El incidente sucedió el viernes pasado, en horas de la noche, aunque se conoció hace algunas horas luego de que se viralizaran por las redes unos videos de la violenta situación. 

Según la secuencia, algunos jóvenes de ambos sexo discutieron y luego se tomaron a golpes de puño.

El hecho sucedió a metros de un banco local, sobre Stegmann al 500, entre Alem y Mitre.

Primero, según se puede advertir, existió una agresión verbal cruzada y luego llegaron a los golpes de puño y la situación se desbordó.

Se puede ver a una mujer pegándole a un hombre y, a su vez, a un hombre golpeando a una mujer, luego otra persona que cae y está muy cerca de dar con su cabeza en el cordón de la vereda.

El hecho terminó cuando algunos de los protagonistas del enfrentamiento se fueron en un automóvil y otros caminando.

Luego arribaron algunos patrulleros y, según se informó hoy, habían sido aprehendidos -y luego liberados-  Luis Alberto Schmidt (38) y Schmidt Ricardo Enrique Schmidt (34), imputados de lesiones y amenazas.

Dos de las mujeres agredidas realizaron la denuncia en sede policial, según se informó.

Se desconoce el causal de la pelea y si los sujetos estaban alcoholizados.

Por las actuaciones sumariales se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca (agencia Coronel Pringles).

Escoltado por personal de la Policía Federal Argentina, en cuyos calabozos pasó la noche de ayer, el uniformado -ya desafectado de la fuerza bonaerense- se negó a declarar, según el adelanto de sus abogados Bárbara Ságer y Leonardo Gómez Talamoni.

En principio se le imputa a Ñancucheo haber facilitado su handy encriptado a la banda que, la noche del lunes 6, tendría previsto robar conductores de cobre de una línea de media tensión en un campo de la ruta 33, aunque un golpe de electrocución motivó 4 fallecidos y un herido.

La imputación formal, por ahora, es robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de tentativa y en carácter de partícipe primario.

Ubican al policía en el lugar de los hechos

De todas maneras, no se descarta que el subcomisario haya estado presente en el lugar del delito. Trascendió que un informe de una compañía de teléfonos ubica su celular en la zona del establecimiento San Bautista del Sur (kilómetro 45,6 de la ruta 33), al cual los delincuentes habrían ingresado para cometer el delito que terminó de la peor manera. 

Las otras dos personas detenidas son Ángel Daniel Gallardo (63), padre de una de las víctimas fatales, y Emanuel Chamorro Sepúlveda (20), quien resultó herido en medio de la descarga eléctrica.

En el hecho fallecieron Facundo Marcelo Uribe, Nicolás Joaquín Acosta, Federico Ezequiel Strick y Fernando Ariel Gallardo.

El homicidio, según la investigación que llevó adelante el fiscal Jorge Viego, se produjo el 24 de julio de 2022, en Darregueira 2530, cuando Delgado, con la utilización de un arma de fuego calibre 9 milímetros, habría realizado múltiples disparos hacia esa vivienda, en la cual se encontraban reunidas varias personas.

Como consecuencia de ese accionar, dos de los disparos impactaron en el cuerpo de la joven de 20 años, provocándole lesiones que produjeron su deceso.

Delgado llega a juicio imputado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El debate se realizará en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3, Estomba 34.

La aprehensión se llevó a cabo en la zona de Villa Rosario Sur, en Brown al 2.600.

En ese lugar, personal del Comando de Patrullas interceptó un Citroën C3, en el que se transportaban Diego Gerazzi, de 32 años; Fernando Aggio, de 39, y Camila Hernández, de 25. Estas personas habían sido vistas en el centro bahiense realizando maniobras tipo pasamanos.

Entre las ropas del primero de ellos se encontraron ocho envoltorios con una sustancia polvorienta blanca símil cocaína.

Además, en el vehículo se hallaron dos envoltorios de la misma sustancia, envueltos en billetes de 50 y 20 pesos.

En total, fueron ocho bochas de 6,9 gramos y una de 0,7. También se secuestró dinero en efectivo por 59.410 pesos, en billetes de diferentes denominaciones, además de tres celulares.

