Bahía Blanca | Viernes, 12 de abril

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Bolsonaro declarará ante la Policía brasileña por el supuesto intento de golpe de Estado contra Lula

Su asesor jurídico afirmó que sus abogados tomaron “las debidas providencias con el fin de asegurarle la más amplia defensa prevista constitucionalmente”.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro está citado para prestar declaración este jueves a las 14.30 ante la Policía Federal, en el marco de las investigaciones por una supuesta trama para dar un golpe de Estado. El asesor jurídico del exmandatario Fábio Wajngarten confirmó que Bolsonaro declarará en Brasilia y afirmó que sus abogados tomaron “las debidas providencias con el fin de asegurarle la más amplia defensa prevista constitucionalmente”.

La Policía lanzó una operación el pasado 8 de febrero en la que se investiga a Bolsonaro y a otros exaltos cargos por su supuesta participación en una trama para impedir el traspaso de poderes al ganador de las elecciones de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que la Corte Suprema le ordenó entregar el pasaporte y le prohibió salir del país.

Entre los investigados, además de Bolsonaro, hay dos exministros de Defensa, un almirante y varios asesores con los que el expresidente supuestamente discutió un plan para encarcelar a magistrados de la Corte Suprema y convocar nuevas elecciones.

Bolsonaro ha rechazado las acusaciones como producto de una persecución política por parte del Gobierno y de la Corte Suprema, y ha convocado a sus seguidores a una gran manifestación el próximo domingo en la Avenida Paulista, en la ciudad de San Pablo, para “defenderse”.

Una semana después de la investidura de Lula, el 8 de enero de 2023 miles de seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo en un intento de forzar un golpe de Estado.

Por ese asalto a las sedes del poder, por el momento 59 personas han sido condenadas a penas de entre 3 y 17 años de cárcel por delitos como golpe de Estado, abolición del Estado democrático de derecho y daños contra el patrimonio público.

En esa causa están acusadas 1.413 personas, entre ellos autores materiales e incitadores, aunque en esa lista no figura Bolsonaro, quien en el momento de los hechos se encontraba en Estados Unidos.

Al margen de ese caso, el exmandatario ha sido inhabilitado políticamente por ocho años debido a las declaraciones hechas durante una reunión con representantes diplomáticos antes de las elecciones presidenciales de 2022, en las que cuestionaba el funcionamiento de las urnas electrónicas que iban a ser utilizadas.

El Supremo juzgará a la cúpula de la Policía de Brasilia

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil aceptó por unanimidad la denuncia contra siete oficiales de la antigua cúpula de la Policía Militar de Brasilia por su presunta “omisión” en la asonada golpista del 8 de enero de 2023, informaron este miércoles fuentes judiciales.

La Fiscalía acusa a los agentes de haber “favorecido” la invasión y vandalización de los tres poderes de la Nación que protagonizaron, en Brasilia, miles de seguidores de Bolsonaro en un intento por derrocar el Gobierno de Lula da Silva.

Para el Ministerio Público, “el empleo de efectivo policial insuficiente” y “la ausencia de medidas” proporcionaron las condiciones necesarias para que los radicales de extrema derecha destrozaran las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo.

La denuncia recoge que la Policía Militar de Brasilia tenía agentes infiltrados en los “movimientos de insurgencia” que informaron en todo momento a sus oficiales sobre lo que ocurría, poniendo en evidencia “la necesidad de una acción preventiva”.

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Sin embargo, a pesar de tener los medios para evitar los ataques, la cúpula de la corporación “lo ignoró”, de acuerdo con la Fiscalía, que sostiene en la querella que los denunciados “se mantuvieron inertes durante las invasiones, incumpliendo sus deberes”.

El asalto a Brasilia —defiende la acusación— solo fue posible porque los altos oficiales de la Policía Militar de Brasilia denunciados “no montaron las líneas de contención y defensa de forma eficiente” y con ello “se adhirieron psicológicamente a los crímenes cometidos por la horda”.

El juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, respaldó los argumentos del Ministerio Público, que apuntan que la intervención de los oficiales hubiera sido “suficiente” para evitar los graves altercados del 8 de enero de 2023. (Infobae)