AMIA: nueva ronda con testimonios importantes
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BUENOS AIRES (Télam) -- Después de las repercusiones generadas por la presentación de Carlos Ruckauf, esta semana contendrá la presentación de otras cuatro personalidades políticas que puedan dejar mucha tela para cortar en la investigación por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
El ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero; el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Carlos Soria --actual candidato a la gobernación rionegrina por el justicialismo--, el ex secretario de Justicia durante el delarruismo Melchor Cruchaga y el diputado nacional Marcelo Stubrin componen la nómina.
Todos están citados como testigos por las investigaciones hechas cuando integraron la comisión bicameral de seguimiento de la causa que, finalmente, emitió un informe para denunciar desvíos e irregularidades.
Muchas de las preguntas para Cafiero y Cruchaga se orientarán hacia un episodio de supuesto desvío de la pesquisa, que involucró a un condenado por homicidio múltiple, Ramón Solari.
A fines de 1995, este recluso se autoadjudicó el atentado cuando estaba preso en la brigada de Vicente López, pero luego se desdijo y aseguró que todo fue preparado por Mario Bareiro, uno de los policías acusado de ser partícipe necesario.
Cafiero y Cruchaga viajaron en helicóptero a la cárcel de Sierra Chica, donde se alojaba Solari, y, personalmente, oyeron el relato hecho por el preso, previo a la detención de cuatro ex policías bonaerenses.
Los ex legisladores y funcionarios llegarán al Tribunal Oral Federal 3 en una etapa del juicio oral concentrada en denuncias referidas a pagos por cambio de declaraciones, borrado de casetes claves y otras irregularidades.
Ya en la semana última, uno de los jueces del organismo sorprendió con una apreciación inusual al adelantar --y cuando aún faltan meses para el veredicto-- que la pesquisa ofreció algunos enigmas.
Al votar a favor de obligar a un periodista a revelar una fuente de información, el juez Miguel Pons consideró que hubo oscuras circunstancias investigativas que culminaron con la detención de los imputados.
"El derecho a la reserva de la fuente no es absoluto. Para el caso en examen, el testigo mencionó hechos de la pesquisa que afectan, directamente, la legalidad, seriedad y confiabilidad de los organismos de inteligencia del Estado Nacional, repercutiendo sus consecuencias directamente sobre la pesquisa", agregó.
Pons votó en desacuerdo con sus colegas Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo, quienes estuvieron a favor de respetar el derecho a reservar su fuente, invocado por el periodista Raúl Kollman cuando declaró como testigo, refiriéndose a agentes de la SIDE.
Para Larrambebere y Gordo, no se advirtió la imprescindibilidad de resignar el derecho que resguarde el contacto informativo en aras a un presunto menoscabo de la defensa en juicio de los imputados.
El periodista había sido convocado para hablar sobre un artículo atinente al clima que se vive en la SIDE por la inminente citación a juicio de una decena de sus agentes y ex funcionarios.