Las tres personas fueron aprehendidas por infracción a la Le 23.737. La causa corresponde a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19.

Según la causa investigada por la UFIJ Nº 14 a cargo de Marcelo Romero Jardín, el hombre -al que no se identifica para preservar a las jóvenes- estaba acusado de haber abusado de las menores entre 2013 y 2019, cuando tenían entre en 10 y 17 años.

La denuncia había sido realizada en 2021 por la madre luego de que sus hijas revelaran lo que habían vivido en manos de su padre durante esos años, aprovechando una discusión que se había generado con motivo de la separación de la pareja.

El hombre había llegado al juicio acusado de 6 hechos de abuso sexual simple, reiterado, doblemente agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años (hechos I, II y III), en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años (hechos IV, V y VI).

En el juicio las víctimas declararon en favor de su padre y también dijeron que fueron manipuladas por su madre. 

Sin embargo, el fiscal del caso, Marcelo Romero Jardín, está convencido de que los abusos existieron pero ahora, a partir del veredicto de no culpabilidad dictado por el jurado, no tiene posibilidades de apelación. 

El acusado, a quien no se identifica para preservar a las jóvenes, recuperó ayer mismo su libertad, luego de estar detenido por la causa desde septiembre de 2022.

La medida -pedida la semana pasada por el fiscal Gustavo Zorzano- la dispuso hoy el Juzgado de Garantías N° 1.

Fuentes consultadas indicaron que Ñancucheo se presentó solo en la delegación local de Cibercrimen, ubicada en Río Atuel al 200, y se puso a disposición de la justicia, tal como había adelantado su abogado Leonardo Gómez Talamoni.

Esta mañana La Nueva. dio a conocer el resultado de un informe de telefonía que ubicaba al celular de Ñancucheo, la noche del hecho, en la zona del campo donde se produjo el frustrado delito.

Con las pruebas periciales y testimoniales -que lo ubican en el centro asistencial en un Chevrolet Meriva, de las mismas características a la que fue vista en el campo de la ruta 33- se ordenó la detención del uniformado, quien cumplía funciones en la comisaría Cuarta y actualmente está desafectado de servicio. 

Fuentes consultadas indicaron que quedaría alojado en la delegación local de la Policía Federal y mañana a primera hora será indagado por el fiscal Zorzano.

Desde la seccional Quinta indicaron que el procedimiento está relacionado con una serie de operativos que vienen desarrollando en el último tiempo, dispuestos por la Estación de Policía Departamental y la secretaría de Seguridad municipal.

Los voceros señalaron en un parte de prensa que inspeccionaron un local ubicado en Pampa Central al 3.700, propiedad de Roberto Becer (30), donde hallaron un rodado marca Volkswagen Passat sobre el que pesaba un pedido de secuestro elevado en 2017 por la UFIJ N° 1 de Lanús.

Desde la dependencia del barrio Noroeste también refirieron que en el predio encontraron otros vehículos y autopartes acerca de los cuales se intenta determinar la procedencia.

En tanto, procedieron a la clausura del lugar por carecer de habilitación municipal.

Finalmente mencionaron que a partir de lo detectado en el sitio dieron intervención a la fiscalía y al Juzgado de Faltas.

La medida -pedida la semana pasada por el fiscal Gustavo Zorzano- la dispuso hoy el Juzgado de Garantías N° 1, mientras que personal de la Policía Federal Argentina fue destinado a la búsqueda del ex subjefe de la comisaría Cuarta de Villa Mitre, quien finalmente se entregó.

Uno de sus abogados, Leonardo Gómez Talamoni, confirmó la decisión judicial y aclaró -tal como finalmente sucedió- que "en breve" se iba a poner a disposición.  

Poco antes de conocerse esta novedad, La Nueva. dio a conocer el resultado de un informe de telefonía que ubicaba al celular de Ñancucheo, la noche del hecho, en la zona del campo donde se produjo el frustrado delito.

Hasta el momento solo se había establecido que en la camioneta Volkswagen Amarok en la cual abandonaron los 4 cuerpos y a otra persona herida en el hospital Municipal encontraron el handy encriptado cuyo número de registro debía estar a cargo del citado subcomisario.

