Defensoría del Pueblo: esperan una mayor demanda por la segmentación tarifaria

Redacción de La Nueva.

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Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

   “La segmentación tarifaria es algo muy novedoso en la Argentina y esperamos que sea efectiva. Estamos de acuerdo en que los subsidios deben llegar a los grupos familiares en situación de vulnerabilidad pero, como es de difícil implementación, nuestro organismo está a disposición para atender las dudas que siguen surgiendo”.

   Lo dijo Federico Santarelli, secretario de Atención y Desarrollo Territorial de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que está a cargo de Guido Lorenzino.

   “Hemos asistido en este tiempo con los formularios y ahora seguimos, en línea con la secretaría de Energía, que nos dijeron que continuará abierto el trámite aunque con fechas de corte para quienes se vayan inscribiendo, con la misma propuesta para evacuar las dudas”, añadió.

   Santarelli pasó por la sede bahiense de la Defensoría —en Salta 350, donde lo recibió el delegado José Luis Gil—, acompañado del coordinador regional Carlos Quiroga y de la directora de Desarrollo Territorial, Daniela Leguizamón.

Santarelli hace comentarios con José L. Gil (izq.), Carlos Quiroga y Daniela Leguizamón, en su paso por la sede de la Defensoría del Pueblo de Salta 350.

   “Sabemos que cuando empiecen a llegar las facturas habrá un punto de inflexión. Nos preparamos para eso”, añadió.

   El funcionario señaló que las principales dudas podrían surgir a partir de la confección de los formularios.

   “La plataforma tiene un carácter de declaración jurada. Si se incorpora un dato erróneo, en forma adrede o no, tras pasar por la revisión de la AFIP, de la Anses y de Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), que interactúa con el Consejo Nacional de Políticas Sociales, acaso no se otorgue algún beneficio. Y ahí empezarán las discusiones”, comentó.

   A partir de la facturación de agosto, las primeras facturas deberían empezar a llegar a partir del corriente mes.

   “Acá también trabajamos en la comunicación para el uso racional de la energía, ya que existen electrodomésticos que consumen en forma considerable”, sostuvo.

   “La idea es que haya una mayor toma de conciencia, porque más allá de que se cuente con el subsidio, si la persona se pasa de los 400 kilowatts, el restante registro no lo tendrá (bonificado). La excepción es para la tarifa social, que se va a sostener”, aclaró.

El acto desarrollado en Punta Alta.

   La visita de Santarelli se enmarcó en las habituales recorridas por el territorio y, en este caso, coincidió con la inauguración de la sede en la ciudad de Punta Alta.

   “La Defensoría del Pueblo tiene 12 años de vida. Vale recordar que, en diciembre de 2021, Guido Lorenzino fue reelecto por 5 años y que, cuando asumió, había 10 delegaciones en todo el territorio. Es decir, en 5 años se crearon 45 y ahora inauguramos la número 56 en todos los años del organismo”, enumeró.

   “La mitad de las oficinas están en el interior provincial porque entendemos la importancia de descentralizar la gestión, sobre todo en los lugares donde otra es la idiosincrasia, la cultura, los usos y costumbres y, por ende, las problemáticas”, comentó.

   También sostuvo que las prestadoras de servicios públicos no son las mismas en todos lados y que se enfrentan a distintas realidades, las cuales deben ir abordando caso a caso.

   “También creamos, a través de un convenio con el ministerio de Justicia provincial, el área de servicios civiles para ir recorriendo las sociedades de fomento, las asociaciones y los clubes de barrio. La idea es ayudarlos en la confección administrativa para obtener la personaría jurídica y, con ello, sus beneficios”, aseguró.

El delegado en Bahía Blanca, José Luis Gil y Federico Santarelli.

   “Buscamos ir innovando en forma constante la propuesta de la Defensoría hacia la sociedad. En muchos casos es lo mismo; es decir, tratar de atender los reclamos y las denuncias que vamos recibiendo, pero en otros es buscar demandas diferentes. O promover derechos que, por ahí, los vecinos no están acostumbrados a reclamar”, indicó el funcionario.

