Seguirá preso el guardiacárcel que entraba droga a Floresta
La Cámara Penal confirmó la preventiva del suboficial Cristian Conte, dtenido a fines de mayo último en la Unidad Penal N° 4.
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Pese a que la defensa insistía con pedir su libertad o la detención domiciliaria, la Cámara Penal de Bahía Blanca ratificó la decisión de primera instancia y confirmó la prisión preventiva del guardiacárcel detenido hace 3 meses por ingresar droga en la prisión de Villa Floresta.
Se trata del suboficial principal Cristian Adrián Conte, a quien se había arrestado a fines de mayo cuando entraba a su turno laboral y durante una requisa se le secuestraron un ladrillo de 226,3 gramos de marihuana; 2,7 gramos de cocaína y botellas de whisky, fernet y gaseosa.
De su celular se pudo establecer que tenía comunicaciones con internos de esa unidad y que también le requerían el ingreso de chips telefónicos.
Le imputaron el delito de entrega o suministro de estupefacientes doblemente agravada (por ser funcionario público y por ser cometido en un lugar de detención), a título gratuito, en grado de tentativa.
El juez Esteban Usabiaga, subrogante del Juzgado de Garantías N° 3, había dictado su prisión preventiva y el defensor oficial, Eduardo Zalba, apeló ante la Cámara, pero la Sala I acaba de confirmar la medida, con los votos de los jueces Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri.
La defensa consideraba que no había elementos suficientes para privarlo de la libertad y que Conte no tuvo comportamientos que pudieran entorpecer la producción de prueba, no registra antecedentes y tiene arraigo familiar.
Peligros procesales
La Cámara destacó en principio que la defensa no discutió la materialidad delictiva ni la autoría y que, por otro lado, "están debidamente acreditados los peligros procesales que justifican la denegatoria, a partir de la pena en expectativa y la gravedad del hecho enrostrado".
"La magnitud de la pena en expectativa emerge como un parámetro razonable para inferir ese peligro", dijo Soumoulou en el fallo.
Si bien reconoció que el mínimo de la escala penal para ese delito prevé una pena en suspenso, el máximo "demuestra gravedad", de lo cual se puede inferir que de otorgarse la libertad existirían riesgos de evasión de la acción judicial o de entorpecimiento procesal.
Tampoco dejaron de lado que su calidad de funcionario público "puede influir" en la prueba pendiente de resolución.
Por último, en cuanto a las condiciones de arraigo, se dijo que "en modo alguno permiten aventar los riesgos procesales".