Con las pruebas periciales y testimoniales -que lo ubican en el centro asistencial en un Chevrolet Meriva, de las mismas características a la que fue vista en el campo de la ruta 33- se ordenó la captura del uniformado, que actualmente está desafectado de servicio. 

Por otra parte, se esperan los resultados de una pericia del GPS del handy de Ñancucheo, para determinar si ese dispositivo estuvo "activo" en los días previos, cuando se produjeron otros hechos de robo de cables.

Esa conclusión pericial a partir de la ubicación de las antenas, confirmada a La Nueva. por investigadores del caso, pondría en una situación más comprometida al ex subjefe de la comisaría Cuarta, cuyo handy encriptado fue encontrado en la camioneta Volkswagen Amarok en la cual abandonaron a 5 de las víctimas de la electrocución, 4 de ellas fallecidas.

De todas maneras, la situación procesal del subcomisario, que ya desafectado de la fuerza policial, aún no fue definida por la justicia de Garantías, que también analizaría un pedido de eximición de prisión presentado por un abogado defensor.

La investigación también habría establecido que aquella noche, en apoyo de la Amarok, hubo otro vehículo particular en el campo de la ruta 33, kilómetro 46,5: se trata de un Chevrolet Meriva, de color claro.

Ñancucheo, al parecer, se movilizaba en ese vehículo y con el mismo llegó hasta el hospital, con el objetivo de "rescatar" su handy, que en la emergencia había quedado dentro de la Amarok, hecho que no pudo concretar por la "resistencia" de sus colegas, ya presentes en la guardia del Municipal.

Por otra parte, se esperan los resultados de una pericia del GPS del handy de Ñancucheo, para determinar si ese dispositivo estuvo "activo" en los días previos, cuando se produjeron otros hechos de robo de cables.

¿Otro civil más?

Las pruebas testimoniales y fílmicas que reunió el fiscal Gustavo Zorzano, a cargo de la investigación, también habrían determinado la presencia de otra persona más en relación al frustrado delito, que terminó de manera fatídica.

Ese hombre, al parecer, quedó registrado bajando de la camioneta Amarok, sin lesiones visibles, en la guardia del hospital, cuando arribó con el resto de los fallecidos.

De esa manera se especula que junto con las 4 víctimas fatales, el herido Emanuel Chamorro Sepúlveda, Ángel Gallardo -conductor de la camioneta- y el subcomisario Ñancucheo, estuvo presente otra persona más en el campo, como parte de la supuesta organización delictiva.

La fiscalía procura determinar de quién se trata, aunque ya trabajan con algunas pistas.

La Policía lo identificó como Rubén Ricardo Matos, quien protagonizó el hecho poco antes de las 22, en circunstancias que se tratan de determinar aunque todo parece indicar que fue una acción accidental, sin intervención de terceros.

La caída se produjo en en monoblock 9, piso 1, a la altura de Castro Barros al 2400, donde Matus tiene su domicilio.

"Llegaba de un partido de fútbol, no sé bien si de jugar o de dirigir, y en su departamento estaban su madre, cocinando, y su hermano, mirando televisión", comentó un investigador.

El ruido que provocó su caída desde el pasillo de acceso a su vivienda -la baranda de protección no es muy alta, tiene menos de un metro-, alertó a una vecina de la planta baja, quien descubrió al herido, lo reconoció como vecino y dio rápido aviso a su familia.

Personal del servicio Siempre y de Defensa Civil actuaron en la emeregencia y trasladaron al paciente al Municipal, en cuya terapia intensiva permanece internado en condición delicada, con múltiples fracturas y fuertes traumatismos, especialmente en la zona del cráneo.

Las actuaciones, en principio encuadradas como averiguación causal de lesiones, están a cargo de la comisaría Tercera.

El hecho se produjo alrededor de las 19.25, a la altura del kilómetro 864 de la ruta nacional Nº 3.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un Audi A4 que se dirigía en dirección norte-sur, colisionó de atrás con un camión tractor, que iba en el mismo sentido.

Producto del impacto, el rodado menor fue hacia la banquina y luego de varios tumbos, quedó apoyado sobre su techo.

Debido al fuerte impacto, se confirmó el deceso del conductor, Ernesto Rodríguez, de 60 años y oriundo de Viedma, quien habría sido juez laboral de la capital rionegrina.

