Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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Como en Rosario: por qué Bahía sumará una UIF contra el lavado

El decreto 85/2023 apunta a ampliar la cantidad de sedes de la Unidad de Información Financiera en el interior del país, para prevenir el blanqueo de activos procedentes, por ejemplo, del narcotráfico.

La UIF sumará oficinas para combatir el lavado de activos y una funcionaría en esta ciudad.

Combatir el lavado de dinero producto de delitos como el narcotráfico, que durante los últimos años en Bahía registró casos resonantes con secuestros de grandes cantidades de droga, será la premisa de la oficina de la Unidad de Información Financiera que comenzaría a funcionar en esta ciudad.


La medida está enmarcada por el decreto 85/2023, publicado hace pocos días en el Boletín Oficial, y prevé la instalación de nuevas delegaciones del organismo, por ejemplo en la región pampeana conformada por las provincias de Buenos Aires y La Pampa, con sede en Bahía Blanca.


Los hallazgos de más de 200 kilos de cocaína en la ría local, el año pasado, y el decomiso de casi 2 toneladas del mismo estupefaciente camuflado en bobinas, durante 2017, ponen en evidencia la necesidad de concretar la iniciativa en nuestro medio.


La decisión del Gobierno nacional sumó opiniones en contra y a favor emitidas por fuentes del ámbito local vinculadas con el tema.


La UIF es un organismo con autarquía funcional, creado por la ley 25.246, que se encarga del análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal.

 


Estos bienes provienen de ilícitos ligados a la corrupción estatal, como el fraude contra la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, delitos tributarios y los relacionados con asociaciones ilícitas (venta de drogas, armas y trata de personas), entre otros.


Según uno de los especialistas consultados, la metodología más efectiva para la prevención de esta maniobra es concentrar la mayor cantidad de información en una sola oficina de la UIF, en contraposición a la descentralización que determinó el Poder Ejecutivo Nacional por medio del decreto en cuestión.

Evitar la dispersión


Así -afirmó- se evita la dispersión de datos y permite “tenerlos reunidos para entrecruzarlos y trabajar con ellos sobre la trazabilidad y sentido”.


“Las dos patas en las que se apoya la UIF son los Reportes de Operaciones Sospechosas y la concentración de información para poder entrecruzar. Esas dos cosas no cambian por la presencia de oficinas descentralizadas del organismo porque, para los ROS, los sujetos obligados acceden vía Internet y los requerimientos de información pueden cursarse por mail”, explicó el vocero judicial especializado en derecho penal y blanqueo de capitales, que prefirió no identificarse.


“Los ROS son importantes porque son la alarma que le suena a la UIF”, agregó.


Las entidades financieras -indicó- tienen la obligación de reportar a la UIF operaciones sospechosas de lavado de activos, teniendo en cuenta, por caso, los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las transacciones que realicen sus clientes.


También deben dar aviso cuando operatorias de “similar naturaleza, cuantía, modalidad o simultaneidad” hagan presumir que se trata de una operación “fraccionada” para no ser detectada, o en caso de que los clientes se nieguen a brindar datos o documentos requeridos o estos sean falsos.


Asimismo están obligadas a alertar a las autoridades cuando varias firmas tienen el mismo domicilio, o las mismas personas físicas son autorizadas y/o apoderadas de diferentes empresas.

 


“La otra pata, la concentración de información, es clave porque así lo indican las mejores estrategias de investigación, como la llamada 'Las tres búsquedas', desarrollada por el doctor Mario Fernández Moreno, que explica que en casos de esta naturaleza es necesario buscar información, trazabilidad y sentido”, dijo el experto.


“Es decir, reunir la mayor cantidad de datos relevantes posible vinculados con el hecho, definir los circuitos que siguen los activos que resultan de los hechos y establecer criterios que guíen el análisis de la información (los datos) y la trazabilidad (los circuitos).

"En general la información sigue una lógica que, por más capas que se le intente superponer para ocultarla, siempre subyace de alguna forma, sea a través de roles, sujetos, conexiones, repeticiones o métodos”, finalizó.

Despliegue territorial


El camarista federal bahiense Pablo Larriera, por el contrario, valoró la futura implementación de la medida en esta ciudad y la consideró una “herramienta” para disponer de una “base de despliegue territorial”, desde donde “marcar presencia” para perseguir el lavado de activos.


“Para desbaratar organizaciones criminales dedicadas, por ejemplo, al narcotráfico, es clave conocer la ruta del dinero e investigar cómo lavan, disfrazan o encubren la matriz económica que obtienen por este delito”, analizó Larriera, juez de la Cámara Federal de Apelaciones local.


“A veces es más importante esto que secuestrar la droga. Lo fundamental es desentrañar la estructura económica que montan para poder seguir creciendo y manteniéndose en la actividad ilícita. Esto es importante hacerlo en Rosario”.


En este tiempo la violencia narco en la ciudad santafesina recrudeció y los homicidios conexos a la venta de estupefacientes siguen en aumento.


El contexto motivó la adopción de otras medidas por parte del presidente Alberto Fernández, como el incremento de fuerzas federales y la presencia del Ejército en barrios populares.


“Supongo que le van a dar prioridad a la instalación de una agencia de la UIF en aquella ciudad. Ojalá que en Bahía se instale pronto, pero hasta ahora a ninguno de los vocales (de la Cámara) nos consultaron al respecto”, continuó.

 

El juez federal Pablo Larriera aprobó la instalación de una sede de la UIF en Bahía.

 


La unidad -señaló- responde a tratados internacionales que la Argentina suscribió sobre lavado de activos, no solo producto del narcotráfico sino también vinculados con el financiamiento del terrorismo.


Si bien el organismo tiene “diversas” funciones, principalmente procura la “protección del orden económico”, motivo por el cual está bajo la órbita del ministerio de Economía de la Nación.


“Recaba y analiza información, además de difundir datos de inteligencia financiera, por eso se maneja con medidas restrictivas como el secreto financiero y bancario sobre actividades y operaciones en el sistema financiero, que puedan ser sospechosas de lavado de activos”, concluyó el magistrado.

 

Una mayor cobertura


Centro y norte. Las provincias de Santa Fe y Córdoba formarán la región “central”, con sede en Rosario; La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis serán la región de Cuyo (asiento en Mendoza), según el decreto.


Patagonia. Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur integrarán la jurisdicción patagónica, con asiento en Comodoro Rivadavia.


Ya creadas. Hasta ahora el órgano tenía delegaciones solo en regiones norte (Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy) y litoral (Misiones, Corrientes y Entre Ríos).


Pioneras. La primera de ellas tiene sede en Salta capital y la segunda, en Posadas.