El gobierno anunció el cierre del Inadi: "No sirve para nada"

Redacción de La Nueva.

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El gobierno nacional anunció hoy el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

El portavoz presidencial Manuel Adorni agregó, en su habitual conferencia de prensa, que la administración de Javier Milei tiene otras dependencias del Estado en la mira para tomar la misma decisión, aunque no detalló cuáles.

Acerca del Inadi, Adorni dijo que aún deben resolver cuestiones burocráticas "pero nos encantaría que esté cerrado hoy".

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, introdujo el funcionario en su habitual contacto con periodistas en Casa Rosada.

Y manifestó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Adorni indicó que el organismo que había sido creado para combatir la discriminación tiene actualmente 400 empleados y oficinas en todo el país. Si bien no dio nombres, Adorni dijo que este tipo de institutos suelen ser conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad.

“No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, sentenció.

Añadió: “No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones”.

Actualmente, el Inadi se encuentra bajo la intervención de Marisa Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la salida de Victoria Donda.

El Instituto se creó en 1995 tras la sanción de la Ley 24515 y comenzó a funcionar dos años después, en 1997. Actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Adorni aseguró que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, pero no pudo especificar si el proceso se realizaría por decreto o a través de un proyecto de ley que debe convalidar el Congreso.

Concluyó: “La SIGEN y la Secretaría de Transformación del Estado han revelado un informe con una auditoría en 114 reparticiones del Estado que muestra que al 7 de diciembre suma 3 billones de pesos la deuda de contrataciones que ha dejado el gobierno anterior. Además, cada ministerio y cada dependencia está avanzando en el pedido de auditorías más específicas en algunos temas graves que se han detectado y es probable que el propio presidente dé detalles adicionales y cada una de las carteras se encargará de hacer lo propio”.