La industria pyme del biodiesel se declaró “en peligro”

Redacción de La Nueva.

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La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) manifestó su rechazo al proyecto de ley Ómnibus que, según su parecer, “pone claramente en peligro” a dicho sector productivo.

Sostiene que el artículo 307 de dicho proyecto del Ejecutivo nacional rompe con la previsibilidad y seguridad jurídica al eliminar el plazo de vigencia del régimen actual, establecido hasta el 31 de diciembre de 2030 (el cual tiene la posibilidad de ser prorrogado hasta 2035), adelantando así siete años la fecha de desregularización prevista del sector.

“De esta manera se perjudica a todas las plantas de biocombustibles comprendidas en la Ley 27.640”, indica.

En cuanto al artículo 308 del proyecto, menciona que elimina las funciones estratégicas que permiten controlar a las refinerías y sostener a las pymes y economías regionales, dejando al sector “a merced de abusos y la posición dominantes de ámbitos concentrados, empujándolas a la desaparición”.

En relación al artículo 309, manifiesta que delega en la autoridad de aplicación la atribución de definir nuevos tipos de biocombustibles, cuando siempre ha sido atribución del Congreso.

“Por otra parte, elimina el requisito que sean producidos en Argentina con materia prima local, lo cual abre la puerta a la importación indiscriminada de biocombustibles y/o materias Primas”, añade el documento.

Acerca del artículo 310 sostiene que el régimen actual de la Ley 27.640 exige la habilitación previa de las empresas por parte de la autoridad de aplicación, mientras el proyecto de ley Ómnibus reduce a la inscripción en un registro.

“Esto es gravísimo porque relaja las exigencias perjudicando a las pymes y economías regionales. Y se perderá la trazabilidad de la materia prima y calidad del biocombustible que se comercializa en el país, como así también las condiciones de seguridad de los establecimientos donde se producen y almacenan los biocombustibles”.

Se solicita, además, la no puesta en vigencia del artículo 311, ya que de aprobarse el Congreso delegará la facultad de reducir las mezclas sin piso mínimo obligatorio, situación opuesta a lo que disponen países productores de biocombustibles, tales como Estados Unidos o la Unión Europea.

“¿Qué cortes mínimos establece la vigente ley 27.640?

En biodiesel con gasoil fija un corte mínimo del 5% con posibilidad de aumentar (actualmente el corte en el país es del 7,5%) y reducir a un mínimo del 3% solo ante una excepcionalidad de aumento abrupto en el precio del aceite de soja. La factibilidad técnica aprobada por la autoridad de aplicación para corte de gasoil con biodiesel es del 20%. En bioetanol con naftas, en tanto, fija un corte mínimo del 12% (6% de caña y 6% de maíz)”.

Sobre el artículo 312, menciona que anulará la obligación de las refinerías de adquirir el biocombustible a las empresas comprendidas dentro de la ley 27.640.

“Es decir, podrán comprar a quien quieran e incluso importar sin límite. La solución no es que desaparezcan las pymes y empresas regionales que abastecen al mercado interno, sino potenciar la industria mediante el incremento de los porcentajes de corte, permitiendo así la incorporación de otros jugadores, pero sin destruir el mercado actual”, indica el documento.

En cuanto al artículo 313, señala que determinará el cierre directo de las pymes de biodiesel y expondrá a las plantas de bioetanol a competir con potenciales importaciones de bioetanol de maíz provenientes de los Estados Unidos (cuya industria está subsidiada) y bioetanol de caña de azúcar de Brasil (cuya industria tiene una escala muy superior a la argentina).

Finalmente y en cuanto al artículo 315 del proyecto, deroga, entre otros, los actuales artículos 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22 y 23 de la Ley 27.640 de 2021.

El CEPREB describe que el vigente artículo 6 fija la prohibición que tienen las empresas para ejecutar en forma encubierta inversiones para abusar de los beneficios del Régimen, por lo que derogarlo habilitará el ingreso de las refinerías y otros actores a producir/importar biocombustibles.

Señala que el actual artículo 9 establece un corte mínimo obligatorio inmodificable del 12% de nafta con bioetanol.  “Derogarlo pone en situación de debilidad y quebranto a las plantas de bioetanol”.

Indica que el actual artículo 11 establece que el biodiesel para el corte obligatorio de gasoil lo aporten las pymes y elaboradoras de biodiesel que no son aceiteras y no exportan biodiesel.

