A 20 años de la masacre de Patagones, continúan los reclamos por la vía civil

Redacción de La Nueva.

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Audionota: Marina López

A dos décadas de la masacre en Patagones, donde un alumno de una escuela maragata, conocido como “Juniors”, acribilló a tiros a tres compañeros e hirió a otros cinco, la Justicia bahiense sigue analizando planteos de indemnizaciones por daños y perjuicios a víctimas mediante la vía civil.

Es que en los últimos días la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó un fallo de primera instancia contra la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, como responsable objetivo del colegio donde se cometió el sangriento hecho, y contra la Prefectura Naval (Estado nacional) por ser la dueña del arma de fuego utilizada por el homicida.

La demanda contra ambas dependencias había sido presentada por los padres de un estudiante herido en la balacera del 28 de septiembre de 2004, en el centro educativo Islas Malvinas de Carmen de Patagones.

El sobreviviente sufrió un impacto de bala en el tórax, a poca distancia de una arteria principal, y fue auxiliado por su padre que lo encontró en el establecimiento escolar totalmente ensangrentado y lo trasladó al hospital Pedro Ecay.

Los camaristas Silvia Fariña y Pablo Candisano Mera rechazaron la apelación de la DGCE respecto de la condena en su contra decretada por la jueza federal Nº 2, Gabriela Marrón, e hicieron lugar de forma parcial al mismo recurso interpuesto por Prefectura.

Acerca de esta última cuestión, los jueces de la Cámara resolvieron que el resarcimiento económico por daño moral a los papás del damnificado no debe abonarse “concurrentemente”, al argumentar que se aplica la limitación del artículo 1.078 del Código Civil en lo referido al reclamo moral.

“Para el caso en que del hecho no hubiere resultado la muerte de la víctima, el artículo 1.078 determina que 'la acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo', carácter que revestiría únicamente el actor N. D. L.”, indicaron Candisano Mera y Fariña en el fallo.

Es decir que los progenitores del afectado, en principio, no cobrarán 3 millones de pesos cada uno en concepto de daño moral, tal como había ordenado Marrón.

En la sentencia de primera instancia, además, se había condenado a las demandadas a pagarle a la víctima (50% cada una) 9 millones de pesos por daño moral y psíquico, $1,5 millones para costear el tratamiento psicológico y $15,6 millones por incapacidad sobreviniente.

Disparó 13 veces

Aproximadamente a las 7.35 de aquel día y luego de ingresar al aula los alumnos de primer año B Polimodal de la E.E.M. Nº 2, Rafael Juniors Solich (15 años) extrajo una pistola 9mm. reglamentaria que le había quitado a su padre prefecto y efectuó 13 disparos a sus compañeros de curso.

Prefectura Naval orientó su defensa alrededor de “sostener que, en realidad, el nexo de causalidad estaría interrumpido a su respecto por concurrir una actuación de un tercero por el cual no se debe responder, siendo este el hijo de su dependiente: Juniors”.

La fuerza de seguridad planteó que si bien la pistola era de su propiedad, “esta fue utilizada para un fin que no fue el previsto, por una persona ajena a su órbita de control, ya que fue el hijo de R. S. quien perpetró el hecho dañoso y, para hacerlo, sustrajo el arma provista a su padre por la Prefectura en razón de su función, contra su voluntad”.

“El nexo causal entre el hecho dañoso y la Prefectura no fue interrumpido, solo que, en el medio yace un intermediario que forma parte de este flujo causal y, si bien este constituye un tercero por el cual la PNA debe responder, no es otro que su dependiente, R. S., en virtud del cual se genera una responsabilidad refleja o indirecta, lo que nos ubica en el primer párrafo del artículo 1113”, señaló la Cámara en su fallo.

“Se verifica la concurrencia de los presupuestos necesarios para sostener la responsabilidad civil indirecta y objetiva de la PNA, existiendo un debido nexo de causalidad entre el incumplimiento del deber de guarda del arma de su propiedad por parte de su dependiente y el hecho dañoso, sin que medie ninguna cuestión que habilite a eximirla”, agregó.

En tanto, la Cámara Federal consideró válido el reclamo por daño moral de los actores a la DGCE (art. 522 del CC).

"No se trata de imponer a la escuela la responsabilidad de 'salvar las omisiones o deficiencias familiares en la formación conductual de los jóvenes', sino que de ese deber de seguridad ínsito en el contrato celebrado está implícita la obligación de agotar los recursos disponibles para abordar problemáticas como las que claramente mostraba Juniors".

Un drama y la pérdida de 3 vidas

Muertos. El ataque terminó con la vida de los alumnos Federico Ponce, Evangelina Miranda y Sandra Núñez.

Inimputable. Solich tenía 15 años al momento del hecho, por eso para la ley es inimputable. Estuvo alojado en distintos institutos y en una clínica psiquiátrica provincial. Su último domicilio conocido es en La Plata.

Réplica. Hace pocos días, alumnos de una escuela de Ingeniero Maschwitz planearon por WhatsApp una masacre en el establecimiento y sus conversaciones se registraron en chats y audios. Los menores, de entre 13 y 15 años, fueron desafectados del colegio.