La causa que involucra a la edil Bustos, por dentro

Redacción de La Nueva.

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 Veinticinco pasajes, en doce fechas distintas, y por un monto superior a los 6.000 pesos, habría utilizado la concejala Gabriela Bustos Arnst de los boletos que el ministerio de Salud provincial destina a personas carenciadas, en su anterior rol de asesora del Hospital Penna, según consta en la causa que tramita el fiscal Oscar Bautista Duizeide.

 El expediente, al que tuvo acceso "La Nueva Provincia", lleva el número 17.736/11 y contaba hasta el viernes con 131 fojas, la gran mayoría relacionada con los formularios cuestionados y las boletas correspondientes a las empresas de ómnibus.

 Presenta en su portada los posibles delitos de hurto (por el faltante de certificados originales) y falsificación de documento (ya que las firmas de los directivos que habrían autorizado los viajes serían apócrifas).

 En 12 oportunidades, figura a nombre de la actual edil del Frente para la Victoria y la restante, de su padre, René, en el término de 10 meses. En total, 25 están a nombre de la concejala y cuatro a nombre de su padre.

 Todos los traslados son hacia Buenos Aires, en coches cama de la empresa Plaza y algunos con la vuelta incluida. En varios casos, la dirigente aparece como "Gabriela Bustos Arnst" y en otros, como "Gabriela Bustos", aunque siempre bajo el mismo DNI: 29.776.892.

 La concejala, que aseguró públicamente haber trabajado en el sanatorio durante un año aproximadamente, habría viajado por primera vez (al menos según la constancia de la causa), el 1 de noviembre de 2010.

 Luego, en 2011, lo hizo el 11/1, 24/2, 11/3, 16/3, 21/3, 4/4, 24/4, 18/5, 4/9, 8/9, 18/9. El de su padre figura el 14/6, también del año pasado.

 En tres de los viajes, la mujer habría retirado dos pasajes, aunque sólo figura su identidad. Se trata de los que obtuvo el 11/1, el 24/4 y el 18/5.

 Duizeide, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, investiga la denuncia formulada a fin del año pasado por el director del Penna, doctor César Comezaña, quien descubrió el faltante de varios originales de los viajes gratuitos (además de pacientes sin recursos, los pueden recibir empleados y profesionales para tareas laborales), cuando desde el ministerio de Salud se presentó la declaración de algunas facturas recibidas de las compañías de transporte.

 Además, Comezaña pudo observar que las habilitaciones de los pasajes figuraban con su firma falsificada. Sólo uno de ellos (también de Bustos) lleva la rúbrica de la directora asociada del sanatorio, Myrna Zuain.

 En el sumario judicial, que se instruye con conocimiento de la jueza de Garantías Gilda Stemphelet, se incluyen más viajes, realizados el año pasado por distintas personas, en especial a la zona cercana --mayoritariamente los partidos de Villarino y Carmen de Patagones--, que también son materia de análisis.

Firmas con diferencias. Al momento de prestar declaración el 1 de marzo último, Comezaña fue sometido a una pericia de cuerpo de escritura (con su firma repetida en múltiples ocasiones y números y palabras escritas con ambas manos).

 Pese a que no existen conclusiones, se pudo apreciar, de un rápido cotejo visual con los formularios objetados, algunas diferencias de forma y traza, que deberán ser evaluadas por los especialistas.

 En su testimonio, el médico aportó detalles de cómo se realizaban los trámites para la obtención de este tipo de beneficios, quiénes los podían autorizar y estimó el fraude total en unos 15 mil pesos.

 Duizeide, entre las últimas medidas de prueba planteadas, citó a testimonial, para el próximo martes 29, a María Isabel Carballo y María Angeles Ortiz, secretarias del hospital, quienes también deberán ser sometidas a sendas pericias caligráficas.

El descargo

 En su primera declaración pública luego de conocido el escándalo, Gabriela Bustos admitió que "ha habido alguna irregularidad en algo administrativo en el Hospital Penna", aunque se desligó de cualquier posibilidad delictiva.

 Reconoció que necesita una aclaración urgente del caso, por su implicancia institucional, teniendo en cuenta que este tipo de situaciones "agudizan el descreimiento que la sociedad tiene de la clase política".

 Consultada por este diario, la concejala afirmó que utilizó los pasajes especiales, aunque con "las formalidades que corresponden. Lo que puedo decir es que, en forma irregular, no lo he hecho".

 "Cuando he tenido que hacer alguna actividad fuera de Bahía Blanca, sí (los usé). Ahora, éstos (los mencionados en la investigación judicial), puntualmente, no sé, porque no vi la causa. Aparecen unos documentos donde está mi nombre, pero esa no es mi letra ni mi firma ni nada", aclaró.

 Por último, dijo no recordar cuántas veces los utilizó ni en qué plazos.

 El abogado particular Gustavo Giorgiani, quien ya observó la causa, podría asesorar legalmente a Bustos.