“Derogar este artículo obligará a las pymes a competir en inferioridad con las grandes aceiteras integradas y las refinerías que ingresarán al sector, con resultado previsible de destrucción de las nombradas y sin reducción significativa en el precio final del combustible en el surtidor”.

Sostiene que el actual artículo 14 establece la metodología de cálculo de precio de los biocombustibles, con lo cual al derogarlo “se destruirá la ecuación económica y financiera de todas las plantas de biodiesel y bioetanol que hoy abastecen el corte mínimo obligatorio, en especial las pymes”.

Sobre el artículo 15 señala que crea la Comisión Especial de Biocombustibles, cuya finalidad es apuntalar el desarrollo del sector, por lo que derogarlo “es claramente una declaración del espíritu destructivo de la industria que propicia el proyecto de ley Ómnibus”.

El documento también se refiere al artículo 16 que, frente a la escasez de dólares, le da atribución a la autoridad de aplicación de arbitrar medios para sustituir importaciones de gasoil y/o naftas con volúmenes de biocombustibles adicionales por encima del corte mínimo obligatorio.

“Derogarlo impedirá realizar acuerdos para sustituir importaciones con biocombustibles ante situaciones de escasez de dólares”.

Por otra parte hace alusión al artículo 22, que establece la desgravación (por ser amigables con el medio ambiente) que tienen los biocombustibles en los Impuestos a los Combustibles Fósiles Líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono (ICO2).

“Derogar este artículo implica igualar en materia de ahorro ambiental los biocombustibles con los combustibles fósiles y encarecer artificialmente su costo para desalentar su consumo. Los biocombustibles argentinos general un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero mayor al 70 por ciento respecto de los combustibles fósiles. El impuesto al carbono sobre el componente fósil de los combustibles está fundamentado en la necesidad de mitigar los problemas relacionados con la salud y el medio ambiente, derivados de la quema de combustibles minerales”, enumera.

Finalmente y en cuanto a la propuesta de derogar el artículo 23 que establece la posibilidad de utilizar biocombustibles para autoconsumo o su uso en estado puro, señala que “es claramente una declaración del espíritu destructivo de la industria de los biocombustibles que propicia el proyecto de ley Ómnibus”.

Kicillof se reunió con representantes de pymes elaboradoras de biocombustibles

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó hoy una reunión de trabajo con miembros de la comisión directiva e integrantes de la Cámara de Empresas PyMES Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) para abordar el impacto que tendría en el sector la aprobación de la Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno Nacional.

Fue junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; y el vicepresidente primero de Centrales de la Costa Atlántica S.A., Diego Rozengard. Estuvieron presentes el vocal de la CEPREB, Carlos Paredes; el revisor de cuentas de la entidad, Daniel Mónaco; y los representantes Juan Manuel Ritacco, Marcelo Michelini, César Cárdenas y María Camila Barbagelata.

“La Ley Ómnibus tendría consecuencias absolutamente negativas sobre toda la industria bonaerense de biodiesel, cuya particularidad es que está integrada por pymes que generan cerca de 800 puestos de empleo directo en el interior de la provincia”, sostuvo el ministro Javier Rodríguez y añadió: “Este proyecto del Gobierno Nacional viene a destruir una idea fundamental para el desarrollo bonaerense como es la promoción de la industria y el agregado de valor”.

La política que impulsa el Gobierno Nacional impactaría sobre 11 plantas bonaerenses productoras de biodiesel que están distribuidas en ciudades como Bahía Blanca, Junín, Saladillo, Daireaux, Ramallo y Pilar. Se trata de un entramado pyme que surgió a partir de la sanción en 2006 de la Ley 26.093 de biocombustibles, la cual estableció cupos, precios y cantidad de cortes con el objetivo de promover la actividad y la industrialización en el interior del país.

En ese sentido, Ghioni resaltó que “se analizó la situación crítica en la que entraría el sector a partir de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional”. “Estas pymes quedarían directamente afuera, ya que sería imposible que pudieran competir con las grandes exportadoras que concentran la mayor parte del mercado”, agregó.

“La aprobación de la Ley Ómnibus significaría el cierre de las pymes del sector y la pérdida del trabajo de muchos bonaerenses: mientras que la legislación actual promueve el desarrollo en el interior del país, esta iniciativa busca quitarle volumen de producción a las pymes para entregárselo a los grandes productores”, subrayó Ritacco y concluyó: “La sanción de esta nueva ley nos pondría en situación de alerta y ante un riesgo muy elevado”.