La mujer que lo acompañaba sufrió varias heridas, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Pedro Ecay, de Carmen de Patagones.

El vehículo de mayor porte es un Ford cargo, cuyo conductor, un hombre de 50 años, salió ileso.

Los peritos trabajan en el lugar para esclarecer el suceso. (Agencia Patagones)

El fallo del juez Eugenio Casas, del Tribunal en lo Criminal N° 2, fue resuelto en un juicio abreviado y recayó en Luciano Ezequiel Alecsovich Mansilla.

Los hechos, según se estableció, fueron llevados adelante mientras el sujeto estaba detenido en la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, en la ciudad de Olavarría.

De acuerdo a la causa, entre los días 25 y 26 de julio de 2022, Alecsovich -con la participación de otras personas no identificadas- hizo uso de los datos de tarjetas de crédito de tres personas, sin la autorización de los titulares, para adquirir materiales de construcción por 473 mil pesos.

Para llevar a cabo esas operaciones se contactaron con la firma mediante WhatsApp, se efectivizó el pago con los números de los plásticos ajenos y se solicitó la entrega de la mercadería en un inmueble ubicado en Rafael Obligado al 5400.

Además, se determinó que entre los días 21 y 29 de ese mismo mes, el acusado y dos cómplices se contactaron con un hombre y mediante intimidaciones lo obligaron a realizar entregas de dinero por un total de 210 mil pesos a través de diversas transferencias bancarias,

Se determinó que crearon un perfil falso de Facebook de una mujer e intercambiaron con el damnificado fotografías de contenido sexual. 

Posteriormente se comunicaron telefónicamente y uno de los sujetos simuló ser un efectivo policial, indicándole que la chica con la que había chateado era menor y que su madre había denunciado lo ocurrido, por lo que si quería que la investigación no se ponga en marcha debía transferirle 100 mil pesos.

Luego de un primer envío de dinero volvieron a solicitarle más transferencias, hasta que el hombre no contestó más y denunció lo que estaba pasando.

Robo y muerte

Alecsovich se encuentra cumpliendo una condena de 9 años de cárcel por su participación en un asalto que finalizó con el fallecimiento de un joven que fue abatido por la policía.

En julio de 2020 el Tribunal en lo Criminal N° 1 lo sentenció por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.

El hecho se produjo el 8 de agosto de 2019, minutos después de las 19, cuando el imputado ingresó por una puerta-ventana en una casa ubicada en Necochea al 4000, donde intimidó a la dueña del lugar, quien se encontraba acompañada por su madre y sus tres hijas de 1, 6 y 11 años.

El ladrón exigió la entrega de dinero y artículos electrónicos, aunque al no encontrar esos elementos terminó escapando con el teléfono de la víctima, quien tenía a su beba en brazos cuando la abordó el asaltante.

También intentó apoderarse de anillos que tenía colocados la madre de la mujer, aunque al no poder quitárselos desistió y se dio a la fuga junto a un cómplice que lo aguardaba en una moto afuera del domicilio, a modo de campana.

Poco después de consumado el robo, y tras el aviso al teléfono de emergencias 911, dos efectivos de la Policía Local que circulaban en sendas motocicletas por la zona de Yapeyú y Scalabrini Ortiz advirtieron la presencia de un rodado similar al utilizado por los ladrones, cuyos ocupantes no hicieron caso a la voz de alto y continuaron su marcha.

La persecución se extendió durante varias cuadras y finalizó en Cambaceres al 2.600, donde los motochorros perdieron la estabilidad y cayeron del rodado.

Los policías indicaron que el acompañante efectuó varios disparos durante la fuga y que fue abatido luego de apuntar con el arma a uno de los policías, tras caer de la moto.

El proyectil impactó en el pecho de Rodrigo Ezequiel Parra, quien falleció en el lugar, mientras que Alecsovich fue reducido cuando intentaba escapar corriendo.

Así lo indicó la fiscal de la UFIJ Nº 7, Marina Lara, de cara al debate oral que el Tribunal en lo Criminal Nº 3 fijó del 9 al 11 de diciembre venidero.

