Zona de conflicto entre el DE y el CD por el camping de ATE
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El otorgamiento del camping ubicado en la localidad balnearia de Pehuen Co a la Asociación Trabajadores del Estado, durante 30 años y con una opción a otra década más que sancionó el Concejo Deliberante, generó una controversia a punto tal que trascendió que el Departamento Ejecutivo estaría analizando la posibilidad de vetar la ordenanza.
Roberto Canutti, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado, dijo que ediles de la IVR conocían la problemática que se suscitó tiempo atrás.
Además, señaló que no se pueden mezclar las cosas, en directa alusión a las desavenencias políticas existentes entre la oposición y el Departamento Ejecutivo.
Por su parte, el intendente municipal, ingeniero Néstor Hugo Starc, opinó que la decisión que adoptó el CD crea un antecedente muy serio para el futuro. "Considero que con este acto se continúa premiando al que no cumple, situación que no es compartida por la mayoría del pueblo argentino", manifestó.
Para resolver el problema. Canutti recordó que el año anterior el área de Legales de la comuna le envió una citación al gremio dado que era necesario rehacer el tema del otorgamiento del camping, al tiempo que indicó que luego se produjo la derrota electoral del justicialismo en los comicios de 2003.
"Por ello se decidió acudir a hablar con todos los bloques políticos, entre ellos el de la Integración Vecinalista Rosaleña. A los ediles se les comentó que cuando la nueva comisión directiva de la ATE asumió en sus funciones se hizo un arreglo con todos los sindicatos por el tema del camping", dijo.
También señaló que durante mucho tiempo no se hicieron varias cosas a raíz de los problemas económicos, existentes por caso la terminación de los bungalows.
"Fue un error compartido durante 30 años por la gente que estuvo integrando la ATE y también de quienes deberían haber controlado la situación desde el gobierno municipal", consideró.
"Por ello cuando se dialogó con los ediles, lo importante era solucionar el problema. Lo que pasa es que el vecinalismo cuando era oposición decía una cosa y ahora parece que cambió el verso". opinó.
Dijo, además, que para evitar un problema legal, teniendo en cuenta que se debía realizar el traspaso del gobierno municipal de Izarra a Starc, se concretó la tenencia precaria del predio hasta que asumiera la IVR. "La intención fue arreglar luego la situación del camping", dijo Canutti.
Incumplimientos. El jefe comunal recordó que mediante la ordenanza 1527, que fue sancionada el 22 de octubre de 1985, se otorgó a la ATE el derecho de uso y ocupación por el término de 49 años del inmueble, así como la obligación de ejecutar en el plazo de 10 años el plan de obras previsto.
El ingeniero Starc dijo que en la norma (número 1527) el municipio quedó facultado para declarar la caducidad del derecho otorgado, con pérdida para la entidad permisionaria del valor de las mejoras concretadas, cuando no se hayan realizado las obras de modo adecuado o en tiempo oportuno.
Comentó luego que en el informe que remitió el secretario de Obras y Servicios, Edgardo Bozzani, al director de Legal y Técnica de la comuna, el doctor Fabián Ferán, el 10 de julio de 2000, se manifiesta que las obras declaradas no fueron ejecutadas en su totalidad. Amén de ello, dijo que en dicho documento se precisó que se ejecutaron obras que no fueron declaradas y que, además, no contaron con el respectivo permiso municipal.
El intendente rosaleño indicó también que el 29 de abril del año pasado, mediante una cédula que se envió a la ATE, se intimó al gremio para que en un plazo de 72 horas presentara el cronograma de ejecución temporal para permitir apreciar la continuidad de las obras comprometidas, así como a que elevara la documentación de aquellas realizadas sin el permiso municipal.
El Starc hizo hincapié en que en el cédula se puntualiza que en caso de desconocimiento se dispondrá la caducidad del derecho otorgado por la ordenanza 1527.
Al analizar otro aspecto de la temática, el jefe comunal indicó que el doctor Daniel Giunta, por entonces director de Legal y Técnica de la comuna, sostuvo que se debía realizar un análisis definitivo de la cuestión, "en orden a considerar la caducidad del derecho otorgado a la entidad gremial pertinente atento a los incumplimientos efectuados".
Sin embargo, el ingeniero Star dijo que, incurriendo en una clara contradicción, el doctor Giunta, actual edil de la bancada del Partido Justicialista, firmó 15 meses después una ordenanza otorgándole nuevamente el predio durante 30 años a la ATE.
Por otra parte, el jefe comunal rosaleño indicó que mediante el decreto 371, firmado por el entonces intendente Jorge Osvaldo Izarra, se procedió al recupero de las instalaciones ubicadas en Pehuen Co.
Además, acotó Starc, se le otorgó a varias entidades gremiales (ATE, Soeme, APCJ y Pecifa) la tenencia precaria de las instalaciones durante la temporada estival 2003-2004, donde se establece que las citadas entidades asumen la obligación de realizar el cerco perimetral y otras tareas.
Finalmente, el ingeniero Starc expresó que mediante una notificación efectuada el 9 de diciembre del año pasado (dos días antes de la asunción de las nuevas autoridades), los gremios señalan que "no tenían conocimiento de la situación".