trabajar en la prevención.
"Tratamos de romper ese determinismo que hace que los chicos sean, de alguna manera, capturados por las bandas de delincuentes", dijo la profesional y señaló que existe una mafia estructural que necesita a los chicos para que trabajen, que sean drogadictos y que salgan a robar.
Al hablar de la organización que tienen quienes delinquen, García manifestó que existen miles de bicicletas que se comercializan en este tipo de actividades.
Al ahondar en las causas que llevan a los menores a delinquir, sostuvo que los chicos están en la calle, las familias no los contienen y, también en la calle, deambulan los jóvenes que los van atrayendo.
En sus declaraciones, fue crítica de la realidad que se vive, al manifestar que todo lo que genera grandes negocios siempre tiene una vinculación con la política y con los intereses económicos y reconoció como uno de esos negocios a la droga.
Reinserción
La tarea de reinserción de los menores y adolescentes en conflicto con la ley es uno de los problemas sobre el cual las autoridades del gobierno pampeano han puesto su acento.
Actualmente, el Proyecto Vida, entidad que alberga a menores que han delinquido, se encuentra en una etapa de consolidar los cambios que se le introdujeron en la nueva administración, entre ellos, la modalidad de gestión administrativa y la política terapéutica en el tratamiento de los jóvenes.
Asimismo, la semana pasada se licitó el edificio que tendrá el Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (IPESA), uno de los pilares de esa transformación.
La construcción de esa institución, que reemplazará al Proyecto Vida, tendrá un plazo de 600 días de ejecución.
Reforma del código penal
El subsecretario de Seguridad y Defensa Civil, Eduardo Aguirre, dijo que el delito es un problema serio, por lo que se tratan de articular políticas que tengan que ver, por ejemplo, con las policías de comunidades, vinculadas con la necesidades de la sociedad.
Con el afán de bajar los índices delictivos, el gobierno provincial elevó recientemente a la Cámara de Diputados provincial, para su tratamiento, la reforma del Código Procesal Penal.
Dijo que estas modificaciones están referidas a los artículos que especifican la participación de los fiscales en diligencias sensibles de la instrucción.
También se busca, a través de otro proyecto, la modificación del código de faltas, que permitirá operar rápidamente frente a muchos casos que atentan contra la seguridad de la población, entendida en términos abarcativos.
Néstor Rossi/Agencia Santa Rosa