“Son varios los delitos y aproximadamente la pena que le podría corresponder oscilaría entre los 10 y 20 años de prisión”.

“Previamente va a haber una audiencia en la que va a declarar el padre del imputado atento a su edad avanzada, por eso se decidió que lo haga ante el Tribunal constituido y las partes”, comentó también la representante del Ministerio Público en declaraciones al programa Panorama de LU2.

Sobre la determinación de desarrollar el juicio a lo largo de tres jornadas, indicó que esto tiene relación con la cantidad de hechos que se deben analizar.

El acusado fue detenido cuando el pasado 2 de septiembre, tras violar la prohibición de acercamiento que había decretado la Justicia, al hacerse presente en el domicilio de su expareja en Bahía Blanca y ocasionar una rotura intencional en el portero eléctrico del departamento de la mujer.

Luego de ello, inició fuego de manera intencional en una vivienda ubicada en 14 de julio al 5.000, arrojando un bidón con combustible que provocó que se quemara un vehículo Renault Megane y una motocicleta marca Honda que estaban estacionados en el sector del garaje.

Al ser identificado por los investigadores, se solicitó al Juzgado de Garantías N° 4 una orden de allanamiento, secuestro y detención en el domicilio de Castelli al 2.200, donde Norambuena encerró a su padre en uno de los dormitorios a la vez que lo amenazaba con un cuchillo y le refería al personal policial que se retirara, hasta que finalmente depuso su actitud y fue detenido.

Acerca del imputado, Lara consideró que “se ve un patrón de violencia en cuanto a las conductas que ha desarrollado, al punto que se incrementaron exponencialmente, empezando con pequeños actos de violencia doméstica hasta terminar incendiando una casa o poniéndole un cuchillo a su propio padre en la garganta”

“Es una persona peligrosa y a mi entender el juez actuó bien en disponer la detención antes del juicio, porque había peligro que siguiera atentando contra la vida de la propia mujer y de los testigos de la causa”.

Lara agregó que incluso desde el interior de la cárcel “siguió con los hostigamientos hacia la mujer enviándole amenazas a través de su celular, por eso se pidió que se lo retiren”.

La jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabiana Castaño, sentenció a Martín Iván Tali por el delito de robo doblemente agravado por cometerse por escalamiento y por efracción.

Según la investigación de la fiscal Marina Lara, el hecho se produjo el 7 de junio de 2023, entre la 1 y las 8.30, en el comercio ubicado en Darregueira 182, donde Tali junto a otras personas no identificadas realizaron una abertura en el techo cortando la chapa y accedieron por el cielorraso al interior del inmueble.

Del lugar sustrajeron camperas de abrigo, chalecos, suéteres, jeans, conjuntos deportivos, babuchas, remeras, buzos de distintos estilos, talles y colores, calzado y elementos de manicuría que cargaron en bolsas dentro de una camioneta Ford Ecosport color gris y se dieron a la fuga.

El paso del vehículo fue captado por cámaras de seguridad del sector, lo que permitió a la policía llegar hasta el procesado.

Tali fue arrestado una semana después, cuando la policía allanó viviendas ubicadas en Manzana de las Luces al 800 y Punta Alta al 900.

Desde la fiscalía señalaron que el procesado "admitió haber participado del hecho y dijo que cuando el robo tomó estado público a través de los medios de comunicación tiró las prendas en un arroyo ubicado cerca de su casa".

Foto delatora

Cuando la policía allanó la vivienda de Tali incautaron, entre otros elementos de interés, un teléfono celular. 

En una de las fotos que guardaba en la galería, el sujeto aparecía sentado sobre una caja fuerte, con gesto victorioso, como si fuera trofeo de otro robo.

A partir del análisis del Gabinete Tecnológico de la fuerza, se pudo establecer que varios de los contactos y mensajes de Tali tenían que ver con Santa Fe.

La DDI local se contactó con la Policía santafesina y se inició un cruce de información que derivó en una investigación conjunta y la posibilidad de descubrir que la caja fuerte era la que habían robado en el correo de Rincón, el 25 de mayo último, y que apareció abandonada, a la vera de un río cercano a la capital santafesina, cuatro días después.

