La confesión de Pontaquarto prueba que existieron coimas

Redacción de La Nueva.

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 BUENOS AIRES (DyN y Télam) -- El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aseguró ayer que, más allá de las contradicciones, la confesión del ex secretario parlamentario, Mario Pontaquarto, "prueba el delito" en torno a las coimas en el Senado, y se mostró satisfecho con las diligencias que se han hecho hasta el momento.

 Además, el juez aseguró que por el momento no habrá careos porque éstos se realizarán cuando esté más avanzada la investigación, entre todas las personas que se contradigan.

 Y anunció que le pedirá a la Cámara Federal que habilite la feria judicial de enero para avanzar en la causa por los sobornos en el Senado, que se reactivó en los últimos días.

 En la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002, Canicoba Corral no quiso revelar a los periodistas los detalles de las novedades en el expediente, donde continúa el secreto de sumario, pero indicó que estaba a la espera de otras diligencias que se ordenaron en las ultimas horas.

  "Las que se realizaron hasta ahora fueron satisfactorias para la investigación, pero no puedo dar mayores comentarios", se excusó.

 Sobre los dichos del empleado parlamentario Antonio Fraga Manchini, quien fue asesor del ex legislador Remo Constanzo, Canicoba Corral sólo aseguró que "él produjo la declaración y dio una versión que es una de las cosas que estamos analizando".

 Pero cuando puntualmente le preguntaron si iba a ver careos entre Fraga Manchini y Pontaquarto, a raíz de las contradicciones entre ellos, el juez subrayó: "Todavía no se ha dispuesto esto".

 Y repitió que "la diligencia del careo será cuando esté más avanzada la investigación, entre todas las personas que han tenido versiones contradictorias".

 Al hablar en torno a los posibles entrecruzamientos de llamadas que se habrían dispuesto, Canicoba Corral remarcó que "la declaración de esta persona (por Pontaquarto) prueba el delito porque es una confesión y todo lo que arroje prueba en ese sentido lo vamos a arrimar a la investigación".

 No descartó, sin embargo, una ampliación a la indagatoria de Pontaquarto y sólo sonrió cuando lo consultaron sobre si estaba a punto de citar a la ex secretaria de quien fuera el titular de la SIDE durante el presunto pago, Fernando de Santibañes.

 "No quiero adelantar nada para no conspirar contra la investigación", aseguró, completando que ahora la única duda que tiene es definir cuál será el mejor método para avanzar en la causa.

Es un imputado. Por su parte, el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, dijo ayer que Pontaquarto "no es un arrepentido, sino un imputado que ha confesado su presunta participación en el reparto de sobornos a senadores".

 "Pontaquarto no es un arrepentido, es un imputado en la causa. Y es un imputado que ha confesado", enunció Becerra, jefe de todos los fiscales, al inicio del acto de inauguración de una fiscalía que funcionará en el barrio porteño de La Boca.

 Por otra parte propuso reformar el sistema de procedimientos penales para que las investigaciones por posibles hechos de corrupción sean conducidas por fiscales y no por jueces.

Indagan a Liporaci. En otro orden, el ex juez federal, Carlos Liporaci, que renunció a la magistratura cuando investigaba el presunto reparto de coimas a senadores, será indagado hoy por posible enriquecimiento ilícito.

 Liporaci fue convocado por el juez federal, Jorge Luis Ballestero, que fue su colega hasta que el primer instructor de la causa por el presunto pago de sobornos renunció a su cargo, jaqueado por las acusaciones que pesaron en contra en torno a su patrimonio.

 Es que el entonces juez compró una mansión en Gaspar Campos 471, en el partido bonaerense de Vicente López, cuyo valor de mercado superaría el millón de dólares aunque Liporaci asegura que pagó 610 mil pesos por el inmueble, para lo cual contrajo préstamos hipotecarios privados.

 Ante la Justicia, Liporaci justificó la compra de la vivienda con un crédito privado de 210 mil dólares que dijo haber recibido de Guido Torrisi. Explicó, además, que otros 160 mil dólares fueron prestados a su esposa, Lidia Calb, por parte de la firma Cofiarsa.

 Las acusaciones contra Liporaci fueron contemporáneas a la investigación por el presunto reparto de coimas a senadores. El entonces juez imputó a once legisladores nacionales, al ex secretario parlamentario, Pontaquarto, y al ahora empleado del bloque del PJ en la Cámara Alta, Alberto Fraga Mancini.

 Aunque la causa contra Liporaci se inició a fines de 2000 y el juez renunció a su cargo en febrero del año siguiente, nunca había sido indagado por el delito de enriquecimiento ilícito.

 La primera audiencia en la que Liporaci deberá justificar su evolución patrimonial tendrá lugar hoy, en medio de la reactivación de la causa por los presuntos sobornos que se produjo de forma sorpresiva el viernes pasado, con la confesión de Pontaquarto.