   La Defensoría responde las 24 horas del día de lunes a lunes a través del 0 800 222 5262 o al WhatApps +54 9 221 358 1323, así como en las delegaciones en los horarios convencionales. Se reciben alrededor de 600 consultas diarias.

   “Todo esto se trabaja en cada una de las delegaciones y con los equipos técnicos de la sede central, donde contamos con la secretaría de servicios públicos, de salud, de educación, áreas de género y de niñez y de adolescencia, entre otras”, agregó.

“Muchas veces, la respuesta es la no respuesta”
   “¿Qué dicen las empresas a las cuales les acercamos los reclamos? En muchos casos, la respuesta es la no respuesta”, aseguro Santarelli.

   “Generalmente es un problema en la tarifa, pero también por la falta de atención en los cortes de energía”, añadió.

   “En el conurbano tenemos a Edenor y a Edesur. En el caso de esta última, es multada en forma reiterada por el ente regulador (ENRE) y, en muchos casos, es por la falta de atención”, comentó.

   “Obviamente que la ausencia de infraestructura no permite tener un servicio constante, pero en muchos casos no hay forma de que alguien de alguna respuesta. Y hay que esperar por un servicio que puede tardar 24, 36 o 48 horas en reponerse”, dijo.

“También trabajamos en la comunicación para el uso racional de la energía, ya que algunos electrodomésticos poseen un consumo considerable”, dijo Santarelli.

   “Después de tantos años de aumento de tarifas, y de cómo el bolsillo de las y los usuarios se fue degradando cada vez más en pagarlos, las inversiones nunca llegan. Ni en infraestructura para un mejor servicio, ni en la atención. Y el ENRE termina haciendo multas millonarias que, al final, nunca se pagan”, aseguró.

   Santarelli relató que, si bien ya lo habían hecho en 2019, en 2022 desde la Defensoría volvieron a pedir la rescisión del contrato con Edesur.

   “En los 90 se concretó una concesión por 95 años, pero con el paso del tiempo fue empeorando en servicio y en la respuesta a los vecinos. Pasaron 30 años y es cada vez peor. Ahora, qué nos va a hacer pensar que habrá un cambio”, reflexionó.

   “Cuando uno no tiene la posibilidad de optar por distintas empresas y existe una sola, que es monopólica, es imposible que de una mejor calidad de respuesta. En definitiva, todo termina en la justicia”, expresó.

   “Nosotros hacemos las presentaciones como Defensoría, pero se llega a una instancia en que ya es una decisión más de Estado que otra cosa. No pretendemos la estatización del servicio, así como tampoco queremos aportar respecto de una eventual decisión, ya que para eso están los equipos técnicos y, sobre todo el Gobierno, pero así no se puede seguir”, admitó el funcionario bonaerense.

   La mayor demanda en la Defensoría es por la electricidad, que representa casi el 50 % de todos los reclamos por servicios públicos. Luego aparece la provisión de agua potable, donde en Bahía Blanca se intensifica durante la temporada estival.

   “En el listado de mayor demanda de reclamos, las temáticas que se sostienen en el tiempo están vinculadas a los servicios públicos, sea porque hay un incremento de la tarifa como también de las interrupciones o cortes. Es decir, la empresa no contesta cuándo se repone el servicio”, señaló.

   “En muchos casos, también hay situaciones de personas mayores que están en edificios; de familias en cuyo seno existe alguien con alguna discapacidad y que necesita en forma imperiosa contar con la refrigeración para algún medicamento y demás”, expresó.

   “También en salud respecto de los excesos en las cuotas y en las obras sociales que demoran las internaciones o las aprobaciones por determinados medicamentos”, aseguró.

   “Luego hay temporalidades. Del área de consumidores recibimos quejas previsionales, como docentes que tienen inconvenientes para jubilarse y de personas que necesitan conseguir la pensión por discapacidad, por ejemplo”, concluyó Santarelli.