En el sur vuelven a la carga por los reembolsos a los puertos patagónicos

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

Adrián Luciani
aluciani@lanueva.com

   A tres años y medio de haber sido eliminados por el gobierno de Mauricio Macri,  la disputa por la implementación de los reembolsos a las exportaciones por los puertos patagónicos parece sumar ahora un nuevo capítulo.

   Si bien los reclamos al sur del río Colorado nunca se acallaron, en el último mes recobraron fuerzas impulsados por legisladores del Frente de Todos.

Puerto de San Antonio Este (Río Negro)

   Una de las iniciativas en tal sentido pertenece a las senadoras Nancy González (Chubut) y Ana María Ianni (Santa Cruz), mientras que en la Cámara Baja también se avanzo con la presentación de un proyecto por parte del diputado nacional Pablo González (Santa Cruz).

   Estas acciones se suman a las que ya vino haciendo la gobernadora santacruceña Alicia Kirchner ante el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el pedido llegó hasta el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como forma de un reclamo regional patagónico.

   “El Gobierno de Macri volvió a favorecer a los grandes puertos del norte de nuestro país, en los cuales existen evidentes ventajas comparativas de todo tipo, además de la notoria informalidad que baja sus costos operativos”, señaló días atrás el diputado González.

   En diciembre de 2016 el gobierno de Macri, mediante el decreto 1199, eliminó al decreto 2229 que había dictado Cristina Fernández de Kirchner, poco antes de dejar el gobierno, volviendo a poner en vigencia el régimen de reembolsos.

   La anulación de los reembolsos significó el triunfo de la igualdad entre Ingeniero White y sus pares ubicados al sur del río Colorado y de la defensa de los derechos e intereses locales más que de un grave impacto económico, sobre todo porque la fruta, seguramente la carga que pudo resultar más perjudicada por los reembolsos, hace años que se encuentra atada a la crisis del sector frutero en el valle, con muy poca producción y muchas menos exportaciones que en años anteriores.

   El pescado, el otro gran sector que resultó impactado cuando los reembolsos se instrumentaron por primera vez en la década del '80, durante años desapareció de los muelles locales, salvo algún que otro embarque aislado.

Exportación de pescado por Ingeniero White, década del '90

   La eliminación de los reembolsos, en 2016, fue tomada como una muy buena noticia por la comunidad portuaria local, sobre todo porque este sistema había impuesto cambios imprevistos y arbitrarios para las empresas ligadas al negocio de exportación de contenedores y cargas generales por el puerto local.

   Incluso supuso un golpe para el mismo Consorcio de Gestión, que años atrás construyó un muelle multipropósito confiado en la finalización de un sistema que consideraba arbitrario.

   En realidad este tipo de beneficios se remonta a las postrimerías de la dictadura militar, cuando fueron instrumentados por un lado de un año, mediante una resolución del ministerio de Economía en enero de 1983.

   El régimen saliente sancionó luego, el 7 de diciembre de ese año, apenas unos días antes de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente, la ley 23018 que  instaurando los reembolsos a los puertos patagónicos.

Sistema portuario de Bahía Blanca

   Esa norma dispuso el otorgamiento de un reembolso adicional a la exportación de mercaderías cuyo embarque y respectivo "cumplido" de la declaración aduanera de exportación para consumo se realice por los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado, siempre que dichas mercaderías se hubieren cargado a buque mercante con destino al exterior o a buque mercante de cabotaje para transbordar en cualquier puerto nacional con destino al exterior.

   La publicación de la nueva norma en el Boletín Oficial, y por lo tanto su puesta en vigencia, ocurrió el 13 de diciembre, ya con el nuevo gobierno democrático en funciones.

   A partir del 1 de enero de 1995 el régimen tuvo nueva vida gracias a la ley 24990 que mantuvo los beneficios aplicados desde enero de 1984 por cinco años.

   Sin embargo, la nueva norma establecería que los reembolsos adicionales disminuirían a razón de un punto por año a partir del 31 de diciembre de 1999 hasta su extinción paulatina en diez años más.

   No obstante, la medida fue derogada en 2006, dejándola fuera de vigencia y desapareciendo el beneficio para todos los puertos patagónicos.

   Sin embargo, cuando el kirchnerismo ya había perdido las elecciones y  pocos días antes de terminar su mandato, Cristina Fernández los repuso (decreto 2229), aunque  un año más tarde, y también por decreto (1199), Macri los eliminó.

   El argumento para justificar el fin del régimen fue la incompatibilidad con las disposiciones del Acuerdo de Subvenciones y medidas compensatorias de la Organización Mundial del Comercio OMC. 

   También se lo consideró geográficamente distorsivo e inequitativo y se argumentó que el reembolso era percibido por el exportador, con lo cual no necesariamente llegaba al productor.

   Pero los embates para posibilitar el regreso de los reembolsos no son nuevos. En diciembre de 2016 la Comisión Bicameral del Congreso votó contra el DNU de Macri que eliminaba los reembolsos.

   El dictamen de la bicameral fue a favor de rechazar el decreto, por 10 votos contra 6. Los 10 votos de rechazo fueron aportados por los integrantes de los bloques Frente Renovador, Frente para la Victoria y Compromiso Federal, mientras que los 6 a favor fueron de Cambiemos.

   En octubre de 2017 la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca declaró la inconstitucionalidad del decreto de Cristina Fernández reinstalando los reembolsos.

   La medida fue tomada por los jueces Pablo Candisano Mera y Juan Leopoldo Velázquez, quienes aceptaron un recurso presentado por el Consorcio de Gestión del Puerto local.

   En primera instancia, el juez federal Walter Ezequiel López da Silva no había hecho lugar al pedido del puerto bahiense, al considerar que un posterior decreto de Mauricio Macri derogó la medida y que se mantiene el perjuicio para la estación marítima local, pero la Cámara dio lugar a la apelación, entendiendo que el Congreso podía dar marcha atrás con el decreto de Macri, generando una cuestión de nunca acabar.

   Hoy el carrusel podría dar una nueva vuelta de 180 grados, constituyendo  una  muestra una vez más de la inestabilidad argentina y de la falta de previsibilidad que ofrece y ofrecerá el país a potenciales inversores.