“Industria del juicio”: ¿una falacia o una realidad en el mundo laboral argentino?

Pablo Álvarez

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Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales. 

Las estadísticas oficiales de la justicia del trabajo demuestran que “la industria del juicio” no se condice con uno de los latiguillos que utilizó el gobierno de Javier Milei para empujar en la Cámara de Diputados la aprobación del capítulo laboral de la Ley Bases.

La realidad desmiente un masivo ejercicio abusivo de los trabajadores para denunciar inexistentes e inventadas irregularidades laborales que luego derivan –con aparente complicidad de los jueces y abogados– en resarcimientos e indemnizaciones de tal magnitud que obligan a quebrar a empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

Menos aún: la mayoría de los conflictos laborales no llega al ámbito judicial. Se resuelven (o no) fuera de los tribunales.

La Cámara Nacional del Trabajo publica mensualmente las estadísticas del fuero. La de marzo de 2024 (es decir que son datos actualizados) incluye también un relevamiento de la última década.

Entre 2014 y 2024, según surge del informe, se emitieron 257.011 sentencias definitivas, poco más de 25 mil por año. Tomando como base que el universo de trabajadores (entre formales e informales) es de unos 13 millones y medio de personas, los litigios estrictamente laborales de los últimos diez años involucraron al 1,9% de esa masa.

¿Puede llamarse a eso “industria del juicio”? Aislado, el dato puede resultar engañoso. Es necesario complementarlo con otros índices que lo confirmen, lo relativicen o lo desmientan.

En marzo de 2024, el fuero laboral dictó 3542 sentencias definitivas, a razón de 118 por día. Al 31 de marzo, hay 17.083 “expedientes a sentencia”, causas que están listas para resolverse. Ese volumen de causas de expedientes de resolución inminente involucra 0,12% de la masa laboral.

Marzo de 2024 contra mismo mes de 2023, los guarismos se mantienen, en líneas generales. El fuero dictó 3381 sentencias definitivas (3542 en 2024) y un total de 12.458 en el trimestre (12.819 en 2024).

Pero el enunciado omite que casi la totalidad de los reclamos, incluso los que se traducen en juicios, están dirigidos a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y no a las empresas.

Para eso fueron creadas las ART en 1995, en el final de la primera presidencia de Menem. Para evitar que un siniestro laboral hiciera quebrar a una pyme.

La otra vereda

En la recurrente discusión por los altos costos laborales en la Argentina, uno de los asteriscos más grandes que aparece es el que conduce a la industria del juicio. Lejos de una mejora, en el último año la cantidad de litigios creció de forma contundente, llegando a un punto muy cercano al récord, tras un período de recorte.

Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2023 se llevaron a cabo 117.348 juicios por accidentes laborales, un 23,8% más que en 2022, 48% respecto de 2021, y 163% más que en 2020, año marcado por la pandemia del Covid.

De esta forma, se rompió definitivamente con la tendencia decreciente registrada en la litigiosidad laboral en los años previos. El pico máximo histórico se dio en 2017, cuando se registraron 130.679 juicios, pero luego, reforma laboral mediante, la situación cambió rotundamente: se achicaron a en 2018 a 80.038 y en 2019 a 67.898 procesos.

Según las estadísticas de la entidad, “en el último año hubo 36 incidencias cada 1.000 trabajadores, apenas 0,1 puntos porcentuales más que en 2022 y 2,9 puntos más que en 2021. Pese a esto, el índice de judicialidad creció de manera sustancial”, alertan.

Para los referentes de la UART, la razón de la reversión en la tendencia es clara: “la injustificada demora, ya de 7 años, en la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), como exigió la ley, votada por consenso generalizado de todas las partes para, justamente, acotar el flagelo con una respuesta eficiente”.

La Ley 27.348 prevé que los CMF, que son cuerpos de peritos judiciales, estén conformados por profesionales de medicina laboral, elegidos por concurso de antecedentes.

“En la actualidad, son simplemente anotados en un listado”, advirtieron desde la UART.

Además, deben utilizar adecuadamente el Baremo (Tabla de Incapacidades que forma parte de la ley) para cuantificar el daño sobreviniente de un accidente de trabajo o enfermedad laboral y también el Listado de Enfermedades Profesionales (que es la lista de las enfermedades objeto de cobertura del sistema).

El objetivo de la Ley 27.348, que reformó el procedimiento con el fin de justamente disminuir la litigiosidad, consistió en que tanto las diferencias que se tramitan por vía administrativa, como aquellas que luego continúan por el carril judicial, sean ponderadas con el mismo Baremo evaluadas con el Listado de Enfermedades, para que no exista diferencia entre ambas instancias y no sea necesario litigar para acceder a la cobertura, con los tiempos y costos que esto implica, para obtener igual resultado.

“Al demorarse la creación de los CMF continúa abierta esa brecha entre lo administrativo y lo judicial, promoviendo el crecimiento de demandas. Claramente la solución pasa por la decisión de las máximas autoridades de los poderes judiciales de cada una de las provincias adheridas a constituirlos. La falta de CMF genera un doble impacto: aumento de los juicios y encarecimiento de los mismos”, denunciaron desde la UART.