Posteriormente al individuo se lo notificó de la detención por el robo en Santa Fe, en el que otras tres personas fueron detenidas en esa provincia.

La causa fue instruida por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la imputada será interrogada próximamente por la jueza María Gabriela Marrón.

Se la identificó como Ester Beatriz Koch, quien podría enfrentar, al menos, el delito de supresión de documentación pública. De todas maneras, los investigadores buscan posibles implicancias "hacia arriba".

La denuncia -de la cual se conocieron detalles en las últimas horas- había sido radicada por el exdirector de la UGL V, Álvaro Díaz, cuando la mañana del 22 de agosto de 2022 recibió un llamado del sector respectivo para ser notificado que la sala de archivo directamente había sido vaciada.

En ese lugar se guardaban expedientes, legajos de personal, actos dispositivos y otra documentación desde 2003 a la fecha.

Mantenimiento y sorpresa

Esa situación se descubrió cuando otros dos agentes del organismo habían concurrido para realizar tareas de mantenimiento.

Detallaron que las cajas ubicadas en un total de 6 filas de 17 estanterías -compuestas de 7 estantes cada una de ellas- habían desaparecido.

Personal de una dependencia contigua, perteneciente al área de Fisiatría del PAMI, aportó algunos elementos para encauzar la investigación.

Otros testigos ratificaron que habían visto, dos semanas antes y fuera del horario de atención (después de las 14) a la agente Koch, acompañada por un desconocido.

Un declarante amplió que el 17 de agosto de 2022 pudo ver un camión de la firma Recicla Bahía en el lugar, donde no existen cámaras de seguridad.

Por otro lado, personas de comercios cercanos observaron una camioneta donde también se cargaban cajas.

Desde la empresa de reciclaje confirmaron que una persona identificada como Juan Mattioli -hijo de Koch- había contratado sus servicios, por un valor de 180.990 pesos, para retirar papel para vender.

En el marco del sumario administrativo, Koch había dicho que había recibido autorización para hacer esa acción, aunque sus superiores negaron esa versión.

Por ese motivo se investiga penalmente a la mujer y también su hijo será citado a indagatoria.
 

El operativo, que comenzó sobre las 10 del martes, se realizó a partir de una investigación de la Fiscalía Federal N° 2 de Bahía Blanca, a cargo del Santiago Martínez, que posibilitó verificar que la entidad "Intercambio" -dedicada a ofrecer servicios financieros, préstamos e inversiones económicas e inmobiliarias- desarrollaba también operaciones en presunta infracción al Régimen Penal Cambiario,

Ante esa situación, el Banco Central solicitó al Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez Walter López Da Silva, el allanamiento de la entidad financiera, la cual no se encuentra inscripta en el Registro de Operadores de Cambio. 

Este fue el único operativo en su tipo que se llevó a cabo en nuestra ciudad en el marco de esta causa.

A partir del allanamiento, personal de la Policía Federal logró el secuestro de una millonaria suma de dinero, tanto en pesos como también en moneda extranjeras tales como dólares, euros, reales y pesos chilenos; así como también de computadoras, teléfonos celulares y documentación que será analizada por el Central.

El operativo se extendió hasta minutos después de las 22. En todo momento al menos dos oficiales custodiaban el acceso a la financiera y, en el interior, se encontraba una decena de personas, entre personal policial, empleados del lugar y clientes.

Maltrato y bullying

En julio de 2022, un fallo del Tribunal del Trabajo Nº 2 Bahía Blanca había condenado al dueño de la financiera, Gastón Luciano Elías, por daño moral y bullying.

La denuncia la había llevado a cabo Natalia Viola, una exempleada del comercio. En ese momento, la mujer había señalado ser víctima de un maltrato "constante y por igual".

"Me generó ataques de pánico y ansiedad y episodios de profunda angustia y depresión, de la cual logré salir adelante gracias a la ayuda de mi terapeuta y psiquiatra", había contado la mujer.

En ese momento, Elias fue condenado a pagarle 300 mil pesos a Viola, producto de la condena establecida por el Tribunal.

La fiscal Marina Lara, de la UFIJ N° 7, dio por cerrada la investigación.

El acusado fue detenido cuando el pasado 2 de septiembre, tras violar la prohibición de acercamiento que había decretado la Justicia, al hacerse presente en el domicilio de su expareja en Bahía Blanca y ocasionar una rotura intencional en el portero eléctrico del departamento de la mujer.

Luego de ello, inició fuego de manera intencional en una vivienda ubicada en 14 de julio al 5.000, arrojando un bidón con combustible que provocó que se quemara un vehículo Renault Megane y una motocicleta marca Honda que estaban estacionados en el sector del garaje.

Al ser identificado por los investigadores, se solicitó al Juzgado de Garantías N° 4 una orden de allanamiento, secuestro y detención en el domicilio de Castelli al 2.200, donde Norambuena encerró a su padre en uno de los dormitorios a la vez que lo amenazaba con un cuchillo y le refería al personal policial que se retirara, hasta que finalmente depuso su actitud y fue detenido.

El hombre llega a juicio acusado de los delitos de desobediencia a la autoridad en concurso ideal con el delito de daño; en concurso real con el delito de incendio con peligro común de bienes, resistencia a la autoridad, privación ilegítima de la libertad agravada por cometerse con violencia y contra su ascendiente, en calidad de autor.

El hecho ocurrió cerca de las 19, sobre el paso a nivel ubicado a poco más de 11 kilómetros de la intersección de la carretera con la autovía Juan Pablo II, en el kilometro 721

Según testigos, en ese lugar Patricio Arguello, de 31 años y Martín Rolón Melgarejo, de 19, a bordo de una moto Honda XR 150 cc salvaron milagrosamente su vida al chocar contra la formación de Ferrosur Roca, de 33 vagones. El impacto se habría producido contra uno de las ruedas de la locomotora.

Los motociclistas estaban viajando hacia Bahía Blanca y, se indicó, no habrían visto al tren cruzando la ruta.

Al respecto, se destacó que a ambas personas “no les pasó nada; rebotaron contra el tren que estaba cruzando”.

La moto, por su parte, solo habría sufrido algunas roturas de menor consideración.

La circulación en el sector ya es normal.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la avenida Independencia al 3500, donde funciona una de las chatarrerías de Ángel Daniel Gallardo (63), detenido por el delito con final desgraciado que terminó con la vida de su hijo Fernando (25), junto con Facundo Uribe (32), Joaquín Acosta (18) y Federico Strick (28).

En ese lugar, según se informó, fue aprehendido Marcos Emilio García (34), quien realizaba labores en la planta y aparentemente intentó descartarse una mochila que en su interior contenía un revólver calibre 32, Smith & Wesson, con tres proyectiles, además de un cuchillo.

Al margen del arresto, se clausuró el lugar por carecer de habilitación municipal y libro de registro, con intervención del juez de faltas, según se informó oficialmente.

Hace algunos días, en otro depósito de Gallardo, ubicado en Independencia al 4000, desconocidos prendieron fuego una oficina y un camión que tenía carga de material reciclado.

Los procedimientos fueron coordinados por la Superintendencia de Seguridad Región Interior Sur, a cargo del comisario mayor Gonzalo Bezos y el jefe departamental, comisario inspector Gonzalo Sandobal, todo bajo supervisión de Federico Montero, subsecretario de Fiscalización del Ministerio de Seguridad.

También clausuraron, por falta de habilitación municipal y libro de registro, la chatarrería Gato Negro, de José Torres (58), ubicada en Marcos Mora 51 y la de avenida Colón al 2200, a cargo de Jonatán Hernández (26).

Otros operativos similares se dieron en tres depósitos de Charlone al 2400, siendo identificados los encargados como Tomás Mugnolo (76), Dylan Linares (21) y Alexis Núñez (20).

Se trata de Raúl Ibars, de 46 años, quien quedó acusado de lesiones, a disposición de la Fiscalía N° 15.

Según detallaron desde la Comisaría local, el hecho se registró el sábado a la tarde, en diagonal Sarmiento al 700 del barrio Ciudad Atlántida.

El herido, un hombre de 27 años, fue trasladado al Hosptial Municipal "Eva Perón" para realizarle curaciones en una herida en la pierna derecha.

Agregaron que la agresión fue por una discusión de vieja data.